La gestión de Rossana Chahla sumó un nuevo conflicto por su política tributaria. Esta vez el choque es con la industria farmacéutica, que cuestiona que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán pretenda cobrar el Tributo Económico Municipal (TEM) a laboratorios que no cuentan con establecimientos físicos en la ciudad.
La controversia excede el monto de una tasa. Lo que está en discusión es hasta dónde puede llegar el municipio para ensanchar su universo de contribuyentes y conseguir recursos propios. Y la administración Chahla viene dando señales claras: lejos de retroceder con el TEM, decidió defenderlo, fiscalizarlo y ampliar su alcance sobre actividades y empresas que discuten estar jurídicamente obligadas a pagarlo.
La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) calificó la pretensión como recaudatoria y sostuvo que, en los hechos, el municipio estaría intentando cobrar una suerte de impuesto sobre las ventas a compañías sin presencia física en la jurisdicción.
“Están metiendo la mano en la bolsa de la recaudación”, lanzó Álvaro Luna Requena, representante legal de la cámara.
La Municipalidad sostiene exactamente lo contrario: que existe actividad económica con incidencia territorial en San Miguel de Tucumán y que la autonomía financiera municipal habilita el cobro.
Detrás de la discusión técnica aparece, sin embargo, una característica cada vez más visible de la gestión Chahla: la decisión de no resignar fuentes de ingresos y de explorar hasta dónde puede llevarse la capacidad recaudatoria de la Capital.
Casi $1.230 millones reclamados solamente a dos laboratorios
Los números permiten dimensionar el conflicto.
A Laboratorios Roemmers, el municipio le confirmó un cargo tributario de aproximadamente $440,5 millones por períodos comprendidos entre enero de 2021 y junio de 2025. A esa cifra le agregó una multa prácticamente idéntica, llevando el reclamo total a unos $881 millones.
El dato temporal merece una aclaración: Chahla asumió la Intendencia en octubre de 2023, por lo que una parte de la deuda que ahora pretende ejecutar corresponde a administraciones anteriores. La decisión política de su gestión fue, de todos modos, ratificar el reclamo y avanzar con su cobro.
Con Laboratorio Elea Phoenix ocurrió algo similar. El municipio confirmó una deuda de $347,8 millones, más intereses, por períodos comprendidos entre enero de 2021 y julio de 2025.
Elea sostuvo que no desarrolla actividad comercial directa en la Capital porque sus productos son distribuidos por otra compañía. El municipio rechazó el argumento y mantuvo la determinación tributaria, aunque debió reconocer la prescripción de parte de las multas y ordenar su recálculo.
Sólo entre esos dos expedientes, las determinaciones originales de deuda y sanciones superaron los $1.200 millones.
Y no son los únicos antecedentes.
En 2025, Naturgy -ex Gasnor- también discutió administrativamente la constitucionalidad del TEM. La compañía sostuvo que el gravamen se asemeja a Ingresos Brutos y que, por ese motivo, choca con las limitaciones impuestas por el régimen de coparticipación federal. Chahla firmó el decreto que rechazó la apelación y ratificó la facultad municipal de percibirlo.
Hay una constante: cuando una empresa discute la potestad tributaria de la Capital, la administración municipal no muestra predisposición a abandonar esa fuente de recursos. Por el contrario, lleva la interpretación de sus facultades fiscales hasta el límite que considera jurídicamente posible.
La propia intendenta dejó clara esa filosofía cuando, en medio de la presión nacional para que provincias y municipios redujeran impuestos y tasas, respondió que no estaba dispuesta a resignar recursos que consideraba necesarios para sostener los servicios públicos.
Su argumento fue que las tasas capitalinas eran bajas y que de allí salía el dinero para alumbrado, infraestructura y las demás prestaciones municipales.
La discusión actual plantea otra cuestión: qué ocurre cuando esa búsqueda de recursos comienza a alcanzar a compañías que aseguran no tener ni siquiera un local dentro de San Miguel de Tucumán.
Del laboratorio a las aplicaciones: ampliar la base para que más actividades paguen TEM
El conflicto con los laboratorios no aparece aislado dentro del modelo tributario municipal.
La regulación de las aplicaciones de transporte incorporó también una pata fiscal. Uber, DiDi, Cabify y las demás plataformas alcanzadas por el régimen deben registrarse y tributar el TEM, con una alícuota informada del 1,25%.
La legalización de las aplicaciones era una deuda pendiente y requería reglas sobre seguros, vehículos y conductores. Pero el municipio aprovechó esa formalización para incorporar también a las plataformas al padrón tributario.
La lógica es consistente con la utilizada frente a los laboratorios: no resulta indispensable, según la interpretación municipal, contar con un comercio tradicional con persiana, mostrador y domicilio físico para quedar alcanzado. La actividad económica desarrollada sobre el mercado capitalino sería suficiente para reclamar el tributo.
Ahí se encuentra uno de los puntos centrales de la política recaudatoria de Chahla.
El TEM no fue creado por su administración. Existe desde mucho antes de su llegada a la Intendencia. Lo que caracteriza a su gestión es una fiscalización mucho más agresiva y una interpretación expansiva sobre quién debe pagarlo.
Eso explica por qué el conflicto ya no gira únicamente alrededor del comerciante capitalino tradicional. Ahora alcanza a distribuidoras de gas, laboratorios nacionales y plataformas tecnológicas.
Hay, de todos modos, una señal que matiza la idea de que la Municipalidad pretende cobrar indiscriminadamente cualquier nuevo concepto.
Chahla tenía listo el proyecto para reinstalar el estacionamiento medido, pero en agosto decidió postergar su puesta en marcha argumentando que los vecinos estaban demasiado ajustados económicamente como para soportar otro gasto.
La diferencia política es evidente: cuando el potencial pagador es directamente el vecino, la Intendencia optó por esperar. Cuando se trata de grandes empresas, la postura fiscal parece bastante menos flexible.
Un límite que puede terminar poniendo la Justicia
El verdadero problema para la estrategia municipal es que el alcance del TEM está lejos de ser una discusión jurídica cerrada.
CILFA sostiene que una tasa municipal requiere una contraprestación concreta y que San Miguel de Tucumán está transformando el TEM en un impuesto sobre las ventas. Según la cámara, si los laboratorios no tienen instalaciones en la ciudad ni reciben un servicio municipal individualizable, no debería existir sustento para semejante cobro.
También lanzó una advertencia especialmente sensible: los laboratorios podrían terminar trasladando esa carga tributaria al precio de los medicamentos vendidos en Tucumán.
Por ahora, eso es una advertencia empresarial y no un aumento efectivamente probado. Pero coloca a la Municipalidad frente a una pregunta incómoda: cuánto puede recaudar antes de que el costo termine cayendo indirectamente sobre los consumidores.
Además está el antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso promovido por Refinería del Norte contra la Municipalidad de Banda del Río Salí.
El fallo de junio de 2025 no declaró automáticamente inconstitucional todo TEM municipal, como algunas interpretaciones sugirieron. Sí hizo algo relevante: revocó la sentencia tucumana que había rechazado el planteo de Refinor y cuestionó que se pretendiera sostener que la autonomía tributaria municipal quedaba al margen de los compromisos asumidos por la Provincia en los regímenes federales de coparticipación.
La Corte ordenó que el asunto fuera nuevamente resuelto con una fundamentación constitucionalmente válida.
Ese antecedente alimenta ahora la estrategia judicial de las compañías que enfrentan los reclamos de la Capital.
Chahla, mientras tanto, sigue adelante.
Su administración reivindica que recaudar es indispensable para brindar servicios y que las empresas que desarrollan negocios dentro del mercado capitalino tienen que contribuir al sostenimiento de la ciudad.
Los privados plantean la cara opuesta: que bajo ese argumento el municipio está estirando sus facultades hasta convertir una tasa local en una suerte de impuesto a la facturación.
Ahí está el núcleo del conflicto.
Porque la gestión Chahla puede exhibir obras, servicios y la necesidad concreta de financiar una ciudad con más de medio millón de habitantes. Pero la necesidad de recursos no responde, por sí sola, la pregunta jurídica sobre cuáles son los límites para obtenerlos.
Con reclamos multimillonarios, nuevos sectores incorporados al TEM y empresas sin sede física intimadas a pagar, la política fiscal capitalina parece haber encontrado una consigna: ampliar la recaudación allí donde aparezca actividad económica.
Ahora falta saber si la Justicia considera que la Municipalidad puede llegar tan lejos.
