El Gobierno de Tucumán dispuso la exoneración de un docente acusado de abuso sexual contra un alumno de una escuela pública de El Manantial, tras el cierre de una investigación administrativa iniciada en el ámbito del Ministerio de Educación.
La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 689/5, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza al profesor Jorge David Perea. La sanción implica su expulsión definitiva del sistema educativo provincial y la prohibición de volver a ejercer la docencia en establecimientos públicos o privados.
Además, las actuaciones fueron giradas a la Justicia para que avance la investigación penal correspondiente.
La denuncia que activó el sumario
El caso se originó a partir de la denuncia realizada por la madre de un alumno de primer grado de la Escuela Juan Crisóstomo Álvarez, de El Manantial. Según consta en el expediente administrativo, la mujer relató un presunto episodio ocurrido durante el ciclo lectivo 2019.
A partir de esa presentación, se abrió un sumario que incluyó declaraciones, testimonios y documentación. En la conclusión administrativa, los instructores consideraron acreditada una violación grave de los deberes establecidos en el Estatuto del Docente.
El decreto remarcó que las conductas atribuidas vulneran la dignidad y los derechos de los estudiantes, en un ámbito donde debe primar la protección, la contención y el cuidado integral de niñas, niños y adolescentes.
Un antecedente que vuelve a encender alarmas
La decisión del Ejecutivo se suma a otros casos recientes en los que docentes fueron apartados del sistema educativo tucumano por denuncias o sanciones vinculadas a conductas inapropiadas hacia estudiantes.
En este expediente, además de la exoneración, se ordenó comunicar la sanción a las Juntas de Clasificación Docente y a la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, para impedir que el acusado pueda acceder nuevamente a cargos titulares, interinos o suplentes.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de prevención, denuncia y control dentro de las escuelas. También refuerza la necesidad de respuestas institucionales rápidas frente a situaciones que comprometen la integridad de menores dentro del ámbito educativo.
