Osvaldo Jaldo respondió con dureza a quienes cuestionan la creación de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y hasta les recomendó que “lean un poquito más o se busquen un asesor”. Pero en su intento por defender el proyecto, el gobernador terminó poniendo sobre la mesa un problema mucho más profundo: admitió que la Caja Popular de Ahorros atraviesa una situación financiera “frágil”, que “no le sobran los fondos” y que prácticamente llega a cubrir sus salarios.
La explicación oficial es que la Provincia necesita una nueva herramienta para facilitar el acceso de empresas y productores al crédito, especialmente ante tasas bancarias que Jaldo considera incompatibles con la rentabilidad de las actividades productivas.
Para eso, el Ejecutivo pretende constituir Fiduciaria de Tucumán S.A.U., una sociedad cuyo único accionista será el Estado provincial, y colocar bajo su administración el Fondo de Garantía de Tucumán (FOGATUC).
El objetivo declarado puede responder a un problema real: muchas pequeñas y medianas empresas tienen proyectos viables pero carecen de garantías suficientes para acceder al financiamiento.
El interrogante aparece en el diseño elegido para resolverlo.
Porque mientras Jaldo reclama que sus críticos estudien mejor la iniciativa, todavía quedan cuestiones centrales que necesitan explicaciones públicas: qué controles específicos tendrá la nueva sociedad, cómo se elegirán las empresas beneficiadas, qué riesgo asumirá finalmente el Estado si los créditos garantizados no se pagan y, sobre todo, por qué se crea una nueva estructura estatal mientras una institución centenaria como la Caja Popular atraviesa una crisis que el propio gobernador acaba de reconocer.
Una sociedad nueva para funciones que la Provincia ya tiene
La Fiduciaria de Tucumán será una Sociedad Anónima Unipersonal. El Estado provincial tendrá la totalidad de sus acciones y el Poder Ejecutivo ejercerá los derechos societarios.
Estará conducida por un directorio de tres miembros y tendrá capacidad para administrar fideicomisos públicos, privados, financieros, no financieros y de garantía.
Pero hay un detalle especialmente relevante: el proyecto prevé que la nueva empresa tenga carácter prioritario como agente fiduciario para los fideicomisos de los tres poderes del Estado, las sociedades con participación estatal y los entes autárquicos.
No se trata, entonces, únicamente de crear un fondo para ayudar a las PyMEs. La iniciativa construye una estructura con potencial para concentrar la administración de distintos fideicomisos públicos provinciales.
Además, según el texto difundido durante el tratamiento legislativo, pese a ser íntegramente estatal la sociedad funcionará como sujeto de derecho privado y no quedará alcanzada de la misma manera por las disposiciones correspondientes a la Administración Provincial y al patrimonio estatal.
Eso no significa automáticamente que quede fuera de todo control público. Los fondos estatales continúan sometidos a mecanismos constitucionales de fiscalización. Pero sí vuelve imprescindible conocer con precisión cuáles serán los procedimientos de control, rendición, contratación y publicidad que tendrá la nueva empresa.
El propio diseño concentra una parte importante de las decisiones dentro del Ejecutivo: la Provincia será el único accionista, el Gobierno conducirá la sociedad y el Ministerio de Economía y Producción tendrá un papel central sobre su funcionamiento.
Por eso, más allá de las acusaciones opositoras sobre una eventual “caja política”, que constituyen una interpretación partidaria y no un hecho probado, existen preguntas institucionales concretas.
¿Quién establecerá los criterios objetivos para otorgar garantías? ¿Se publicará la identidad de los beneficiarios? ¿Habrá límites por empresa o grupo económico? ¿Qué mecanismos se aplicarán ante conflictos de intereses? ¿Con qué periodicidad se conocerán los estados contables y la cartera de garantías otorgadas?
Son respuestas importantes porque el dinero inicial será público.
La Provincia aportará $1.000 millones al Fondo de Riesgo y el ministro Daniel Abad anunció una contraparte de otros $1.000 millones del Consejo Federal de Inversiones. Si ese esquema se concreta, el fondo comenzaría con $2.000 millones.
Garantizar un crédito también implica asumir un riesgo
Otro punto que merece precisión es qué hará realmente FOGATUC.
La Provincia no entregará necesariamente esos $1.000 millones directamente como préstamos. El fondo funcionará principalmente como respaldo para que empresas que hoy no pueden presentar garantías suficientes logren obtener financiamiento.
Ese mecanismo puede facilitar inversiones, pero no elimina el riesgo: lo traslada.
Si una empresa recibe un crédito respaldado por el fondo y posteriormente incumple, la garantía puede ser ejecutada. En ese escenario, FOGATUC tendrá que responder y después intentar recuperar los fondos del deudor.
Por eso, el éxito de un fondo de garantías no depende únicamente de cuántos créditos permita otorgar. También depende de cómo se evalúa a los beneficiarios, qué porcentaje de cada operación se garantiza, cuáles son las contragarantías exigidas, qué nivel de morosidad se tolera y qué previsiones se constituyen para afrontar eventuales incumplimientos.
El Gobierno explicó que busca analizar los proyectos principalmente por su flujo de fondos y reducir el peso de requisitos tradicionales como prendas o hipotecas.
Eso puede ampliar el acceso al crédito, pero también vuelve especialmente importante la calidad de la evaluación técnica. Cuanto menores sean las garantías patrimoniales exigidas al privado, mayor será la importancia de determinar correctamente la capacidad futura de repago.
El proyecto prevé además solicitar al Banco Central la inscripción de FOGATUC como Fondo de Garantía de Carácter Público para que sus avales puedan ser reconocidos por las entidades financieras.
Hay, sin embargo, otro dato que complejiza la explicación oficial.
Actualmente, el propio Consejo Federal de Inversiones sigue incluyendo a la Caja Popular de Ahorros entre los agentes financieros disponibles en Tucumán, junto con Banco Macro. La Caja, por lo tanto, continúa formando parte formalmente del circuito financiero del CFI.
Eso no significa que la Caja pueda sustituir automáticamente a FOGATUC: ser agente financiero y constituir un fondo provincial de garantías son funciones diferentes.
Pero sí obliga a precisar mejor por qué la solución elegida es crear una nueva sociedad estatal en lugar de utilizar, reformar o fortalecer estructuras que ya existen.
La Caja está “frágil”: la pregunta es cómo llegó hasta ahí
La frase más significativa de Jaldo quizás no haya sido su respuesta a la oposición.
Fue su descripción de la Caja Popular.
El gobernador sostuvo que a la entidad “no le sobran los fondos”, afirmó que está “pagando justo los sueldos” y habló directamente de una situación financiera “frágil”.
Los informes de los organismos de control aportan elementos que permiten dimensionar el problema.
El estado de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025 registró una pérdida de $21.672,87 millones. Un año antes, la pérdida había sido de $8.791,47 millones.
Es decir, el deterioro no aparece ahora por primera vez en el discurso político.
El Tribunal de Cuentas viene formulando observaciones sobre la información financiera de la institución desde ejercicios anteriores. En su análisis de las cuentas de 2024 señaló que la Caja no había presentado la totalidad de los estados requeridos, detectó incumplimientos de normas de administración financiera y advirtió que no podía determinarse qué porcentaje de los recursos efectivamente recaudados estaba reflejado en el presupuesto provincial.
Las dificultades son anteriores incluso a ese período.
En el análisis correspondiente a 2023, el organismo de control había informado que la ejecución presupuestaria de la Caja no presentaba razonablemente la información y que faltaban estados contables, anexos y notas exigidos por la normativa.
Ahora el propio gobernador confirma políticamente lo que los documentos venían mostrando desde otro lugar: la principal entidad financiera estatal de Tucumán tiene dificultades serias.
Y ahí aparece una pregunta que la discusión por la nueva fiduciaria todavía no respondió.
Si la Caja Popular llegó a una situación en la que, según Jaldo, apenas cuenta con recursos para pagar salarios, ¿quién explica cómo se llegó hasta ese punto?
Crear una nueva sociedad puede constituir una herramienta para un objetivo diferente y específico. Pero no sanea por sí mismo a la Caja Popular, no corrige las observaciones contables acumuladas y tampoco determina responsabilidades por su deterioro.
El riesgo es que la Provincia termine discutiendo cómo construir una nueva estructura financiera antes de explicar qué ocurrió con la que ya posee.
Jaldo pidió a sus críticos que lean el proyecto.
Los números de la Caja Popular también merecen ser leídos.
