En Tucumán, organizar las próximas elecciones ya tiene una asignación millonaria adicional. El gobernador Osvaldo Jaldo autorizó una modificación del Presupuesto 2026 por $3.400 millones destinados a la Junta Electoral Provincial, cuando faltan menos de seis meses para los comicios del 9 de mayo de 2027.
La medida quedó establecida mediante el decreto 2.743/3 (SH), firmado el 3 de noviembre y publicado este viernes 20 de noviembre en el Boletín Oficial de la Provincia.
El instrumento dispone trasladar recursos de partidas administradas por el Tesoro provincial hacia el presupuesto de la Junta Electoral, que funciona dentro de la jurisdicción correspondiente al Poder Judicial.
No se trata de dinero que necesariamente ya haya sido gastado, ni de un incremento del presupuesto provincial total. Es una reasignación de créditos existentes que amplía los fondos disponibles para el organismo electoral.
Pero eso no reduce la importancia política y económica de la decisión.
De los $3.400 millones autorizados, $2.500 millones fueron asignados a la partida 399, identificada como «Otros no especificados precedentemente», mientras que los $900 millones restantes quedaron incorporados a la partida 412, correspondiente a «Edificios e instalaciones».
El decreto menciona como objetivos los gastos previstos para las elecciones generales de 2027 y la adquisición de un inmueble, aunque no incluye un desglose de las contrataciones, servicios o adquisiciones que se financiarán con esos recursos.
Una omisión informativa especialmente significativa cuando se trata de miles de millones de pesos públicos.
Porque organizar elecciones cuesta dinero y constituye una obligación indispensable del Estado. Pero esa necesidad no debería funcionar como un cheque en blanco para aprobar partidas millonarias sin explicaciones públicas suficientemente detalladas.
$2.500 millones bajo una denominación genérica: ¿en qué se gastará el dinero?
El aspecto más llamativo de la modificación presupuestaria es la asignación de $2.500 millones a una partida cuya denominación no permite identificar, por sí sola, los gastos concretos que se realizarán.
El decreto no informa qué proporción de esa suma se destinará a impresión de boletas, logística, transporte de urnas, infraestructura informática, servicios de seguridad, contrataciones de personal u otras necesidades del proceso electoral.
Tampoco establece en su texto un detalle de proveedores, presupuestos comparativos o procedimientos de contratación.
Esto no significa que esa documentación no exista en el expediente administrativo. De hecho, la norma menciona intervenciones de la Dirección General de Presupuesto, la Contaduría General de la Provincia y organismos de asesoramiento jurídico.
Sin embargo, el documento publicado no permite que los ciudadanos conozcan cómo se distribuirán los $2.500 millones entre los distintos rubros.
Y allí aparece el verdadero problema.
La Junta Electoral no es un organismo cualquiera. Es la institución que debe garantizar la organización, fiscalización y transparencia de los procesos electorales provinciales.
Por esa responsabilidad, sus propios procedimientos administrativos deberían ofrecer estándares especialmente elevados de publicidad y control.
Resulta razonable preguntar cuánto costará cada etapa de los comicios, cuáles serán los servicios contratados y qué criterios se utilizarán para determinar sus precios.
También correspondería conocer cómo se compara esta previsión con los gastos efectivamente realizados en las elecciones provinciales anteriores y qué aumentos se justifican por inflación, mayores requerimientos operativos o nuevas necesidades tecnológicas.
Si la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se cuentan sus votos, también debería poder conocer detalladamente cuánto cuesta contarlos y quiénes cobran por hacerlo.
Una sede de más de un millón de dólares, elegida por contratación directa
La modificación presupuestaria se produce en medio de otra controversia que ya había colocado a la Junta Electoral en el centro de la discusión pública.
En octubre, el organismo aprobó mediante la resolución 95/26 la contratación directa para adquirir un inmueble ubicado en avenida Néstor Kirchner 3.190, en San Miguel de Tucumán.
El precio acordado fue de US$1.060.000, con el particular detalle de que la operación se tramitó sin una licitación pública abierta.
El vendedor identificado en la documentación difundida es Juan Manuel Garretón.
La decisión fue adoptada por la Junta Electoral que preside Daniel Leiva, titular de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y que también integran el ministro fiscal Edmundo Jiménez y el ministro de la Defensa, Washington Navarro Dávila.
Según se informó entonces, el organismo invocó una excepción contemplada en la Ley de Administración Financiera provincial, que permite recurrir a la contratación directa cuando existen condiciones de exclusividad y no se encuentra un sustituto conveniente.
La Junta argumentó que el edificio reúne características particulares para desarrollar sus tareas, especialmente durante los escrutinios, y que disponer de una sede propia permitirá dejar de pagar alquileres.
La institución funciona desde hace aproximadamente dos décadas en un inmueble alquilado de calle La Madrid 661 y también ha necesitado contratar otros espacios durante los procesos electorales.
Se trata de argumentos que merecen ser considerados. Una sede propia podría representar una inversión patrimonial y reducir gastos futuros.
Pero que una compra esté contemplada dentro de una excepción legal no significa que deba quedar fuera del escrutinio público.
La cuestión es determinar si el precio pactado resulta conveniente para el Estado, si existían alternativas más económicas y cuáles fueron los criterios objetivos para descartar otras propiedades.
El Tribunal de Cuentas efectuó un control preventivo y no formuló objeciones a la operación, aunque condicionó su ejecución al cumplimiento de determinadas correcciones en la imputación presupuestaria.
En la resolución de octubre se habían previsto $700 millones del Presupuesto 2026 y $116,2 millones provenientes de excedentes financieros de la Junta, además de un saldo equivalente a US$530.000 para 2027.
Ahora, el nuevo decreto incorpora $900 millones a la partida de edificios e instalaciones.
Es importante aclarar que esas cifras no deben sumarse automáticamente como si fueran compras diferentes o pagos adicionales: podrían corresponder a distintas etapas de la misma operatoria presupuestaria.
Precisamente por eso resulta necesario que el organismo explique cómo se relacionan las partidas anteriores con la nueva reasignación, cuánto se encuentra efectivamente comprometido, cuánto se pagó y qué erogaciones quedan pendientes.
También debería conocerse el presupuesto de las refacciones que necesita el inmueble para quedar operativo.
La legalidad de una contratación es una condición indispensable, pero no reemplaza la obligación de demostrar que el Estado está haciendo un uso eficiente de los recursos de los contribuyentes.
Millones para las elecciones y demasiadas preguntas sin respuesta
El financiamiento de los procesos electorales es una responsabilidad que ningún gobierno puede eludir.
Sin embargo, la discusión sobre los $3.400 millones autorizados por Jaldo trasciende la necesidad de organizar una elección.
La provincia se prepara para renovar gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y comisionados comunales. Se trata de un operativo de gran magnitud, que requiere planificación y recursos.
Pero precisamente por esa dimensión, la transparencia presupuestaria debería constituir una prioridad.
Hay preguntas concretas que merecen respuestas igualmente concretas.
¿Por qué se necesitan $2.500 millones adicionales para los gastos electorales? ¿Existe un presupuesto desagregado que justifique esa cifra? ¿Cuánto costaron las últimas elecciones provinciales y cuánto se proyecta gastar por elector en 2027?
En cuanto a la sede, ¿cuál fue la tasación oficial del inmueble? ¿Qué otros edificios se evaluaron? ¿Cuánto costará acondicionarlo? ¿En cuánto tiempo se recuperaría la inversión mediante el ahorro de alquileres?
La Junta Electoral sostiene que la compra permitirá mejorar sus condiciones de funcionamiento y que el procedimiento recibió la intervención de los organismos de control.
Esas explicaciones forman parte de la discusión, pero deben complementarse con información verificable y accesible para cualquier ciudadano.
No existen, a partir del decreto publicado, elementos suficientes para afirmar que los fondos fueron desviados o que la compra constituye una irregularidad. Hacerlo sería reemplazar la investigación por una acusación sin pruebas.
Lo que sí existe es una decisión presupuestaria de enorme magnitud, una compra inmobiliaria por contratación directa y un documento oficial que no ofrece el detalle necesario para evaluar integralmente esos gastos.
Y eso alcanza para exigir explicaciones.
La responsabilidad no corresponde únicamente a la Junta Electoral. El Poder Ejecutivo autorizó la reasignación y los organismos provinciales competentes participaron del procedimiento administrativo.
Por lo tanto, la transparencia sobre el destino de los recursos debe involucrar a todas las autoridades que intervinieron.
Con las elecciones de mayo de 2027 cada vez más cerca, los tucumanos tienen derecho a que el proceso electoral se desarrolle con garantías, eficiencia y absoluta claridad sobre el uso de los fondos públicos.
Porque la democracia necesita elecciones confiables, pero también necesita instituciones que rindan cuentas.
Y cuando se ponen $3.400 millones sobre la mesa, la pregunta no debería ser solamente si el dinero está disponible.
La pregunta es si cada uno de esos millones está justificado, quién decidió su destino y quién controlará que se utilice correctamente.
En definitiva, no alcanza con garantizar que los votos se cuenten bien. También hay que garantizar que los millones destinados a contarlos se administren con la misma transparencia que se exige en las urnas.
