El proyecto de Presupuesto 2027 que la intendenta Rossana Chahla envió al Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán deja una cifra que difícilmente pase inadvertida: $153.100 millones destinados exclusivamente al pago de remuneraciones del personal municipal.
El monto representa el 33,7% de los $454.000 millones que la administración capitalina proyecta gastar durante el próximo ejercicio.
Traducido a cifras más fáciles de dimensionar, significa un promedio de aproximadamente $12.758 millones mensuales o $419 millones por día destinados a salarios. Se trata, naturalmente, de una distribución matemática del gasto anual proyectado, no de desembolsos diarios efectivos.
La magnitud de esos recursos invita a discutir las prioridades del municipio, particularmente cuando distintos sectores de la capital siguen reclamando mejoras en calles, desagües, limpieza, mantenimiento e infraestructura.
No se trata de cuestionar el salario de los trabajadores municipales, muchos de los cuales cumplen funciones indispensables para el funcionamiento cotidiano de la ciudad.
La discusión es otra: cuánto cuesta la estructura administrativa y política que se sostiene con los impuestos de los contribuyentes, cuántos cargos son necesarios, qué resultados producen y qué mecanismos existen para evaluar la eficiencia del gasto.
Porque una cosa es financiar los servicios que necesita una ciudad y otra muy distinta es considerar que el crecimiento del presupuesto constituye, por sí mismo, una mejora en la gestión.
El Concejo Deliberante: casi ocho de cada diez pesos serán para pagar personal
Si el gasto salarial general resulta significativo, el caso del Concejo Deliberante merece un análisis particular.
El cuerpo presidido por Fernando Juri tendrá asignados $28.100 millones para 2027, una cifra equivalente al 6,2% del presupuesto municipal.
De ese total, $21.900 millones estarán destinados a remuneraciones.
Esto significa que aproximadamente el 78% de los recursos previstos para el Concejo Deliberante se utilizará en el pago de personal, mientras que el 22% restante deberá cubrir otros gastos de funcionamiento.
En términos mensuales, la partida salarial del órgano legislativo equivale a unos $1.825 millones.
El dato abre interrogantes que deberían ser respondidos durante el tratamiento del proyecto.
¿Cuántas personas integran efectivamente la planta del Concejo? ¿Cuántas corresponden a empleados permanentes y cuántas a cargos políticos, asesores y contratados? ¿Cuál es el costo de cada bloque? ¿Cuánto dinero se destina a dietas, adicionales y otros conceptos remunerativos?
Sin esa información desagregada, resulta imposible establecer qué proporción del gasto responde a funciones administrativas necesarias y cuánto corresponde al sostenimiento de la estructura política.
La Municipalidad informó que no se modificó la planta de cargos prevista ni la incidencia del gasto en personal respecto del ejercicio anterior. Es una explicación que deberá ser contrastada con las planillas presupuestarias y la nómina efectiva de agentes.
La candidata a intendenta por La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, cuestionó precisamente la magnitud de la partida salarial y reclamó reducir el costo político para destinar más recursos a infraestructura.
Más allá de las posiciones partidarias, la discusión exige números concretos. El tamaño de la administración pública no puede evaluarse únicamente por el dinero que consume, sino también por la cantidad, calidad y oportunidad de los servicios que presta.
Un presupuesto de $454.000 millones mientras las obras elegidas por los vecinos siguen esperando
La distribución propuesta por Chahla para 2027 concentra aproximadamente el 75% de los recursos en cinco secretarías.
Ambiente y Desarrollo Sustentable encabezará la asignación, con el 26% del total y más de $110.000 millones. Obras Públicas recibirá alrededor del 20%, unos $90.000 millones, mientras que Servicios Públicos concentrará el 13%, con más de $55.000 millones.
La Secretaría General contará con aproximadamente el 10%, más de $45.000 millones, y Movilidad Urbana recibirá cerca del 6%, con una partida superior a los $25.000 millones.
Estas asignaciones corresponden a presupuestos completos por áreas, por lo que incluyen distintos conceptos de gasto y no deben confundirse con partidas exclusivamente salariales.
Pero los montos también permiten plantear otra cuestión: ¿cuánto de ese dinero se convierte efectivamente en obras y servicios que mejoran la vida cotidiana de los vecinos?
Un ejemplo concreto aparece en el Presupuesto Participativo.
Durante 2026 se asignaron aproximadamente $8.700 millones a veinte proyectos seleccionados por los propios ciudadanos. Sin embargo, según informó LA GACETA el 13 de noviembre, solamente uno de ellos había comenzado a ejecutarse: la remodelación de la plaza Urquiza.
Los otros diecinueve continuaban atravesando diferentes instancias administrativas y licitatorias.
Desde la Municipalidad explicaron que las demoras estaban relacionadas con los procedimientos técnicos y legales necesarios para contratar las obras.
Pero esa explicación no elimina una contradicción evidente: mientras el aparato municipal cuenta con partidas millonarias para su funcionamiento, los proyectos que los vecinos eligieron directamente siguen demorados.
El panorama resulta todavía más inquietante porque el Concejo Deliberante modificó durante septiembre el mecanismo de financiamiento del Presupuesto Participativo.
El cambio establece que los recursos destinados a esa herramienta dejarán de calcularse sobre la totalidad del presupuesto municipal y pasarán a depender de partidas específicas de Obras Públicas y Servicios Públicos.
La modificación implica una reducción de los recursos mínimos previstos para 2027, reconocida por el propio presidente de la comisión de Hacienda, Emiliano Vargas Aignasse.
Así, mientras el proyecto general contempla $153.100 millones para salarios, el programa que permite a los ciudadanos decidir directamente sobre obras para sus barrios enfrenta un esquema de financiamiento más limitado.
La comparación no significa que esos fondos sean automáticamente intercambiables. Sí expone cuáles son las obligaciones presupuestarias que se mantienen y cuáles son las inversiones que quedan sujetas a mayores restricciones.
Más recursos para la Municipalidad: ¿más servicios para los vecinos?
El Presupuesto 2027 proyecta un incremento del 29,9% respecto de los $349.000 millones originalmente aprobados para 2026.
Sin embargo, existe una diferencia importante que debe tenerse presente: durante este año el Concejo autorizó una ampliación presupuestaria que elevó el monto hasta aproximadamente $401.000 millones.
Si se utiliza esa base ampliada, el crecimiento previsto para 2027 ronda el 13%, considerablemente menos que el aumento calculado sobre el presupuesto original.
El municipio sostiene que elaboró sus previsiones tomando como referencia las proyecciones económicas nacionales y que mantuvo sin modificaciones la estructura de cargos y el peso proporcional de las remuneraciones.
Son argumentos que forman parte de la defensa oficial del proyecto.
Pero el debate no debería limitarse a establecer si el presupuesto aumenta un 13% o un 29,9%, ni a discutir si los salarios representan un porcentaje comparable al de otros municipios.
La cuestión central es determinar si el gasto tiene una contrapartida verificable en mejores prestaciones.
La Municipalidad proyecta ingresos por $218.400 millones provenientes de impuestos, tasas y contribuciones, otros $217.900 millones de transferencias nacionales y provinciales y $18.000 millones vinculados a eventuales operaciones de crédito.
Una porción considerable de los recursos, por lo tanto, provendrá directamente de los tributos que pagan los ciudadanos y de fondos públicos distribuidos entre distintos niveles del Estado.
Ese origen exige controles rigurosos, información accesible y una explicación concreta de las prioridades.
La transparencia presupuestaria no consiste únicamente en publicar cifras millonarias o enumerar secretarías beneficiadas. También supone mostrar cuántos empleados integran cada dependencia, cuánto cuestan las estructuras de conducción, qué contratos se ejecutan y cuáles son los resultados obtenidos con los recursos asignados.
El Concejo Deliberante tiene ahora la responsabilidad de analizar el proyecto antes de su aprobación. Y esa tarea debería ir mucho más allá de una discusión formal de partidas entre oficialistas y opositores.
Aprobar el presupuesto implica autorizar el uso de miles de millones de pesos de los contribuyentes. Por eso, los concejales deberían exigir explicaciones detalladas sobre el costo de la estructura municipal y los indicadores concretos con los que se evaluará su desempeño.
San Miguel de Tucumán no necesita solamente una Municipalidad capaz de pagar sueldos. Necesita una administración que transforme los impuestos en calles transitables, desagües que funcionen, espacios públicos mantenidos y servicios eficientes.
Los salarios de quienes trabajan para brindar esos servicios son necesarios. Lo que no puede quedar fuera de discusión es el costo de la burocracia, la estructura política y la eficiencia con la que se administran los fondos.
Con un presupuesto que se aproxima al medio billón de pesos, la gestión de Rossana Chahla tendrá recursos importantes para afrontar su último año de mandato.
La pregunta es si ese dinero alcanzará para producir mejoras concretas o si los vecinos volverán a encontrarse con una administración que cumple puntualmente con sus compromisos presupuestarios, pero demora en resolver problemas cotidianos.
Porque el éxito de una gestión municipal no debería medirse por cuánto dinero necesita para funcionar, sino por cuánto mejora la ciudad con cada peso que recauda.
