La Legislatura de Tucumán avanza en el tratamiento de una iniciativa que podría modificar las reglas de las campañas electorales de 2027. El proyecto, presentado por la legisladora Carolina Vargas Aignasse, obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales y propone establecer sanciones para quienes generen o difundan deliberadamente contenidos falsos o manipulados durante los períodos electorales.
La propuesta surge en un escenario marcado por el crecimiento de la inteligencia artificial y las posibilidades de fabricar imágenes, videos y audios capaces de simular declaraciones o comportamientos de dirigentes políticos.
Sin embargo, detrás de un objetivo que difícilmente encuentre oposición —combatir la desinformación electoral— aparece una discusión mucho más delicada: ¿hasta dónde puede intervenir el Estado en la circulación de información política sin convertirse en un árbitro de lo que los ciudadanos pueden decir, publicar o compartir?
El riesgo de que el poder político termine definiendo qué es falso
La iniciativa contempla la intervención de la Junta Electoral Provincial y del Ministerio Público Fiscal para investigar posibles maniobras de desinformación, además de mecanismos de colaboración con plataformas digitales para identificar contenidos y procurar su eliminación.
Vargas Aignasse reconoció que identificar a quienes producen o impulsan esas publicaciones representa uno de los mayores desafíos. También anticipó que será necesario contar con especialistas capaces de investigar este tipo de operaciones.
Pero existe una cuestión que merece especial atención: determinar cuándo una publicación constituye una falsedad deliberada y cuándo representa una interpretación política, una crítica, una sátira o una información periodística que posteriormente resulta inexacta.
No se trata de diferencias menores. En una campaña electoral, las acusaciones cruzadas, las denuncias públicas y las interpretaciones contrapuestas forman parte del debate democrático. Una regulación imprecisa podría generar el riesgo de que determinados contenidos terminen bajo investigación antes de que pueda establecerse si realmente existió una maniobra de manipulación.
El problema se vuelve particularmente sensible cuando los organismos encargados de aplicar las sanciones forman parte del entramado institucional de la misma provincia donde compiten los dirigentes involucrados.
La pregunta central es quién controlará a quienes tengan la facultad de investigar y promover sanciones, y qué mecanismos impedirán que una herramienta concebida para combatir la desinformación sea utilizada para desalentar cuestionamientos incómodos.
Multas millonarias y el peligro de desalentar las denuncias
El proyecto contempla multas de hasta diez salarios mínimos, vitales y móviles para quienes difundan información falsa sobre candidatos, partidos o autoridades electorales durante las campañas. Además, las sanciones podrían triplicarse cuando se utilicen sistemas automatizados, redes coordinadas o campañas organizadas.
Sus promotores consideran que este esquema permitirá desalentar las operaciones digitales destinadas a manipular al electorado.
Sin embargo, las consecuencias potenciales de la regulación no se limitan a quienes fabrican videos falsos mediante inteligencia artificial.
Una de las preocupaciones que plantea cualquier legislación de estas características es su posible efecto inhibidor sobre periodistas, medios de comunicación, usuarios de redes sociales y ciudadanos que participan en discusiones políticas.
La amenaza de una investigación o de una sanción económica podría llevar a algunas personas a evitar la difusión de información controvertida, incluso cuando consideren que cuenta con fundamentos.
Por eso, resultará fundamental que una eventual ley distinga con precisión entre la fabricación maliciosa de contenidos, los errores informativos, las opiniones y las denuncias de interés público.
También será indispensable establecer garantías de defensa, criterios de prueba verificables y mecanismos de revisión independientes.
La discusión ya provocó cuestionamientos políticos. La diputada nacional Paula Omodeo criticó públicamente la propuesta de Vargas Aignasse y advirtió sobre el riesgo de que termine habilitando mecanismos de censura estatal.
El señalamiento expone un aspecto que los legisladores deberán resolver: una herramienta destinada a proteger la democracia no debería terminar debilitando una de sus condiciones esenciales, la libertad de expresión.
Una ley contra las noticias falsas que también deberá controlar al oficialismo
Vargas Aignasse aseguró que la intención de su proyecto no es establecer una mordaza, sino impedir que herramientas tecnológicas sean utilizadas deliberadamente para engañar a los votantes.
El argumento responde a una preocupación legítima. La inteligencia artificial permite crear materiales audiovisuales cada vez más difíciles de distinguir de los auténticos, y una campaña organizada de desinformación puede perjudicar tanto a candidatos como a ciudadanos.
Pero la credibilidad de una eventual regulación dependerá de que sus disposiciones se apliquen sin distinciones políticas.
Si se pretende sancionar las operaciones digitales, las reglas deberán alcanzar por igual a dirigentes oficialistas, opositores, agrupaciones partidarias y cualquier otro responsable de maniobras comprobadas.
También será necesario impedir que las denuncias por supuestas noticias falsas se transformen en instrumentos para interferir con investigaciones periodísticas o controversias públicas.
La iniciativa todavía no fue aprobada. Tras obtener dictamen favorable, su llegada al recinto dependerá de la comisión de Labor Parlamentaria, que deberá decidir si incorpora el proyecto al temario de una próxima sesión.
Con las elecciones provinciales de 2027 en el horizonte, los legisladores tienen por delante una discusión que excede ampliamente las herramientas digitales.
Combatir las noticias falsas constituye un desafío real. Pero hacerlo sin reglas claras, garantías suficientes y controles independientes podría abrir la puerta a problemas tan graves como aquellos que se pretende solucionar.
Porque el verdadero peligro para una democracia no reside únicamente en que circulen mentiras durante una campaña electoral, sino también en que quienes ejercen el poder puedan decidir, sin controles suficientes, cuáles son las verdades que está permitido contar.
