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¿Cuánto más para los empresarios del transporte? Jaldo les habilitó otros $7.300 millones y les volvió a postergar deudas

Hasta cuándo deberá seguir el Estado tucumano sosteniendo económicamente a las empresas de colectivos es una pregunta que merece respuestas cada vez más urgentes.

El Boletín Oficial de este viernes 20 de noviembre de 2026 aporta nuevos elementos a una discusión que parece no tener final: el Gobierno provincial volvió a disponer medidas de asistencia económica para un sector que, pese a recibir recursos públicos de manera permanente, continúa denunciando dificultades para garantizar su funcionamiento.

Mediante el decreto 2.744/3 (SH), firmado el 3 de noviembre, el gobernador Osvaldo Jaldo autorizó una reasignación presupuestaria de $7.300 millones destinados a subsidios para empresas privadas de transporte.

La decisión tiene una particularidad: el dinero se trasladó desde una partida del Tesoro provincial identificada como transferencias a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro hacia otra correspondiente a transferencias a empresas privadas, dentro del programa de subsidios al transporte.

La operación no demuestra que se hayan quitado fondos ya comprometidos a instituciones específicas, pero sí expone una decisión concreta sobre la distribución de los recursos disponibles.

Y mientras el Gobierno amplía los créditos presupuestarios para sostener a las empresas, otro decreto publicado el mismo día autoriza una compensación de $1.606.916.798,56 correspondiente al programa de boleto gratuito para jubilados durante septiembre.

A ello se suma una tercera decisión: modificar nuevamente las condiciones de pago de los colectivos cero kilómetro que algunas empresas recibieron mediante contratos de leasing con la Provincia.

Tres medidas diferentes, un mismo sector beneficiado y una discusión que se repite desde hace años.

¿Cuánto dinero más necesitan los empresarios para sostener el servicio y qué resultados concretos obtiene la sociedad a cambio de semejante esfuerzo económico?

$7.300 millones adicionales y una asistencia estatal que ya ronda los $12.000 millones mensuales

El decreto 2.744 establece que los $7.300 millones incrementarán la partida destinada a transferencias a empresas privadas, bajo la órbita de la Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial.

No se trata de un pago cuya ejecución esté acreditada en el documento, sino de una ampliación presupuestaria que permite disponer de mayores recursos para el programa de subsidios.

El decreto también exceptúa esos créditos de determinadas restricciones administrativas y financieras establecidas para el Presupuesto 2026.

La medida se produce cuando la asistencia provincial al transporte ya alcanza cifras considerables.

Según un informe, Tucumán destina alrededor de $12.000 millones mensuales al sostenimiento del sistema, contemplando compensaciones empresariales y programas de boletos gratuitos para estudiantes y jubilados.

No todo ese dinero constituye un subsidio empresarial sin contraprestación. Una parte financia viajes de beneficiarios de programas sociales, por los cuales las empresas prestan un servicio.

Sin embargo, el tamaño del aporte público demuestra hasta qué punto el funcionamiento del transporte depende de recursos estatales.

Para octubre, el Gobierno autorizó una compensación general de $5.500 millones a través de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT).

A ello se agregan otros conceptos, como las compensaciones correspondientes a los boletos gratuitos.

El decreto 2.747/8, también firmado el 3 de noviembre, habilita específicamente el pago de $1.606,9 millones para cubrir los viajes gratuitos de jubilados correspondientes a septiembre.

Es importante señalar que los $7.300 millones de ampliación presupuestaria no pueden sumarse automáticamente a las compensaciones como si constituyeran desembolsos independientes. Los créditos ampliados podrían financiar obligaciones de este tipo y se necesitan los registros de ejecución para establecer el monto efectivamente pagado.

Pero esa precisión contable no cambia la cuestión de fondo.

El Estado sigue ampliando las partidas destinadas al transporte sin que la documentación publicada permita evaluar integralmente la relación entre el dinero aportado y los resultados del servicio.

¿Cuánto recibe cada empresa? ¿Cuántos kilómetros recorre efectivamente? ¿Qué cantidad de pasajeros transporta? ¿Cuántas unidades están en condiciones de circular? ¿Qué penalidades se aplican ante incumplimientos?

Estas preguntas deberían responderse mediante información pública, actualizada y fácilmente accesible.

Porque los subsidios pueden ser necesarios para garantizar tarifas socialmente sostenibles. Lo que no debería aceptarse es que se conviertan en un mecanismo permanente de financiamiento sin controles de desempeño suficientemente transparentes.

Colectivos financiados por el Estado y empresarios que vuelven a pedir tiempo para pagar

La tercera decisión del Gobierno provincial resulta especialmente reveladora.

Mediante el decreto 2.714/8, fechado el 30 de octubre, Jaldo autorizó nuevas modificaciones a los contratos de leasing celebrados con empresas de transporte público para la incorporación de colectivos cero kilómetro.

La operatoria surgió de un programa de renovación de unidades impulsado en 2024 y desarrollado mediante contratos que contemplaban el pago del 90% del capital financiado durante 36 meses, más los intereses correspondientes.

Sin embargo, los empresarios volvieron a solicitar una flexibilización de las condiciones.

En su presentación, AETAT sostuvo que las compañías atraviesan una situación de fuerte endeudamiento, con riesgo de quiebra, debido al incremento de salarios, combustibles e insumos.

El argumento fue aceptado por el Gobierno, que autorizó nuevas adendas contractuales para postergar el pago de capital.

Pero hay un detalle que merece atención: no es la primera vez que se modifican los compromisos asumidos por las empresas.

El propio decreto recuerda que ya existían modificaciones autorizadas en octubre de 2025 y abril de 2026.

De acuerdo con los antecedentes administrativos, desde noviembre de 2025 el pago del capital de los cánones había sido diferido durante 16 meses, período en el cual las empresas debían continuar abonando los intereses correspondientes.

El saldo de capital debía comenzar a pagarse nuevamente a partir de febrero de 2027.

Ahora se autoriza otra postergación de cuatro meses.

Es decir, el Gobierno vuelve a conceder tiempo para cumplir compromisos financieros que ya habían sido renegociados.

Además, establece una alícuota del 0% en el Impuesto de Sellos para las nuevas adendas contractuales.

Esta decisión no representa una condonación de la deuda ni permite afirmar que las empresas dejarán de pagar los colectivos. Se trata de un nuevo diferimiento del capital, acompañado de un tratamiento impositivo específico.

Pero sus consecuencias económicas merecen explicaciones.

¿Cuánto dinero debía recuperar la Provincia durante los próximos meses? ¿Cuál será el costo financiero de la postergación? ¿Qué garantías existen de que las empresas cumplirán los nuevos vencimientos? ¿Cuántas unidades y qué firmas están alcanzadas por las modificaciones?

El decreto no publica un detalle individualizado de esas obligaciones ni cuantifica el impacto financiero de la medida.

Tampoco permite establecer cuánto representa la exención del Impuesto de Sellos.

La discusión no consiste en negar la importancia de renovar una flota de transporte público. Se trata de determinar cómo se distribuyen los riesgos económicos de esa renovación.

Porque cuando un empresario no puede afrontar los compromisos asumidos y el Estado acepta postergarlos reiteradamente, resulta legítimo preguntarse si el negocio está siendo gestionado de manera sustentable o si la intervención pública se volvió indispensable para mantenerlo en funcionamiento.

La emergencia que nunca termina: el Estado pone millones y los empresarios siempre necesitan más

Tucumán mantiene al transporte público bajo un régimen de emergencia que se originó en 2018 y fue prorrogado sucesivamente.

La última extensión, establecida por la Ley 9.978, lleva su vigencia hasta mayo de 2028.

Una herramienta que debería responder a circunstancias excepcionales lleva, por lo tanto, camino a cumplir una década.

Durante ese tiempo, los distintos gobiernos provinciales recurrieron a compensaciones, subsidios y otras medidas para evitar el colapso del sistema.

La situación económica del sector presenta dificultades reales. Los aumentos salariales, el combustible, los repuestos y el mantenimiento de las unidades representan costos que no pueden ignorarse. También existe una responsabilidad pública en garantizar que estudiantes, jubilados y trabajadores puedan acceder al transporte.

Pero reconocer esas dificultades no implica aceptar sin cuestionamientos todas las demandas empresariales.

A comienzos de noviembre, Jorge Berretta, vicepresidente de AETAT, advirtió que, sin asistencia estatal, el boleto debería costar alrededor de $3.500.

El planteo expone la dependencia del sistema respecto del financiamiento público, pero también obliga a examinar la estructura de costos que sustenta semejante cálculo.

¿Los montos reclamados fueron contrastados mediante auditorías independientes? ¿Se conocen los balances de las empresas subsidiadas? ¿Existen indicadores públicos que relacionen cada compensación con la cantidad y calidad del servicio prestado?

Esas herramientas permitirían discutir con información concreta y no solamente a partir de las advertencias periódicas de los empresarios sobre la posibilidad de que el sistema deje de funcionar.

El Gobierno tampoco puede limitar su responsabilidad a transferir fondos.

Si el Estado considera necesario utilizar miles de millones de pesos para garantizar el transporte, también debe establecer condiciones verificables y explicar qué sucede cuando los compromisos de las empresas no se cumplen.

De lo contrario, se corre el riesgo de consolidar un sistema en el que los beneficios de la actividad permanecen en manos privadas, mientras una parte cada vez más importante de sus dificultades financieras termina siendo absorbida por los contribuyentes.

Los tres decretos publicados este viernes no demuestran por sí solos un manejo irregular de fondos. Pero confirman que la asistencia estatal continúa y que las condiciones financieras acordadas con las empresas pueden volver a modificarse cuando el sector lo solicita.

La cuestión que debería ocupar al Gobierno es cómo transformar ese apoyo en un sistema de transporte sostenible, eficiente y sometido a controles públicos efectivos.

Porque subsidiar el transporte puede ser una decisión socialmente necesaria. Lo que resulta difícil de justificar es que la emergencia se prolongue indefinidamente sin presentar un horizonte claro de solución.

Los tucumanos tienen derecho a saber cuánto cuesta sostener a los empresarios del transporte, cuánto aporta cada empresa con sus propios recursos y qué contraprestaciones recibe la sociedad por el dinero público comprometido.

Y también tienen derecho a preguntarse por qué, después de tantos años de asistencia, el sector continúa presentándose al borde del colapso.

El Gobierno de Jaldo acaba de habilitar otros $7.300 millones de crédito presupuestario, mantiene compensaciones millonarias y vuelve a flexibilizar deudas empresariales.

Mientras tanto, sigue pendiente una respuesta fundamental.

¿Hasta cuándo la solución a la crisis del transporte tucumano será simplemente poner más plata?

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