Un nuevo capítulo vuelve a poner bajo la lupa el movimiento de fondos públicos en Tucumán. Según documentación, el Banco Macro, en su carácter de agente financiero de la Provincia, intimó a la Caja Popular de Ahorros a justificar retiros en efectivo por más de $21.105 millones realizados entre abril de 2025 y marzo de 2026.
El requerimiento habría sido cursado el 18 de mayo de 2026, por pedido del Banco Central de la República Argentina y en el marco de las obligaciones de monitoreo previstas por la normativa de la Unidad de Información Financiera. La entidad bancaria solicitó que se informe, operación por operación, quiénes fueron los beneficiarios, cuáles fueron sus claves tributarias, cuál fue el motivo de cada pago y qué documentación respalda esas extracciones.
Un pedido de información bajo normas antilavado
El planteo del Banco Macro apunta al destino de fondos retirados en efectivo desde cuentas de la Caja Popular. No se trata, según surge del requerimiento, de una acusación penal directa, sino de una exigencia formal de trazabilidad sobre operaciones consideradas sensibles por su volumen y modalidad.
La normativa antilavado obliga a las entidades financieras a monitorear especialmente los movimientos de organismos públicos cuando involucran retiros significativos de dinero en efectivo o cuando el destino de los fondos no aparece claramente identificado.
En este caso, el punto central es justamente ese: el banco habría pedido a la Caja que detalle quién retiró o recibió el dinero, por qué motivo y con qué respaldo administrativo.
Más de $21.000 millones en doce meses
De acuerdo con la información publicada, los retiros cuestionados suman $21.105.019.379,18 en el período comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026. El mayor volumen se habría registrado entre abril y junio de 2025, con más de $8.730 millones.
Luego, entre julio y septiembre de 2025, el monto habría bajado a $1.734 millones. Entre octubre y diciembre de ese mismo año, las extracciones volvieron a crecer hasta superar los $6.908 millones. Finalmente, entre enero y marzo de 2026, ya atravesando el recambio de autoridades en la intervención de la Caja, se habrían retirado más de $3.731 millones.
El período bajo análisis alcanza tanto a la etapa en la que la entidad estuvo conducida por José Díaz como a los primeros meses de la actual intervención encabezada por Guillermo Norry, con Antonio “Tony” Bustamante como subinterventor.
La Caja, entre controles administrativos y causas abiertas
El caso aparece en un contexto delicado para la Caja Popular de Ahorros. El Tribunal de Cuentas ya había formulado observaciones sobre balances de la entidad y, además, una investigación judicial provincial tiene bajo análisis documentación contable de los últimos ejercicios.
La publicación también vincula este episodio con antecedentes de retiros de efectivo que marcaron la política tucumana en los últimos años, como el denominado “valijazo” de 2015 y las extracciones por ventanilla investigadas en municipios del interior.
De todos modos, corresponde marcar un límite clave: el requerimiento bancario no prueba por sí mismo la comisión de un delito ni determina el destino final del dinero. Lo que sí deja planteado es una exigencia concreta de explicación sobre el manejo de una suma millonaria en efectivo desde cuentas de un organismo público.
La respuesta que brinde la Caja Popular será determinante para conocer si esos fondos contaban con respaldo administrativo suficiente o si el caso escala hacia nuevos controles por parte de los organismos competentes.
