El Tribunal de Cuentas de Tucumán suspendió el trámite de un nuevo pago millonario impulsado por la Secretaría de Estado de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos, a cargo de Carlos “Alito” Assan, luego de detectar inconsistencias en la documentación respaldatoria del expediente.
La medida fue adoptada mediante el Acuerdo N.º 2480, del 30 de junio, en el marco del control preventivo sobre una resolución que autorizaba el reconocimiento y pago de $190.076.411,62 al Consorcio Público Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Observaciones sobre facturas y servicios
El expediente había sido enviado al organismo de control por la Resolución N.º 98/SESMEP, firmada el 17 de junio. A través de ese acto administrativo se buscaba cancelar facturas vinculadas con la descarga de residuos transportados por la repartición provincial en la Planta de Transferencia San Felipe.
Sin embargo, durante el análisis del trámite, el Departamento de Contadores Fiscales y la Contaduría Fiscal General advirtieron distintas falencias. Entre ellas, remarcaron que no constaba la certificación de los servicios por parte de un funcionario responsable y que tampoco se había justificado por qué permanecían impagas facturas correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025.
También se observó la falta del acto administrativo que autorizara la contratación del servicio durante esos períodos, un punto considerado clave para determinar la legalidad del gasto.
Contratos vencidos y falta de respaldo técnico
Otro de los cuestionamientos apuntó a la documentación contractual incorporada al expediente. Según el análisis del Tribunal, los contratos agregados correspondían únicamente a períodos comprendidos entre 2020 y comienzos de 2023.
En ese sentido, el organismo advirtió que no se habían adjuntado renovaciones, prórrogas u otros instrumentos que permitieran acreditar la continuidad del vínculo contractual durante los ejercicios cuyas facturas se pretendían abonar.
A esa situación se sumó la ausencia de informes técnicos, certificados de prestación o constancias de descarga de residuos que permitieran verificar que el servicio fue efectivamente realizado y que los montos reclamados se correspondían con las prestaciones facturadas.
El pago queda suspendido hasta un nuevo pronunciamiento
Ante ese escenario, el Tribunal de Cuentas concluyó que la documentación presentada era insuficiente para acreditar la causa concreta del gasto. Por ese motivo, resolvió devolver las actuaciones a la Secretaría de Estado de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos para que complete la información requerida.
Además, el organismo dejó suspendidos los plazos del control preventivo hasta que el expediente regrese con la documentación solicitada. También dispuso que la repartición se abstenga de ejecutar el pago hasta que exista un pronunciamiento definitivo.
La decisión se suma a un antecedente reciente. En abril, el Tribunal ya había frenado otro pago tramitado por la misma Secretaría por observaciones similares vinculadas con deficiencias documentales y administrativas. Con este nuevo acuerdo, el área que conduce Assan vuelve a quedar bajo la lupa del organismo de control por la falta de respaldo suficiente para avanzar con una erogación millonaria.
