Ivana Espeche cuestionó duramente a Eugenio Agüero Gamboa después de que el funcionario negara que uno de los jóvenes golpeados en un edificio del centro tucumano hubiera estado en terapia intensiva. La mujer aseguró haber presenciado personalmente la internación y reclamó medidas judiciales. Una declaración posterior de una funcionaria policial también contradijo la información difundida por el ministro.
La denuncia por un presunto ataque homofóbico contra una pareja de jóvenes en pleno centro de San Miguel de Tucumán sumó un nuevo capítulo de controversia, esta vez con el ministro de Seguridad provincial, Eugenio Agüero Gamboa, como protagonista. Ivana Espeche, madre de uno de los damnificados, cuestionó públicamente al funcionario por sus declaraciones sobre el estado de salud de las víctimas y lo acusó de desconocer aspectos fundamentales del episodio ocurrido durante la noche del domingo 25 de octubre en un edificio de calle Muñecas 64. La mujer sostuvo que el compañero sentimental de su hijo permaneció internado en terapia intensiva después de recibir una golpiza y aseguró que pudo comprobarlo personalmente cuando acudió al centro asistencial.
El enfrentamiento verbal se produjo después de que Agüero Gamboa afirmara, durante una conferencia de prensa, que la información oficial indicaba que ninguno de los involucrados había estado en terapia intensiva. El ministro explicó que uno de los jóvenes permaneció en observación en la Clínica Mayo y posteriormente recibió el alta médica. Sus expresiones provocaron la reacción de Espeche, quien participaba de una manifestación en plaza Independencia para reclamar justicia. La mujer consideró que el funcionario había minimizado la gravedad del hecho y que sus declaraciones reflejaban falta de información sobre una causa que había generado una fuerte repercusión pública.
La contradicción sobre la internación que desató la polémica
El principal cuestionamiento de la madre estuvo relacionado con la situación médica de Francisco Blasetti García, pareja de su hijo Iván, quien sufrió lesiones durante el enfrentamiento. Mientras el ministro sostuvo que los registros consultados por su cartera no indicaban una internación en terapia intensiva, Espeche aseguró que visitó personalmente al joven, habló con la médica de guardia y conservaba fotografías y videos que documentaban las condiciones de su atención. Su testimonio fue difundido por Tendencia de Noticias, en una entrevista realizada durante la concentración frente a la Casa de Gobierno.
La polémica adquirió mayor relevancia con las declaraciones de la subcomisaria Mariana Navarro a LG Play. La funcionaria policial confirmó que un médico de la fuerza había concurrido al centro de salud para evaluar al joven y que, debido a los golpes sufridos en la cabeza y otras partes del cuerpo, los profesionales recomendaron su permanencia en terapia intensiva para controlar su evolución mientras aguardaban los resultados de los estudios. También indicó que recibió el alta el lunes. Esta información contradice la afirmación del ministro de que ninguno de los involucrados había estado en ese sector, aunque todavía no se difundió públicamente una historia clínica que permita establecer con precisión las características y duración de la internación.
Al reclamo se sumó una tía del joven lesionado, quien publicó un mensaje dirigido a Agüero Gamboa y aseguró que su sobrino había permanecido internado bajo observación médica después de recibir golpes en la cabeza. La familiar pidió que el funcionario verificara los datos con la clínica antes de realizar afirmaciones públicas y sostuvo que negar esa circunstancia generaba mayor angustia entre los allegados.
Una discusión por un ascensor que terminó con graves denuncias
El episodio que originó la controversia ocurrió alrededor de las 20.30 del domingo, cuando se produjo un enfrentamiento entre dos jóvenes y miembros de una familia en un edificio ubicado en Muñecas 64, en el microcentro de la capital tucumana. Según la denuncia de Iván Canoura y su entorno familiar, la discusión comenzó por la utilización de un ascensor durante una mudanza y derivó en una agresión física que habría tenido una motivación discriminatoria al conocerse que ambos jóvenes mantenían una relación sentimental.
La versión de la otra parte es diferente. De acuerdo con las actuaciones policiales difundidas por LA GACETA, una mujer identificada como Mariela Alonso Brugalla denunció que ella y sus familiares fueron inicialmente insultados y agredidos mientras retiraban un mueble del edificio. Según su relato, el enfrentamiento se agravó cuando intentaban retirarse y sus hijos intervinieron. Ambas partes presentaron denuncias y la investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que dispuso reunir imágenes de cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir lo sucedido.
La subcomisaria Navarro señaló que, según la información policial inicial, no se había planteado expresamente una motivación vinculada con la orientación sexual de los involucrados. Sin embargo, familiares de los jóvenes y organizaciones de la diversidad sostienen que esa circunstancia debe investigarse y no ser descartada anticipadamente. La causa se encuentra bajo intervención de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, a cargo de Daniel Sosa Piñeiro, y hasta los últimos informes consultados no se habían comunicado detenciones. La existencia de denuncias cruzadas obliga a determinar las responsabilidades mediante pruebas y no únicamente a partir de las versiones difundidas públicamente.
El reclamo a Jaldo y el temor de las víctimas después de la agresión
Durante la concentración en plaza Independencia, Ivana Espeche también dirigió un pedido al gobernador Osvaldo Jaldo para que se adoptaran medidas concretas y se revisara el desempeño de los funcionarios responsables de intervenir en el caso. La mujer, que reside en Trancas y debió viajar a San Miguel de Tucumán tras enterarse de lo ocurrido, manifestó su indignación por la falta de detenciones y cuestionó la respuesta policial que recibió su familia durante las primeras horas posteriores a la denuncia.
Jaldo, por su parte, confirmó que había mantenido comunicación con la madre de uno de los jóvenes antes de que se difundieran masivamente las imágenes del episodio. El gobernador expresó su solidaridad con los damnificados, aseguró que la Policía había realizado las actuaciones correspondientes y explicó que las pruebas fueron remitidas a la Fiscalía. También remarcó que la determinación de eventuales responsabilidades penales corresponde al Poder Judicial.
Más allá de las diferencias sobre la reconstrucción del enfrentamiento, Espeche describió las consecuencias emocionales que dejó el episodio en la pareja. Afirmó que ambos jóvenes sienten miedo de salir a la calle y preocupación por lo que pueda suceder después de la denuncia, aunque se encuentran recuperándose físicamente. La familia agradeció el acompañamiento de quienes participaron de las manifestaciones y de las organizaciones que reclamaron el esclarecimiento de los hechos.
La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, de cuyo Comité Ejecutivo forma parte uno de los jóvenes, expresó su repudio por lo ocurrido y pidió una rápida intervención judicial. También se pronunciaron organizaciones vinculadas con la diversidad sexual, que solicitaron investigar si existió una motivación de odio o discriminación.
El caso plantea dos cuestiones que requieren respuestas diferentes. La primera es judicial: determinar cómo comenzó el enfrentamiento, quiénes participaron, qué lesiones sufrió cada persona y si existió una motivación discriminatoria. La segunda es institucional: esclarecer por qué la información sobre la internación difundida por el ministro de Seguridad no coincidió con los testimonios familiares ni con la explicación posterior de una funcionaria policial.
La investigación deberá establecer las responsabilidades sin anticipar culpabilidades. Pero, independientemente de su resultado, la controversia volvió a poner en discusión la responsabilidad de los funcionarios públicos al informar sobre hechos de violencia y la necesidad de que las víctimas reciban una respuesta rigurosa, respetuosa y sustentada en información comprobada.
