La jueza Inés de los Ángeles Yamuss intimó a las autoridades de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) a facilitar el acceso a registros contables y bancarios. La medida se produjo en medio de una creciente controversia por el manejo de los fondos de la institución, que incluye cuestionamientos a gastos millonarios, documentación incompleta y conflictos judiciales entre sus propios integrantes.
La crisis institucional que atraviesa la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán sumó un nuevo capítulo este miércoles 28 de octubre, luego de que la Justicia avanzara sobre la documentación económica de la entidad que agrupa a jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales de la provincia. La jueza en lo Civil y Comercial Común de la XI Nominación, Inés de los Ángeles Yamuss, ordenó a la conducción asociativa exhibir libros y registros bancarios, en el marco de una demanda que cuestiona la aprobación del balance correspondiente al ejercicio 2025. La diligencia incluyó una compulsa presencial en la sede de la institución, documentada mediante una conexión por Zoom, y profundizó un conflicto que ya había dejado al descubierto importantes deficiencias en la documentación contable examinada.
La intervención judicial tiene su origen en una demanda presentada el 22 de julio por la jueza Ana María Iacono, quien solicitó la nulidad de la asamblea celebrada el 23 de abril de 2026. Según su planteo, el balance del ejercicio anterior fue aprobado sin que se le permitiera examinar los comprobantes respaldatorios de los gastos. La controversia derivó en una medida cautelar dictada el 2 de octubre por el juez Pedro Yane Mana, quien exigió la presentación de la documentación dentro de las 48 horas. La conducción de la AMT cuestionó aquella resolución, argumentó que el control de las cuentas corresponde a los órganos internos de la asociación y recusó al magistrado, lo que provocó cambios en la intervención judicial hasta que el expediente quedó a cargo de Yamuss.
Libros sin movimientos desde 2017 y gastos que generan interrogantes
La revisión de los registros económicos de la AMT ya había producido resultados llamativos durante una inspección realizada el 13 de octubre en su sede del Palacio de Tribunales. En aquella oportunidad, la magistrada constató la existencia de un libro de Bancos sin anotaciones desde el 19 de mayo de 2017, planillas de cálculo sin membrete y con agregados manuscritos, además de carpetas con comprobantes correspondientes a distintas erogaciones de la entidad. Entre los documentos relevados aparecieron facturas de empresas de medicina prepaga, gastos relacionados con congresos, servicios de telefonía celular y máquinas expendedoras, así como un recibo sin membrete por $6 millones relacionado con tarjetas de comida.
A estas observaciones se sumaron cuestionamientos formulados por el juez penal Gonzalo Javier Ortega sobre las cuentas correspondientes al ejercicio 2024. Entre las partidas por las que reclamó explicaciones figuraban más de $22,7 millones destinados a comestibles y cafetería, además de transferencias por aproximadamente $7,6 millones a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y otros pagos relacionados con servicios médicos y farmacéuticos. La conducción de la Asociación rechazó los cuestionamientos y defendió la legitimidad de las operaciones, señalando que respondían a convenios institucionales y servicios compartidos aprobados en las instancias correspondientes.
La existencia de gastos elevados o de deficiencias documentales no demuestra por sí misma la comisión de delitos ni permite concluir que los fondos hayan sido utilizados de manera indebida. Sin embargo, los antecedentes plantean la necesidad de reconstruir las operaciones, identificar sus beneficiarios y verificar que cada desembolso cuente con respaldo suficiente. Especialmente en una institución integrada por funcionarios que ejercen responsabilidades dentro del sistema de administración de justicia.
Una nueva resolución judicial y la obligación de exhibir los registros
El 26 de octubre, mediante la sentencia N.º 2843, Yamuss hizo lugar parcialmente al recurso de revocatoria presentado por la Asociación y modificó las condiciones de la medida cautelar. La magistrada reemplazó el apercibimiento de secuestro de la documentación por la advertencia de que el incumplimiento podría configurar desobediencia a una orden judicial, conducta contemplada en el artículo 239 del Código Penal. No obstante, mantuvo la exigencia de exhibir información contable y bancaria necesaria para el desarrollo del proceso.
La resolución ordenó poner a disposición el libro de Bancos desde 2017 o, en su defecto, los extractos correspondientes, informar las vinculaciones de la entidad con instituciones financieras y presentar documentación societaria, incluidas actas de asamblea de años anteriores. La Asociación había entregado previamente archivos digitales, entre ellos el balance 2025, movimientos bancarios, documentación impositiva, actas y registros de asociados, pero la Justicia consideró necesario cotejar esa información con los originales.
Uno de los puntos centrales del conflicto es determinar hasta dónde llega el derecho de los asociados a conocer el destino de los fondos que administran sus representantes. La AMT sostiene que existen mecanismos internos de fiscalización, como la Comisión Revisora de Cuentas y la asamblea, y que no corresponde habilitar una revisión directa e irrestricta por parte de cualquier integrante. Yamuss consideró, sin embargo, que la existencia de esos órganos no impedía adoptar la medida cautelar, particularmente cuando el estatuto no contempla un procedimiento específico para acceder a la documentación contable. El alcance definitivo de ese derecho deberá resolverse al dictarse la sentencia sobre el fondo del litigio.
Una crisis que compromete la imagen institucional de la Magistratura
El conflicto económico se desarrolla en paralelo con una disputa por el proceso electoral de la Asociación, marcada por impugnaciones, recusaciones y cuestionamientos a la confección de los padrones. Esta acumulación de controversias llevó incluso a que la Red de Jueces, Fiscales y Defensores de la República Argentina (Rejufide) difundiera un pronunciamiento el 24 de octubre, manifestando su preocupación por las denuncias de falta de transparencia y por las dificultades de acceso a la información institucional.
La organización nacional recordó la importancia de la publicidad de los actos de gestión, la rendición de cuentas y el respeto a los mecanismos de fiscalización. Su intervención puso de manifiesto que el conflicto dejó de ser exclusivamente una discusión administrativa entre asociados y comenzó a proyectarse sobre la credibilidad de las instituciones judiciales tucumanas.
La situación presenta una particularidad difícil de ignorar: quienes integran la entidad son precisamente funcionarios que, desde sus respectivos cargos, participan en la aplicación de las leyes, la investigación de hechos y la resolución de controversias. Por esa razón, los estándares de transparencia exigibles a sus autoridades adquieren una relevancia institucional especial.
La apertura de los registros bancarios representa un avance procesal para determinar qué documentación existe, cómo fueron administrados los recursos y si las decisiones económicas se ajustaron a las reglas internas. No obstante, el expediente continúa siendo un proceso civil relacionado con la validez de una asamblea y el acceso a información contable; hasta el momento, los hechos expuestos no permiten afirmar que exista una condena o una responsabilidad penal establecida.
El desenlace dependerá del análisis de la documentación y de las decisiones que adopte la Justicia. Mientras tanto, la Asociación de Magistrados enfrenta una pregunta que trasciende sus disputas internas: cómo recuperar la confianza de sus propios integrantes y de la sociedad cuando la rendición de cuentas de una institución vinculada al Poder Judicial termina convirtiéndose en materia de litigio ante los tribunales.
