Lo que comenzó como una discusión aparentemente menor por el uso de un ascensor terminó convertido en un grave episodio de violencia que dejó a dos jóvenes heridos, uno de ellos internado en terapia intensiva, y abrió un fuerte cuestionamiento a la respuesta de las autoridades judiciales de Tucumán. El hecho ocurrió durante la noche del domingo 25 de octubre, alrededor de las 21, en un edificio ubicado en Muñecas 64, en pleno microcentro de San Miguel de Tucumán. Las víctimas fueron identificadas como Francisco Javier Blasetti García, de 29 años, e Iván, su pareja, quienes, según denunciaron sus familiares, fueron atacados por varias personas después de que se desencadenara una discusión relacionada con una mudanza.
La familia sostiene que la agresión adquirió un carácter homofóbico cuando los involucrados advirtieron que ambos jóvenes mantenían una relación sentimental, una circunstancia que deberá ser investigada para determinar si existió un móvil discriminatorio. Mientras tanto, el caso provocó una creciente indignación en las redes sociales y motivó pronunciamientos de organizaciones de la diversidad y entidades empresariales que reclaman el esclarecimiento de lo sucedido.
De una discusión por el ascensor a una violenta agresión
De acuerdo con el relato difundido por familiares y allegados, el conflicto comenzó cuando se produjo un desacuerdo por la utilización del ascensor del edificio durante una mudanza. Lo que inicialmente habría sido un intercambio de palabras terminó derivando en una agresión física que dejó a ambos jóvenes lesionados. Ivana Espech, madre de Iván, aseguró públicamente que cuatro personas participaron del ataque y denunció que su hijo y su yerno fueron golpeados por ser una pareja de hombres. Su testimonio, difundido a través de las redes sociales y reproducido por distintos medios tucumanos, describe la angustia que atravesó la familia durante las horas posteriores al episodio, especialmente cuando supieron que Francisco había sufrido lesiones que obligaron a su traslado a un centro asistencial.
La Policía confirmó parte de lo sucedido, aunque presentó una reconstrucción que difiere en aspectos relevantes de la denuncia familiar. La subcomisaria Mariana Navarro, segunda jefa de la Comisaría Primera, explicó que la dependencia recibió denuncias por un incidente entre un grupo familiar y dos hombres dentro del edificio. Según la versión policial, inicialmente existieron agresiones verbales y luego se produjo un enfrentamiento físico entre los involucrados. Sin embargo, esa descripción no permite establecer todavía cómo se desarrolló exactamente la secuencia, quién inició las agresiones, qué responsabilidad tuvo cada participante ni si existió una situación de violencia motivada por la orientación sexual de las víctimas. Esas cuestiones deberán esclarecerse mediante las declaraciones testimoniales, las imágenes de las cámaras de seguridad y las pericias médicas correspondientes.
Como consecuencia del episodio, Francisco Blasetti García fue asistido por personal del servicio de emergencias 107 y trasladado a la Clínica Mayo, donde quedó internado en la unidad de terapia intensiva para controles y estudios de mayor complejidad. La Policía confirmó su internación y los medios locales señalaron que había sufrido una importante pérdida de sangre. Iván también resultó herido, aunque su madre indicó que se encontraba fuera de peligro. Hasta la información conocida este martes 27 de octubre, Francisco continuaba hospitalizado y no se había difundido un parte médico completo que permitiera precisar el alcance definitivo de sus lesiones.
La familia reclama respuestas: los denunciados continúan en libertad
Uno de los aspectos que más indignación generó fue la ausencia de detenciones durante las primeras horas posteriores a la agresión. Ivana Espech cuestionó públicamente que, mientras su hijo estaba golpeado y su yerno permanecía internado, las personas señaladas como responsables no hubieran sido detenidas. La mujer relató que la familia aguardó durante la madrugada una decisión de la Fiscalía y que la orden de detención nunca llegó. En su pedido de justicia, dirigido también al gobernador Osvaldo Jaldo y a las autoridades policiales, expresó su preocupación por la gravedad del episodio y por la posibilidad de que otros jóvenes puedan atravesar una situación semejante.
La información oficial aportada por la subcomisaria Navarro confirma que la Unidad Fiscal Criminal N.º 1 tomó intervención en el caso y que, inicialmente, no dispuso medidas privativas de la libertad. También señaló que la Policía realizó tareas de relevamiento de cámaras de seguridad, dio intervención al médico policial y comenzó a reunir elementos probatorios que deberán ser puestos a disposición de los investigadores. La ausencia de detenciones no constituye por sí sola una irregularidad, ya que esas medidas deben cumplir requisitos legales, pero la gravedad de las lesiones y la denuncia de un posible ataque discriminatorio hacen necesario que la Justicia explique cómo avanza la investigación y qué medidas se están adoptando para identificar y determinar las responsabilidades de los participantes.
En las redes sociales comenzaron a circular nombres, fotografías y referencias personales de quienes serían los presuntos agresores. Algunas publicaciones señalan a dos hombres de una misma familia y les atribuyen actividades vinculadas con el fisicoculturismo y la seguridad privada. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación policial o judicial pública suficiente que permita atribuirles responsabilidades penales. La circulación de acusaciones en las redes no reemplaza el trabajo de la Fiscalía ni la necesidad de producir pruebas. Lo que sí está documentado es que dos jóvenes resultaron lesionados, que uno de ellos debió ser internado en terapia intensiva y que existe una investigación destinada a determinar cómo ocurrieron los hechos.
Repudio institucional y una investigación que deberá determinar si hubo odio homofóbico
La repercusión del episodio trascendió rápidamente el ámbito familiar. La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán manifestó su repudio a la agresión sufrida por Francisco Blasetti García, quien integra su Comité Ejecutivo, y expresó su solidaridad con ambas víctimas y sus allegados. La entidad reclamó una pronta actuación judicial que permita esclarecer el hecho y establecer responsabilidades. Por su parte, la organización Orgullo Tucumán también se pronunció contra la violencia denunciada y advirtió sobre la gravedad de que dos personas puedan convertirse en víctimas de una agresión por su orientación sexual.
La dimensión discriminatoria constituye uno de los puntos centrales que deberá abordar la investigación. No alcanza con determinar quién golpeó a quién: también corresponde establecer si durante el enfrentamiento existieron insultos, amenazas o conductas que permitan acreditar que la relación sentimental entre las víctimas influyó en el ataque. La legislación argentina contempla consecuencias penales específicas para determinadas conductas motivadas por persecución u odio, aunque su eventual aplicación depende de las circunstancias del hecho y de las pruebas reunidas. Por eso resulta indispensable que los investigadores analicen el posible móvil homofóbico sin anticipar conclusiones que todavía no cuentan con respaldo judicial.
El caso también interpela a las instituciones provinciales sobre la respuesta frente a episodios de violencia que involucran posibles actos de discriminación. Una discusión entre vecinos, cualquiera sea su origen, nunca puede justificar una golpiza ni relativizar las lesiones sufridas por quienes participaron. Si además se comprueba que la agresión estuvo motivada por la orientación sexual de las víctimas, la gravedad del episodio adquiere una dimensión adicional que exige una respuesta acorde con la legislación vigente.
La Fiscalía tendrá ahora la responsabilidad de reconstruir la secuencia, establecer cuántas personas intervinieron, analizar las pruebas disponibles y determinar si corresponde formular imputaciones. También será fundamental conocer la evolución médica de Francisco Blasetti García, cuyo estado de salud constituye uno de los elementos más relevantes para la investigación.
Mientras la familia espera respuestas y las organizaciones reclaman justicia, lo sucedido en pleno centro tucumano deja una pregunta que no debería quedar sepultada entre las publicaciones y los mensajes de indignación: ¿cómo terminó una discusión por un ascensor con un joven en terapia intensiva?
La respuesta deberá surgir de una investigación seria, sin prejuicios ni privilegios. Porque lo que está en juego no es solamente el esclarecimiento de una golpiza, sino la obligación del Estado de garantizar que ninguna persona sea agredida o discriminada por su orientación sexual y que los hechos de violencia tengan las consecuencias legales que correspondan.
