La aparición de teléfonos celulares utilizados para cometer extorsiones desde el Penal de Villa Urquiza volvió a poner al sistema penitenciario tucumano en el centro de la polémica. Desde la oposición reclamaron avanzar de manera urgente con medidas para impedir que los internos puedan utilizar dispositivos móviles e internet para organizar delitos desde las cárceles.
El planteo se reactivó después de un procedimiento judicial en el que se secuestraron celulares que habrían sido empleados para extorsionar a un detenido relacionado con la causa por los 470 kilos de cocaína. El episodio volvió a encender las alarmas sobre los controles dentro de los establecimientos penitenciarios y sobre las facilidades que tienen algunos presos para mantener comunicaciones con el exterior.
La oposición apunta contra la falta de controles
El cuestionamiento opositor pone el foco en una situación que considera inadmisible: que personas privadas de su libertad puedan disponer de teléfonos y utilizarlos para desarrollar actividades delictivas desde el interior de los pabellones.
El reclamo sostiene que las cárceles no pueden transformarse en lugares desde donde se organicen extorsiones u otros delitos y apunta también a determinar cómo ingresan los dispositivos y qué responsabilidades existen dentro del Servicio Penitenciario.
El caso de Villa Urquiza volvió a mostrar que la discusión no pasa solamente por prohibir los teléfonos, sino también por fortalecer los mecanismos de control para impedir que lleguen a manos de los internos.
Inhibidores y sanciones para quienes faciliten celulares
Desde la oposición también reclamaron que la Legislatura avance con una iniciativa destinada a prohibir el uso de celulares e internet dentro de cárceles y alcaidías tucumanas.
Entre las principales medidas propuestas aparece la instalación de inhibidores de señal en los perímetros carcelarios, con el objetivo de bloquear las comunicaciones móviles.
El esquema contempla además que los internos puedan mantener contacto con familiares mediante sistemas de telefonía fija controlada, evitando así el acceso irrestricto a dispositivos móviles.
Otro punto central es el endurecimiento de las sanciones contra integrantes del personal penitenciario que faciliten el ingreso o utilización de teléfonos. Para la oposición, no alcanza con retirar los aparatos una vez encontrados: también debe investigarse la cadena que permite que esos dispositivos lleguen hasta las celdas.
Un problema que se arrastra desde la pandemia
El uso de celulares dentro de las cárceles tuvo una flexibilización durante la pandemia de coronavirus, cuando se habilitaron mayores posibilidades de comunicación para que los detenidos pudieran mantener contacto con sus familiares ante las restricciones sanitarias.
Desde la oposición consideran que aquella excepción terminó convirtiéndose en un problema permanente y que los controles nunca volvieron a endurecerse de manera suficiente.
El reciente procedimiento en Villa Urquiza volvió a colocar esa discusión sobre la mesa. El reclamo opositor ahora apunta a que la Legislatura deje de postergar el debate y establezca un régimen que combine prohibición de celulares, inhibidores de señal, comunicaciones controladas y sanciones para quienes permitan el ingreso de los dispositivos.
El trasfondo es una preocupación mayor: evitar que las cárceles tucumanas terminen funcionando como plataformas desde las cuales los detenidos puedan continuar operando fuera de los muros.
