Un conflicto por el manejo administrativo y financiero del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán expuso una fuerte interna dentro del Gobierno provincial. El interventor del organismo, José Ricardo Ascárate, y la subinterventora Ingrid Lausberg intercambiaron intimaciones, reproches y acusaciones mediante expedientes oficiales.
La controversia supera una diferencia personal. En el centro de la discusión está quién tiene la autoridad para impartir órdenes, solicitar información sobre el personal y controlar los recursos de un organismo clave para la fiscalización de los servicios públicos.
El enfrentamiento también deja al descubierto las dificultades generadas por la decisión del Poder Ejecutivo de incorporar una subintervención con autonomía administrativa y financiera sin delimitar con suficiente claridad su relación con la intervención que ya conducía el ente.
Una intimación que abrió la pelea por el mando
El conflicto comenzó a partir de un pedido de informes dirigido por la Intervención a la Unidad de Recursos Humanos. La solicitud buscaba conocer la situación de revista de 13 agentes y establecía un plazo de 24 horas para responder.
Lausberg objetó la medida y exigió formalmente que Ascárate cesara cualquier orden, instructivo o requerimiento relacionado con el área administrativa y financiera que no contara con su intervención.
La funcionaria consideró que el pedido implicaba una intromisión en las competencias que le fueron asignadas cuando se creó su cargo. Incluso advirtió sobre una posible usurpación de funciones y mencionó artículos del Código Penal vinculados con el abuso de autoridad y los delitos contra la Administración Pública.
Además, dispuso que Recursos Humanos remitiera la documentación a la Subintervención para su revisión y control de legalidad. También reservó la posibilidad de elevar las actuaciones al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía de Estado y a la Justicia Penal.
El tono de la presentación mostró la profundidad del cortocircuito. Una cuestión que podría haber sido resuelta mediante una instrucción interna terminó convertida en un expediente con advertencias penales entre las dos máximas autoridades del organismo.
Ascárate rechazó las acusaciones y defendió sus facultades
La respuesta del interventor llegó al día siguiente. Ascárate rechazó la intimación y sostuvo que la creación de la Subintervención Administrativa Financiera no eliminó las atribuciones que tenía asignadas como máxima autoridad del Ersept.
Su argumento se apoyó en el propio decreto que creó el nuevo cargo. Según remarcó, la autonomía concedida a la subinterventora rige sin perjuicio de las competencias que conserva la Intervención.
Ascárate afirmó que continúa ejerciendo las facultades del Directorio previstas en la legislación provincial y aseguró que solicitar información sobre la situación laboral de los agentes forma parte de la administración ordinaria del organismo.
También descartó que el requerimiento pudiera constituir un delito y calificó como infundadas las advertencias realizadas por Lausberg. Finalmente, exigió que Recursos Humanos respondiera el pedido original y cuestionó la demora en la entrega de los informes.
La contestación confirmó que ninguna de las partes está dispuesta a reconocer la interpretación de la otra. Mientras la subinterventora reivindica una autonomía exclusiva en materia administrativa y financiera, el interventor sostiene que sigue siendo la máxima autoridad y que conserva las facultades generales de conducción.
Una estructura creada por el Ejecutivo que ahora exhibe sus fisuras
El enfrentamiento se produce tres meses después de que la Legislatura ratificara el decreto del Poder Ejecutivo que creó la Subintervención Administrativa Financiera y designó a Lausberg al frente de esa área.
La incorporación de una segunda autoridad dentro del Ersept fue presentada como una reorganización institucional. Sin embargo, el expediente que enfrenta a ambos funcionarios indica que las atribuciones no quedaron claramente delimitadas o, al menos, que existen interpretaciones completamente opuestas sobre su alcance.
El resultado es una conducción dividida dentro de un organismo encargado de controlar servicios sensibles para la población, como la energía eléctrica, el agua potable y el transporte público.
La disputa también coloca al Poder Ejecutivo ante la necesidad de intervenir políticamente. El Gobierno deberá definir quién puede impartir instrucciones sobre el personal y los recursos, hasta dónde llega la autonomía de la subinterventora y qué facultades conserva el interventor.
Mientras no exista una resolución, el Ersept continuará funcionando con dos autoridades que se desconocen mutuamente competencias y que trasladaron su pelea a expedientes administrativos.
El cortocircuito exhibe una falla que nació en el propio diseño del Gobierno: se creó un nuevo espacio de poder dentro del ente, pero no se evitó la superposición con la conducción existente. Ahora, la interna amenaza con afectar el funcionamiento de uno de los principales organismos de control de Tucumán.
