La Municipalidad de Tafí Viejo quedó envuelta en un conflicto laboral luego de que la Asociación Trabajadores del Estado denunciara el despido de diez empleados del área de Hábitat. El gremio aseguró que las desvinculaciones se produjeron sin notificación formal, sin preaviso y sin el pago de las liquidaciones correspondientes.
Los trabajadores afectados, acompañados por familiares y vecinos, protestaron frente al edificio municipal para exigir su reincorporación y una audiencia con la intendenta Alejandra Rodríguez. Mientras se desarrollaba la manifestación, la sede comunal permaneció bajo una importante custodia policial.
Según ATE, los empleados tenían entre 15 y 18 años de antigüedad prestando servicios para el municipio. Pese a esa extensa trayectoria, habrían mantenido durante todo ese tiempo una relación laboral precaria.
Denuncian que cobraban por billeteras virtuales
El sindicato sostuvo que los trabajadores percibían ingresos cercanos a los $440.000 y que los pagos se realizaban mediante billeteras virtuales, una modalidad que abrió interrogantes sobre las condiciones bajo las cuales estaban vinculados con la administración municipal.
De acuerdo con el planteo gremial, los diez empleados cumplían funciones en el área de Hábitat, pero fueron separados de sus puestos sin recibir una comunicación administrativa que explicara los motivos de la decisión.
ATE también denunció que se colocaron candados en las oficinas donde funcionaba el área para impedirles el ingreso. La medida habría sido adoptada antes de que los trabajadores recibieran una respuesta formal sobre su situación.
El reclamo no se limita, por lo tanto, a la pérdida de los puestos. El gremio exige que el municipio explique qué tipo de contratación mantuvo durante más de una década con esas personas y por qué la relación laboral habría terminado sin un procedimiento previo.
ATE apunta a la intendenta Alejandra Rodríguez
El secretario general de ATE, José Gallo Alderete, informó que mantuvieron una reunión con representantes del Ejecutivo municipal. Según relató, los funcionarios les señalaron que los motivos de las desvinculaciones debían ser explicados por la intendenta.
A partir de esa respuesta, el sindicato solicitó una audiencia formal con Alejandra Rodríguez. Sin embargo, hasta el momento de la protesta, los representantes gremiales aseguraron que no habían sido recibidos.
La falta de una explicación oficial profundizó el malestar. Para ATE, después de entre 15 y 18 años de prestación de servicios, el municipio no puede limitarse a cerrar las oficinas y dejar a los trabajadores sin ingresos.
Desde el gremio también rechazaron que la protesta responda a una interna política. Gallo Alderete remarcó que se trata de un reclamo laboral y que detrás de cada desvinculación hay una familia que perdió su sustento económico.
Anunciaron medidas por tiempo indeterminado
En una asamblea, los trabajadores resolvieron realizar un quite de colaboración y sostener las medidas de fuerza por tiempo indeterminado. La continuidad del conflicto dependerá ahora de la respuesta que brinde el Ejecutivo municipal.
ATE reclama la reincorporación de los despedidos, el pago de los haberes pendientes y una explicación sobre la decisión adoptada. También exige que la intendenta intervenga personalmente en la negociación.
El caso expone nuevamente la precariedad laboral dentro de las administraciones públicas. Si se confirma que los trabajadores prestaron servicios durante casi dos décadas sin estabilidad, el municipio deberá explicar por qué mantuvo esa modalidad y cuáles eran las condiciones contractuales reales.
Mientras no exista una respuesta formal, el conflicto continuará abierto. Los empleados aseguran que no abandonarán el reclamo y el gremio anticipó que profundizará las protestas hasta obtener una solución.
