El Gobierno de Tucumán volvió a extender una mano al sector empresario del transporte público. Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el gobernador Osvaldo Jaldo autorizó una nueva adenda a los contratos de leasing firmados con las empresas nucleadas en AETAT, que habían recibido 100 ómnibus cero kilómetro adquiridos por la Provincia.
La medida concede otros seis meses de gracia para el pago del capital adeudado por las unidades. En criollo: los empresarios seguirán usando los colectivos, pero contarán con más tiempo para empezar a devolver el dinero correspondiente a la inversión realizada con fondos públicos.
El argumento oficial apunta a la “difícil y angustiosa situación” que atraviesan las compañías, que alegaron endeudamiento, suba de costos salariales, aumentos en insumos y encarecimiento del combustible. Así, bajo el paraguas de la crisis del transporte, el beneficio vuelve a recaer sobre las prestatarias.
Colectivos, subsidios y boleto: el combo de siempre
La operatoria original contemplaba que las empresas cancelaran el 90% del capital financiado en 36 meses, con intereses sobre saldos. Sin embargo, en octubre de 2025 ya se había aprobado una primera adenda con seis meses de gracia. Ahora, el nuevo decreto amplía el plazo total de pago de 54 a 60 meses.
No es el único alivio. La norma también fija una alícuota del 0% en el Impuesto de Sellos para las nuevas adendas, de modo que la refinanciación tampoco les genere costos adicionales a las empresas beneficiadas.
El cuadro se completa con otro dato sensible: mientras se otorgan facilidades para pagar los colectivos, la Provincia continúa sosteniendo al sistema con subsidios millonarios. Sólo en abril, según la publicación, se destinaron más de $7.600 millones a las empresas del transporte público. Al mismo tiempo, AETAT mantiene la presión para que se autorice un nuevo aumento del boleto en San Miguel de Tucumán.
Los usuarios miran desde la parada
La postal tiene una ironía difícil de disimular: los empresarios reciben unidades compradas por el Estado, obtienen prórrogas para pagar, acceden a alivios impositivos y siguen reclamando subsidios y aumentos de tarifa. Del otro lado, los usuarios siguen esperando colectivos, sufriendo frecuencias irregulares y pagando cada vez más por un servicio que rara vez mejora al ritmo de los beneficios otorgados.
La decisión oficial vuelve a mostrar el peso político del sector transporte en Tucumán. Cada vez que el sistema amenaza con crujir, aparece una nueva herramienta para evitar el colapso: subsidios, boletos más caros, refinanciaciones o períodos de gracia.
Y así, entre decretos, adendas y millones, el baile continúa. Para las empresas, seis meses más de oxígeno. Para los usuarios, la misma pregunta de siempre: cuándo llegará el alivio para quienes todos los días dependen del colectivo para trabajar, estudiar o moverse por la provincia.
