Los periodistas Roque Galeano, Martín Faciano y Mauricio Formoso presentaron en la Legislatura provincial un pedido de juicio político contra el presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán, Miguel Chaibén Terraf, por presunto mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público.
La presentación, realizada durante la tarde de ayer, quedó inmediatamente atravesada por una lectura política: los denunciantes son señalados como comunicadores ligados al sector del diputado nacional Carlos Cisneros, quien mantiene desde hace tiempo un fuerte enfrentamiento con Terraf.
Ese antecedente le da al planteo un alcance que excede lo estrictamente administrativo. La denuncia vuelve a poner bajo tensión la relación entre el espacio político-sindical que responde al referente bancario y el titular del órgano encargado del control de las cuentas públicas de la Provincia.
La obra en Benjamín Paz, en el centro del planteo
El escrito cuestiona el control preventivo sobre una obra ejecutada en el Complejo Penitenciario de Benjamín Paz. Según la presentación, una investigación periodística del medio Enterate Noticias habría señalado que Chaibén Terraf sugirió una vía de convalidación posterior mediante decreto para regularizar trabajos que ya se encontraban realizados.
Los denunciantes vinculan esa publicación con el posterior Decreto N° 850/8, a través del cual se habría aprobado el gasto y el pago de $294.852.768,52 a la firma HAGA U.T. por obras en el establecimiento socioeducativo “San José Gabriel del Rosario Brochero”.
En esa línea, pidieron a la Comisión de Juicio Político que requiera expedientes, decretos, informes y documentación oficial para determinar si existió control preventivo oportuno y si hubo intervención del titular del Tribunal de Cuentas en la presunta maniobra.
El choque Cisneros-Terraf vuelve a escena
El punto central de la denuncia, según sostienen los comunicadores, no es la necesidad de la obra ni el contenido del decreto, sino la secuencia institucional que habría derivado en la aprobación y pago de trabajos ya ejecutados. Para los denunciantes, la gravedad estaría en una eventual desnaturalización del control preventivo que debe ejercer el Tribunal de Cuentas sobre el uso de fondos públicos.
La presentación se suma a una disputa que ya venía escalando en la política tucumana. En 2024, Cisneros había apuntado públicamente contra Terraf y había anticipado la posibilidad de impulsar un juicio político en medio del conflicto entre el Tribunal de Cuentas y la Caja Popular de Ahorros.
Ahora, el nuevo planteo legislativo vuelve a colocar al presidente del organismo de control en el centro de la escena y reactiva el capítulo institucional de una pelea que combina denuncias administrativas, disputas de poder y alineamientos políticos dentro del oficialismo tucumano.
