El Gobierno de Osvaldo Jaldo presentó la ampliación del sistema penitenciario como una de sus principales respuestas al histórico hacinamiento en las comisarías tucumanas. Nuevas plazas, traslados de detenidos y la promesa de devolver policías a las calles formaron parte del discurso oficial. Sin embargo, el violento episodio registrado en la Comisaría de Alberdi volvió a demostrar que las dependencias policiales continúan funcionando como lugares de alojamiento de presos y soportando situaciones para las que no fueron diseñadas.
Este lunes, detenidos alojados en esa dependencia levantaron una barricada con colchones y frazadas, se armaron con elementos metálicos y se enfrentaron con los efectivos. Un policía terminó herido en un muslo con una punta y, cuando finalmente se abrió el sector de arresto, algunos presos intentaron escapar. Durante la requisa posterior también se encontraron teléfonos celulares y armas blancas caseras.
De la promesa de sacar presos de las comisarías a otra revuelta
La escena contrasta directamente con uno de los objetivos que Jaldo había colocado en el centro de su política penitenciaria.
Cuando avanzó la construcción y ampliación del complejo de Benjamín Paz, el Gobierno sostuvo que las nuevas plazas permitirían trasladar internos y reducir la cantidad de detenidos en dependencias policiales. En septiembre de 2025, el propio gobernador aseguró que con la ampliación se iban a “alivianar las comisarías” y que eso permitiría disponer de más policías para tareas preventivas en las calles.
La Provincia hizo una inversión importante: la segunda etapa de Benjamín Paz incorporó cientos de nuevas plazas y fue presentada oficialmente como un cambio estructural en el sistema penitenciario. También se habilitó el complejo de Delfín Gallo para ampliar la capacidad de alojamiento.
Pero el episodio de Alberdi muestra que el problema está lejos de haber desaparecido.
Policías que siguen custodiando presos en vez de estar en la calle
El argumento oficial para ampliar el sistema penitenciario no apuntaba únicamente a mejorar las condiciones de detención. También buscaba terminar con una anomalía que Tucumán arrastra desde hace años: policías destinados a custodiar presos dentro de comisarías en lugar de cumplir tareas de prevención y seguridad.
Jaldo llegó a presentar la ampliación de Benjamín Paz bajo una idea concreta: cada detenido trasladado a una cárcel permitiría liberar personal policial y devolverlo a las calles. El Gobierno también sostuvo que la obra debía terminar con la utilización permanente de las comisarías como centros de detención.
Sin embargo, en Alberdi no solamente había presos alojados en una dependencia policial. También fue necesario desplegar personal de Infantería para controlar la revuelta, intervenir frente a una barricada, contener enfrentamientos entre los propios detenidos y evitar posibles fugas.
El resultado fue exactamente la situación que la reforma penitenciaria prometía dejar atrás: policías ocupados en controlar una crisis dentro de una comisaría y uno de ellos terminado en el hospital.
Más cárceles, pero una vieja problemática que continúa
No se puede afirmar que durante la gestión de Jaldo no haya habido ampliación de la infraestructura penitenciaria. La hubo. Benjamín Paz sumó capacidad y el Gobierno avanzó con nuevas instalaciones.
El problema es que la inversión todavía no alcanzó para cumplir plenamente uno de los objetivos políticos que acompañó esas obras: descomprimir las comisarías y terminar con la utilización de dependencias policiales como lugares permanentes de alojamiento.
La revuelta en Alberdi vuelve a poner ese contraste sobre la mesa.
Después de las inauguraciones, los anuncios y las nuevas plazas, todavía existen detenidos alojados en comisarías, policías afectados a su custodia, armas improvisadas dentro de los calabozos y hasta celulares en poder de los presos.
Jaldo prometió modificar el sistema penitenciario y liberar a las comisarías de una función que no les corresponde. Las obras avanzaron, pero la realidad de Alberdi demuestra que la transformación todavía está incompleta.
Y mientras esa promesa no termine de concretarse, las comisarías seguirán expuestas a episodios como el ocurrido esta semana: dependencias pensadas para brindar seguridad a los vecinos convertidas, otra vez, en escenarios de tensión carcelaria.
