En una provincia donde los recursos públicos y su distribución son motivo permanente de discusión, una nueva decisión administrativa vuelve a poner el foco sobre el funcionamiento del Poder Judicial de Tucumán. Mediante el Decreto N° 2.380/3 (SH), firmado el 29 de septiembre de 2026 y publicado este miércoles 21 de octubre en el Boletín Oficial, el gobernador Osvaldo Jaldo autorizó una adecuación presupuestaria de $29.970 millones destinados a reforzar las partidas salariales de la Justicia provincial, una cifra considerable que invita a examinar no solamente cuánto cuesta sostener su estructura, sino también qué resultados obtiene la sociedad a cambio.
El decreto responde a una solicitud formulada por el propio Poder Judicial para incrementar los créditos de la partida correspondiente a gastos en personal del Presupuesto General 2026. Los fondos provienen de créditos adicionales del Tesoro provincial y fueron redistribuidos entre distintas dependencias judiciales, principalmente la Corte Suprema de Justicia, los centros judiciales del interior, la Justicia de Paz, la Junta Electoral y el Consejo Asesor de la Magistratura.
La resolución no significa que se haya dispuesto un aumento salarial por ese monto ni que los casi $30.000 millones representen el costo total anual de los sueldos judiciales. Se trata de una ampliación de las autorizaciones presupuestarias para atender remuneraciones, mediante una reasignación de fondos ya contemplados dentro de la estructura presupuestaria provincial. Sin embargo, la magnitud de la operación vuelve pertinente una discusión sobre el peso económico de la Justicia y la necesidad de evaluar el desempeño de un servicio público esencial.
La cuestión adquiere particular sensibilidad porque, para quienes atraviesan un proceso judicial que se prolonga durante años, la eficiencia no se mide solamente mediante estadísticas institucionales, sino por la posibilidad concreta de obtener una respuesta en un plazo razonable. Juicios laborales, conflictos familiares, reclamos civiles o investigaciones penales pueden tener consecuencias profundas en la vida de las personas cuando sus resoluciones se demoran.
Cómo se distribuyen los casi $30.000 millones destinados a remuneraciones
La documentación oficial permite conocer detalladamente cómo se repartieron los fondos. La mayor asignación corresponde a la Corte Suprema de Justicia, que recibió una ampliación de $19.445 millones, equivalente a aproximadamente el 65% del total autorizado. Esta partida está identificada presupuestariamente como retribución del cargo y comprende recursos destinados al personal encuadrado dentro de esa unidad administrativa, por lo que no debe interpretarse como una suma asignada exclusivamente a los integrantes del máximo tribunal.
El segundo monto más importante corresponde al Centro Judicial Concepción, con $4.220 millones, mientras que la Justicia de Paz Letrada recibió $3.720 millones. Al Centro Judicial Monteros se destinaron $973 millones y al Centro Judicial del Este, $526 millones. La Junta Electoral Provincial obtuvo una ampliación de $546 millones, mientras que el Consejo Asesor de la Magistratura fue incluido con otros $540 millones.
En conjunto, las siete asignaciones totalizan los $29.970 millones autorizados en el decreto. Todas se encuentran encuadradas en la partida subparcial 111, denominada Retribución del Cargo, dentro de la estructura presupuestaria de gastos de personal.
El documento establece que los recursos se extraen de la jurisdicción correspondiente a Obligaciones a Cargo del Tesoro, dentro de Créditos Adicionales, para incrementar las partidas del Poder Judicial. Por lo tanto, se trata de una modificación en la distribución de las autorizaciones de gasto y no necesariamente de una erogación ya efectuada.
El decreto tampoco informa cuántos magistrados, funcionarios o empleados serán alcanzados, cuáles son sus remuneraciones individuales ni qué proporción de los fondos corresponde a cada categoría. Para determinar el costo salarial completo de la Justicia tucumana sería necesario analizar el presupuesto consolidado, la planta de personal, sus escalas remunerativas y la ejecución acumulada durante el ejercicio.
El refuerzo presupuestario tampoco constituye una medida aislada. Durante 2026, el Poder Judicial ya había gestionado otras adecuaciones de partidas destinadas a personal y funcionamiento, en un contexto de actualizaciones salariales y modificaciones presupuestarias.
La discusión de fondo, por lo tanto, no debería limitarse a la existencia de estos recursos, necesarios para sostener el funcionamiento de tribunales y juzgados, sino a la transparencia de su utilización y a la posibilidad de vincular el gasto público con resultados verificables.
Una Justicia bajo cuestionamientos por sus demoras, aunque con mejoras reconocidas en las estadísticas oficiales
La lentitud de los procesos judiciales constituye uno de los cuestionamientos recurrentes hacia la administración de Justicia. Para una persona que espera el reconocimiento de un derecho laboral, una sentencia sobre alimentos o la resolución de un conflicto patrimonial, el paso del tiempo puede convertirse en una forma adicional de perjuicio. Lo mismo sucede con las víctimas de delitos que aguardan una definición judicial y con los acusados que tienen derecho a que su situación se resuelva sin dilaciones indebidas.
Otros indicadores permiten observar que todavía existen procesos que requieren plazos considerables. Por ejemplo, el tiempo promedio de resolución de los juicios de desalojo se redujo de 887 días en 2021 a 352 días en 2025. Aunque la mejora es significativa, esos 352 días representan casi un año para quienes necesitan recuperar un inmueble o resolver un conflicto habitacional.
Los números muestran una realidad que merece un análisis equilibrado: existen avances concretos en determinados procedimientos, pero eso no significa que todas las demoras hayan desaparecido ni que las experiencias de los usuarios del sistema sean necesariamente satisfactorias.
En ese contexto, los $29.970 millones incorporados a las partidas salariales plantean un interrogante legítimo: ¿en qué medida los recursos públicos destinados al Poder Judicial se traducen en una mayor capacidad para resolver conflictos y garantizar el acceso oportuno a la Justicia?
El costo de la Justicia y una pregunta pendiente: ¿qué reciben los tucumanos a cambio?
El Poder Judicial es una institución indispensable para el funcionamiento democrático y necesita recursos suficientes para garantizar su independencia, sostener sus estructuras y contar con personal capacitado. Reducir su presupuesto de manera indiscriminada no necesariamente mejoraría el servicio y podría profundizar las dificultades que enfrentan tribunales, magistrados y empleados.
Pero esa necesidad institucional no elimina la obligación de rendir cuentas. Por el contrario, cuanto mayores son los recursos involucrados, más importante resulta que la ciudadanía pueda conocer cómo se distribuyen y qué resultados producen.
En momentos en que la discusión sobre las prioridades del gasto público ocupa un lugar central en Tucumán, el funcionamiento de la Justicia no puede quedar al margen. Los fondos destinados al Poder Judicial provienen de los recursos de la provincia y forman parte del mismo presupuesto que debe atender necesidades de salud, educación, seguridad e infraestructura.
Esto no significa enfrentar esos servicios con la administración judicial, sino exigir que todos los poderes del Estado puedan justificar sus decisiones presupuestarias mediante información clara, accesible y comparable.
Porque, en definitiva, una Justicia eficiente no puede medirse solamente por el dinero que recibe ni por la cantidad de sentencias que produce, sino por su capacidad de resolver los conflictos con independencia, transparencia y dentro de plazos razonables.
Y esa es la discusión que debería acompañar cada decisión presupuestaria: no solamente cuánto cuesta mantener el Poder Judicial, sino qué tan accesible, oportuna y efectiva resulta la Justicia que reciben los tucumanos.
