Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que el 85,5% de los recursos disponibles del Fondo Hídrico nacional estaba colocado en Letras del Tesoro al 1 de junio de 2026. Mientras tanto, las obras de prevención de inundaciones en Monteros y Juan Bautista Alberdi registran avances inferiores al 26%. La situación genera preocupación ante una temporada de lluvias marcada por el fenómeno de El Niño.
En momentos en que Tucumán se prepara para afrontar una nueva temporada de lluvias, un informe nacional puso bajo la lupa el destino de los recursos destinados a prevenir inundaciones y dejó al descubierto una situación que afecta directamente al sur provincial. Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado el 26 de octubre, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) mantenía al 1 de junio de 2026 unos $290.676 millones invertidos en Letras del Tesoro Nacional, mientras buena parte de los proyectos que debía financiar permanecían paralizados, suspendidos o con niveles mínimos de ejecución. Entre las obras afectadas aparecen dos intervenciones largamente esperadas por los vecinos de Monteros y Juan Bautista Alberdi, ciudades que históricamente han sufrido las consecuencias de crecidas, anegamientos y deficiencias en sus sistemas de desagües.
El dato más llamativo surge de la comparación entre el dinero disponible y su utilización efectiva. El fondo, creado en 2001 y financiado con el 4,31% del impuesto a los combustibles, tenía activos por aproximadamente $339.993 millones, de los cuales el 85,5% estaba invertido en títulos de deuda nacional. Esta proporción corresponde a los recursos disponibles en la fecha analizada, no al total de los ingresos históricos del organismo. Sin embargo, el informe expone un cambio significativo en las prioridades financieras: entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron $611.667 millones, expresados en valores de 2026, pero apenas $140.971 millones se destinaron al pago de obras. En otras palabras, por cada $100 recibidos, solamente $23 fueron aplicados a infraestructura hídrica.
La situación adquiere especial relevancia frente a las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, que en su informe de octubre confirmó la presencia de un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad y anticipó su continuidad durante el último trimestre de 2026. Aunque este escenario no implica que todas las localidades tucumanas necesariamente registrarán precipitaciones extraordinarias, incrementa la importancia de contar con obras de prevención y mecanismos de respuesta adecuados.
Monteros y Alberdi: proyectos anunciados que quedaron a mitad de camino
En Tucumán, las consecuencias de la falta de continuidad del financiamiento nacional pueden observarse en dos proyectos específicos. El primero es el Canal de Alivio Sur del Arroyo El Tejar, en Monteros, una intervención diseñada para disminuir el riesgo de inundaciones mediante el desvío de parte del escurrimiento hacia el río Pueblo Viejo. Según los registros del portal oficial MapaInversiones, el proyecto tiene un costo estimado de $846.759.388 y registra un avance físico del 25,10%. La investigación publicada por Tendencia de Noticias también señala una ejecución financiera del 32,59%, números que reflejan la distancia entre la infraestructura proyectada y la efectivamente realizada.
El segundo caso corresponde al Desagüe Canal Matriz El Badén, en Juan Bautista Alberdi, concebido para controlar el agua que desciende desde el piedemonte y afecta las áreas urbanas. Esta obra presenta una situación todavía más comprometida: sobre una inversión estimada de $115.415.184, el avance físico informado alcanza apenas el 12,57%, mientras que la ejecución financiera se ubica en el 9,69%. Ambas intervenciones fueron incluidas por el relevamiento periodístico entre los proyectos cuyos convenios resultaron afectados por las decisiones de rescisión y paralización del financiamiento nacional.
No se trata de iniciativas recientes. Durante febrero de 2021, el entonces gobernador Juan Manzur gestionó en Buenos Aires convenios de infraestructura hídrica junto con autoridades municipales de Monteros y Alberdi. Posteriormente, en septiembre de 2022, Osvaldo Jaldo, que ejercía interinamente la Gobernación, anunció acuerdos para cinco obras de desagües pluviales por un monto global de $1.800 millones. Las intervenciones fueron presentadas como soluciones para disminuir la vulnerabilidad de comunidades expuestas recurrentemente a inundaciones.
En el caso de Alberdi, además de las restricciones presupuestarias, existieron dificultades territoriales. Un dictamen de la Fiscalía de Estado de Tucumán, identificado con el número 1646/23, abordó una denuncia por la ocupación irregular de terrenos fiscales próximos al río Marapa, sobre la Ruta Provincial 308. De acuerdo con los antecedentes publicados, la instalación de estructuras privadas dentro del dominio público hidráulico obstaculizaba la ejecución de los trabajos. El episodio demuestra que los inconvenientes no estuvieron limitados exclusivamente al financiamiento nacional, sino que también involucraron dificultades administrativas y territoriales que debían resolverse a nivel provincial.
Millones inmovilizados y una política de infraestructura bajo cuestionamiento
El informe del CEPA revela que la problemática supera ampliamente los límites de Tucumán. Sobre un universo de 24 obras iniciadas con financiamiento del Fondo Hídrico, 13 registran convenios rescindidos, dos fueron neutralizadas, ocho continúan formalmente en ejecución y solamente una figura como finalizada. Los contratos correspondientes a las obras canceladas o suspendidas representan aproximadamente $144.818 millones, equivalentes al 39,7% del valor de la cartera analizada.
El contraste se profundiza al examinar las operaciones financieras. Durante los primeros cinco meses de 2026, el fondo percibió $59.747 millones en intereses por sus inversiones en Letras del Tesoro, una cifra prácticamente equivalente a los $61.082 millones destinados al pago de obras durante el mismo período. Para el CEPA, esta situación implica que una herramienta creada específicamente para financiar infraestructura terminó funcionando, en los hechos, como una fuente de financiamiento del propio Tesoro Nacional.
La colocación de recursos públicos en instrumentos financieros no constituye automáticamente una irregularidad ni demuestra que el dinero haya desaparecido. Los títulos representan activos que pueden generar rendimientos y ser recuperados según sus condiciones de vencimiento. La discusión de fondo radica en determinar si esas inversiones resultan compatibles con la normativa, los compromisos asumidos y las necesidades de ejecución de las obras que justifican la existencia del fideicomiso. El CEPA cuestiona precisamente esa orientación y sostiene que el régimen del Fondo Hídrico no contempla la inversión financiera como destino de sus recursos.
A esto se suma otra observación significativa: un préstamo del Banco Mundial por USD 200 millones, identificado como BIRF 9516-AR y aprobado en 2023 para mejorar la infraestructura resiliente al clima y reducir el riesgo de inundaciones urbanas, registraba una ejecución del 0% según el relevamiento. Aunque ese crédito corresponde a un programa nacional y no puede considerarse automáticamente asignado a Tucumán, su falta de utilización constituye otro elemento de discusión sobre las prioridades de inversión pública frente a los riesgos climáticos.
El Niño y una pregunta pendiente: ¿quién garantiza la prevención?
Mientras las obras nacionales permanecen inconclusas, el Gobierno tucumano asegura que desarrolla su propio Plan Integral de Prevención Hídrica 2026-2027, con tareas de limpieza de canales, encauce de ríos, protección de márgenes y mantenimiento de infraestructura. El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, informó durante octubre que el programa provincial había alcanzado entre el 85% y el 90% de ejecución y que se esperaba completar los trabajos previstos durante la primera quincena de noviembre.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre los trabajos de mantenimiento preventivo y las obras estructurales de canalización, derivación y protección contra inundaciones. La limpieza de cauces y la remoción de sedimentos pueden mejorar el escurrimiento del agua, pero no necesariamente reemplazan la capacidad hidráulica que debía aportar una infraestructura diseñada para modificar el comportamiento de los cursos de agua en zonas urbanas vulnerables.
El escenario plantea interrogantes concretos para las autoridades nacionales y provinciales. ¿Existe un cronograma para retomar las obras de Monteros y Alberdi? ¿Se encuentran formalmente rescindidos los contratos y cuáles fueron sus fundamentos administrativos? ¿Qué destino tendrán los montos originalmente comprometidos y quién financiará la terminación de los proyectos? ¿Se realizaron evaluaciones técnicas actualizadas para determinar si las intervenciones preventivas actualmente ejecutadas resultan suficientes frente a los riesgos identificados?
La responsabilidad institucional exige distinguir las competencias. El financiamiento y la continuidad de los proyectos nacionales corresponden a los organismos que asumieron esos compromisos, mientras que la Provincia y los municipios mantienen obligaciones propias en materia de prevención, mantenimiento, ordenamiento territorial y respuesta ante emergencias. Ninguna de estas responsabilidades debería diluirse en la discusión política sobre la distribución de los recursos.
En definitiva, el informe del CEPA deja al descubierto una contradicción que merece explicaciones: mientras miles de millones de pesos del Fondo Hídrico permanecían colocados en instrumentos financieros, numerosas obras destinadas a reducir las consecuencias de las inundaciones no avanzaban al ritmo previsto. En Tucumán, esa situación tiene nombres y lugares concretos: el arroyo El Tejar, en Monteros, y el Canal Matriz El Badén, en Alberdi.
El verdadero costo de una obra hidráulica inconclusa no puede medirse únicamente por los certificados pendientes o las partidas presupuestarias sin ejecutar. También debe evaluarse por la protección que todavía no ofrece a quienes viven y trabajan en las zonas expuestas. Con El Niño instalado y una nueva temporada de lluvias por delante, la pregunta central ya no es solamente cuánto dinero tiene disponible el Estado, sino por qué obras consideradas necesarias para prevenir inundaciones siguen sin terminarse.
