La desaparición de Raúl Alfredo Moyano, el docente jubilado de 59 años cuyo paradero se desconoce desde el 12 de octubre, puso en el centro de la discusión los protocolos de búsqueda y rescate de la Policía de Tucumán. Mientras los equipos especializados continúan recorriendo sectores del cerro Ñuñorco Grande, el jefe de la fuerza, Joaquín Girvau, defendió el operativo y aseguró que existe disposición para incorporar mejoras. Sus declaraciones se produjeron en medio de los cuestionamientos de familiares que consideran que durante los primeros días no se desplegaron todos los recursos necesarios.
El funcionario sostuvo que se está realizando un importante esfuerzo para encontrar a Moyano y explicó que las condiciones meteorológicas impidieron utilizar helicópteros y drones durante parte de los rastrillajes. También aseguró que los equipos especiales fueron convocados siguiendo los procedimientos establecidos y que, antes de cumplirse 36 horas, ya contaban con información sobre una posible ubicación del hombre desaparecido.
La defensa policial frente a los cuestionamientos
Girvau explicó que la intervención comenzó cuando la comisaría de El Mollar recibió la denuncia y movilizó a efectivos de la Unidad Regional Oeste. Posteriormente se incorporó el Grupo Cero, especializado en operaciones complejas. Según el jefe policial, el protocolo contempla la instalación de una base operativa, la recopilación de información sobre la persona extraviada y la planificación de los rastrillajes, incluyendo la posibilidad de convocar a organizaciones civiles.
El titular de la fuerza destacó además la capacitación de los rescatistas y afirmó que los procedimientos se actualizan a partir de nuevas experiencias y conocimientos. No obstante, la existencia de un protocolo no resuelve por sí sola los interrogantes sobre su aplicación concreta: cuánto tiempo transcurrió entre la denuncia y el despliegue de cada equipo, qué recursos estuvieron efectivamente operativos durante las primeras jornadas y cómo se comunicaron las decisiones a los familiares.
La explicación sobre las dificultades climáticas constituye un elemento relevante, especialmente por los riesgos que representa la montaña. Sin embargo, resulta necesario distinguir entre los medios que estaban disponibles y aquellos que pudieron utilizarse efectivamente. El helicóptero y los drones se incorporaron a distintas etapas del operativo, mientras que el jueves 22 de octubre una mejora meteorológica permitió intensificar los trabajos. Según el comisionado comunal de El Mollar, Ramón Ávila, alrededor de 100 efectivos participaban de las tareas.
La familia cuestiona la respuesta inicial y reclama información
Los planteos de los familiares exponen una mirada diferente sobre el desarrollo de la búsqueda. Suyay Moyano, hija del docente, sostuvo públicamente que durante las primeras jornadas se minimizó la situación y cuestionó tanto la intensidad del despliegue como las dificultades para acceder a información sobre las decisiones operativas. Aunque reconoció que existieron rastrillajes desde el comienzo, consideró que la respuesta inicial no tuvo la magnitud que exigía la emergencia.
También denunció que la familia debió acercarse reiteradamente a consultar sobre el avance de los trabajos, sin contar con un mecanismo de comunicación suficientemente claro. A esto se sumaron los planteos de Liliana Tunkiewiez, pareja de Moyano, quien reclamó mayor respaldo político, más recursos y la participación de especialistas con experiencia específica en el terreno.
Estos cuestionamientos no demuestran por sí mismos que haya existido negligencia, pero tampoco pueden ser descartados únicamente con la afirmación de que se actuó conforme al protocolo. Una evaluación completa requeriría reconstruir la cronología del operativo, establecer qué información estaba disponible en cada momento y determinar si existían alternativas viables para acelerar o ampliar los rastrillajes sin comprometer la seguridad de los rescatistas.
Entre la responsabilidad de los montañistas y las obligaciones del Estado
En sus declaraciones, Girvau también pidió mayor responsabilidad a quienes practican montañismo y recordó que los operativos de búsqueda ponen en riesgo a policías, bomberos, baqueanos y voluntarios. Además, advirtió que estas intervenciones demandan recursos económicos que podrían destinarse a otras necesidades.
La prevención individual resulta indispensable en cualquier actividad de montaña. Evaluar las condiciones meteorológicas, contar con equipamiento adecuado, informar el recorrido previsto y conocer las propias limitaciones son medidas fundamentales. Sin embargo, esa responsabilidad debe analizarse junto con las obligaciones de las instituciones encargadas de responder ante una emergencia.
La discusión adquiere particular importancia en Tucumán, donde numerosos cerros y senderos reciben excursionistas de manera habitual. La disponibilidad de equipos capacitados, los mecanismos de alerta temprana, la coordinación entre fuerzas de seguridad y organizaciones especializadas y la comunicación con las familias forman parte de un sistema cuya eficacia debe poder evaluarse.
La búsqueda de Moyano también deja planteada una cuestión que trasciende este caso: si los protocolos existentes son suficientemente claros, accesibles y adecuados para responder a situaciones en terrenos de alta complejidad.
Por ahora, la prioridad continúa siendo encontrar al docente desaparecido. Las condiciones del Ñuñorco, la incertidumbre de la familia y el esfuerzo de quienes participan de los rastrillajes hacen que cada jornada tenga especial importancia. Pero cuando concluya la emergencia, independientemente de su desenlace, será necesario determinar qué funcionó, qué podría haberse realizado de otra manera y cuáles son las mejoras que deben implementarse.
Porque un protocolo no debería evaluarse únicamente por su existencia, sino también por su capacidad real de dar respuestas cuando una vida está en peligro.
