El enfrentamiento entre el presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán, Miguel Chaibén Terraf, y el programa periodístico El Avispero sumó un nuevo episodio con el inicio de un procedimiento de mediación civil por daños y perjuicios contra seis periodistas vinculados al ciclo. La presentación, iniciada el 6 de octubre, se relaciona con las investigaciones y publicaciones que durante los últimos años cuestionaron el desempeño del funcionario y expusieron presuntas irregularidades vinculadas con su entorno familiar. La reacción de Terraf reavivó el debate sobre la libertad de prensa, pero también obliga a observar el contexto político y empresarial en el que se desarrolla el conflicto.
Porque El Avispero no es un programa que opere al margen de los intereses y disputas que atraviesan a la política tucumana. El ciclo tiene una vinculación pública con el multimedios Entérate, en el que el diputado nacional y dirigente bancario Carlos Cisneros admitió tener una participación relevante. Esa relación adquiere particular importancia en medio del enfrentamiento político entre el legislador y sectores del oficialismo provincial, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo.
El propio Cisneros reconoció esa participación empresarial durante una entrevista difundida en marzo de 2026, cuando afirmó que tenía una participación importante en Entérate. La declaración permite establecer un vínculo concreto entre el dirigente y el grupo de comunicación, aunque no acredita, por sí sola, que intervenga en las decisiones editoriales de cada periodista o que haya ordenado las investigaciones contra Terraf.
La distinción es fundamental. Los periodistas tienen derecho a investigar a los funcionarios públicos, independientemente de quién sea propietario del medio para el que trabajan. Pero la audiencia también tiene derecho a conocer las relaciones empresariales y políticas que rodean a los espacios desde los cuales recibe información, especialmente cuando sus publicaciones intervienen en controversias que enfrentan a figuras del poder provincial.
El vínculo con Cisneros que no puede quedar fuera del debate
Durante los últimos años, El Avispero y Entérate Noticias desarrollaron una serie de publicaciones críticas sobre la gestión de Terraf, sus decisiones al frente del Tribunal de Cuentas y presuntos beneficios para personas vinculadas con su entorno familiar. Entre los temas abordados aparecen contrataciones públicas, relaciones comerciales y cuestionamientos a los mecanismos de control del organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos del Estado provincial.
Las investigaciones periodísticas se desarrollaron en paralelo con iniciativas para promover el juicio político contra el funcionario. El 1 de junio de 2026, la Comisión de Juicio Político de la Legislatura resolvió archivar una de esas presentaciones, impulsada por Mauricio Formoso, Roque Galeano y Martín Faciano, al concluir que los hechos denunciados no configuraban causales suficientes para avanzar con un proceso de destitución.
La decisión legislativa no equivale a una sentencia judicial que declare falsas todas las denuncias periodísticas, pero constituye un antecedente que debe incorporarse al análisis del conflicto. El caso pasó por una instancia institucional que no encontró motivos suficientes para promover la remoción del presidente del Tribunal de Cuentas.
En ese contexto, el vínculo empresarial de Entérate con Carlos Cisneros adquiere relevancia política. El diputado no es un observador neutral de las disputas por los espacios de poder en Tucumán. Su enfrentamiento con el jaldismo y las controversias alrededor de organismos provinciales forman parte de una interna que excede ampliamente el trabajo de un programa de televisión.
Eso no descalifica automáticamente las investigaciones de El Avispero ni convierte a sus periodistas en operadores políticos. Lo que sí plantea es una pregunta legítima sobre la transparencia de los medios: ¿hasta qué punto los intereses de quienes participan en su estructura empresarial pueden influir sobre la agenda informativa?
La respuesta requiere pruebas sobre decisiones editoriales concretas. Pero omitir la participación reconocida de Cisneros en Entérate también impediría comprender una parte relevante del escenario en el que se produce el enfrentamiento.
La mediación contra seis periodistas y los límites de la confrontación
Según la información publicada, Terraf inició un procedimiento de mediación civil por daños y perjuicios contra seis periodistas de El Avispero. El mecanismo constituye una instancia para intentar resolver un conflicto antes de que eventualmente avance hacia un juicio. Por lo tanto, no corresponde presentar el trámite como una condena, una sentencia o una demanda judicial que ya haya prosperado.
Tampoco puede afirmarse automáticamente que acudir a una instancia legal constituya censura. Un funcionario público conserva el derecho de reclamar protección judicial frente a expresiones que considere ilegítimamente lesivas de su honor. Sin embargo, por ocupar un cargo de relevancia institucional, debe tolerar un mayor nivel de escrutinio y crítica sobre su actuación pública.
La situación presenta una dificultad adicional: cuando un funcionario acciona contra periodistas que investigaron su gestión, el procedimiento puede generar preocupación por sus posibles efectos sobre el ejercicio del periodismo, aun cuando el reclamo se formule mediante mecanismos previstos por la legislación.
En el caso de El Avispero, además, la discusión sobre la libertad de prensa convive con una controversia política mucho más amplia. El programa se presenta como un espacio de investigación y cuestionamiento al poder, mientras que su pertenencia al ecosistema de Entérate lo vincula empresarialmente con un dirigente que participa activamente de la disputa política tucumana.
Esa relación no elimina el derecho de los periodistas a publicar investigaciones ni reduce las obligaciones de transparencia que pesan sobre Terraf. Pero obliga a considerar que no todos los actores involucrados ocupan el mismo lugar institucional: unos ejercen el periodismo, otro preside un organismo de control y Cisneros es un legislador nacional con intereses empresariales en el sector de la comunicación.
La defensa de la libertad de expresión debe alcanzar a todos los medios, incluso a aquellos que mantienen relaciones con dirigentes políticos. Del mismo modo, la existencia de un vínculo empresarial no debería utilizarse para desacreditar denuncias sin analizar sus documentos, testimonios y fundamentos.
