La intendenta de San Miguel de Tucumán busca avanzar con la eliminación de 59 conceptos tributarios vinculados principalmente a trámites administrativos. Aunque la iniciativa apunta a reducir la burocracia, no implica una disminución general de la presión impositiva que soportan los vecinos, comerciantes y contribuyentes. Desde la oposición consideran que la propuesta es insuficiente.
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, acelera el tratamiento de un proyecto que propone eliminar 59 tasas municipales. La iniciativa fue presentada al presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, con el objetivo de conseguir una rápida aprobación legislativa.
Sin embargo, detrás del anuncio de una supuesta baja de impuestos aparece una distinción fundamental: lo que se propone eliminar son tasas y conceptos vinculados, principalmente, a trámites y gestiones administrativas, no los grandes impuestos que afectan cotidianamente a la economía de los tucumanos.
La propuesta municipal contempla la derogación de conceptos incluidos en la Ordenanza Tarifaria N° 5.487/25 y el Código Tributario Municipal N° 4.536/13. Entre ellos figuran cobros por certificaciones, solicitudes administrativas, habilitaciones, registros y otras gestiones.
Muchos de estos conceptos representan ingresos mínimos para las arcas municipales y, según la propia justificación del proyecto, generan costos operativos que pueden superar lo que efectivamente se recauda.
Por lo tanto, la medida podría contribuir a simplificar procedimientos y reducir gastos puntuales para quienes necesitan realizar determinadas gestiones, pero su impacto sobre el presupuesto mensual de las familias sería muy diferente al de una rebaja impositiva de alcance general.
El alivio tributario que no llega a los gastos cotidianos
Uno de los aspectos centrales del debate es que la eliminación de estas 59 tasas no contempla modificaciones en los principales impuestos nacionales y provinciales que inciden en los precios, el consumo y la actividad económica.
Tributos como el IVA, Ingresos Brutos y los impuestos patrimoniales continúan formando parte de la carga tributaria que enfrentan los contribuyentes, aunque corresponden a jurisdicciones diferentes y no pueden ser modificados directamente por una ordenanza municipal.
En el ámbito local, tampoco surge de la iniciativa anunciada una reforma general de los tributos periódicos de mayor incidencia sobre vecinos y comerciantes.
La diferencia no es menor: dejar de pagar por un certificado o un trámite específico representa un beneficio para quien necesita realizarlo, pero no necesariamente modifica los gastos que una familia o un comercio debe afrontar todos los meses.
Incluso, el debate llega después de que el Concejo Deliberante aprobara en diciembre de 2025 una actualización del 10% en el valor del Urbano, la unidad de medida utilizada para calcular diferentes tasas, contribuciones y tributos municipales, que quedó fijada en $23.
Este antecedente fue señalado por sectores opositores que cuestionan el alcance real de la reforma impulsada por el Ejecutivo municipal.
La oposición acompaña, pero reclama una reforma más profunda
Los concejales opositores expresaron su disposición a acompañar la eliminación de tasas que consideran innecesarias, aunque coincidieron en señalar que la iniciativa no alcanza para producir una transformación significativa del sistema tributario municipal.
Desde Fuerza Republicana, Alfredo Terán de Zavalía calificó la propuesta como un primer paso demasiado limitado y advirtió que no aborda los problemas estructurales que deberían formar parte de una reforma más amplia.
Por su parte, los concejales radicales José María Canelada y Gustavo Cobos insistieron en la necesidad de revisar los cobros municipales incluidos en las facturas de los servicios públicos.
Entre las alternativas planteadas por ese sector aparece la eliminación de contribuciones relacionadas con agua, cloacas y gas, además de una modificación en el mecanismo de cobro del alumbrado público que actualmente se incorpora a la factura de EDET.
La oposición también cuestionó que los vecinos deban pagar por determinados procedimientos administrativos, como recibir información sobre sus deudas o solicitar certificados cuyos datos ya se encuentran en poder del propio municipio.
En ese sentido, el debate legislativo podría abrir la puerta a una discusión más amplia sobre la estructura de financiamiento municipal, la razonabilidad de los tributos y la contraprestación de los servicios que reciben los contribuyentes.
El desafío de una reforma que realmente impacte en el bolsillo
Desde el municipio, Chahla sostiene que la eliminación de tasas permitirá aliviar gastos de vecinos, comerciantes y emprendedores, además de simplificar trámites y favorecer la actividad económica.
La medida representa una reducción de obligaciones administrativas y puede beneficiar a determinados sectores. Sin embargo, eliminar 59 conceptos de escasa recaudación no equivale a reducir 59 impuestos de impacto generalizado sobre la población.
El interrogante principal es cuánto dinero ahorrarán efectivamente los vecinos y qué proporción de los contribuyentes utiliza los trámites alcanzados por la medida.
Sin una estimación pública de ese impacto, resulta difícil dimensionar el beneficio económico real de la propuesta.
El proyecto también deja pendiente una discusión sobre la estructura tributaria municipal y los mecanismos de recaudación que inciden de manera permanente en los costos de familias, profesionales, comerciantes y empresas.
En definitiva, la iniciativa de Chahla puede representar un avance en materia de simplificación administrativa, pero todavía está lejos de constituir una reforma impositiva integral que produzca un alivio sustancial para los contribuyentes.
La diferencia entre eliminar tasas burocráticas y reducir la presión tributaria efectiva será, precisamente, uno de los ejes centrales del debate que se avecina en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán.
