La noticia cayó como un balde de agua fría —metafórico, porque en muchos barrios abrir el grifo es un acto de fe— para los usuarios de la provincia. Mientras miles de tucumanos hacen malabares para convivir con la baja presión o, peor aún, con los líquidos cloacales en la puerta de sus casas, se confirmó un nuevo incremento en la tarifa de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). La medida, que impactará directamente en las próximas boletas, reavivó el malestar social en una provincia donde el servicio de agua y saneamiento es, históricamente, el más cuestionado de la gestión pública.
La justificación oficial: «Todo vuelve en obras»
Marcelo Caponio, titular de la SAT, salió a defender la actualización tarifaria con un argumento que busca calmar las aguas: la recaudación no es para lucro, sino para infraestructura. Según el funcionario, el ajuste es necesario para sostener el ritmo de los trabajos que se vienen realizando en los últimos dos años, citando como ejemplos la recuperación de la cota en El Cadillal, la reactivación de los acueductos de Vipos y la perforación de nuevos pozos en el Gran San Miguel.
Para la empresa, la inflación y los costos operativos hacen insostenible mantener el servicio sin tocar el cuadro tarifario. La promesa es clara: cada peso que entra por el aumento se destinará a intentar revertir décadas de desinversión. Sin embargo, para el usuario común que ve correr «ríos» de agua potable por roturas en la vía pública o que debe comprar agua mineral para cocinar, la explicación oficial suena a disco rayado.
Un servicio que hace agua por todos lados
El contraste entre los anuncios de inversión y la realidad de la calle es brutal. San Miguel de Tucumán y Yerba Buena siguen siendo el epicentro de un paisaje urbano marcado por las «aguas servidas». No hace falta alejarse mucho del centro para encontrar esquinas donde el olor nauseabundo es parte del paisaje cotidiano. El sistema cloacal, vetusto y sobrepasado por el crecimiento demográfico y la construcción de edificios sin planificación adecuada, colapsa sistemáticamente, especialmente en épocas de lluvia o de alto consumo.
La crítica central de los usuarios no es solo el precio, sino la calidad de lo que se paga. «Pagamos por aire», es la frase que más se repite en las redes sociales y en las filas de reclamo. La indignación crece al ver que, mientras se anuncia la suba, cuadrillas de la SAT rompen pavimentos para arreglos que, en muchas ocasiones, vuelven a perder líquido a los pocos días, dejando baches y escombros que complican aún más el tránsito caótico de la ciudad.
El hartazgo en los barrios: entre la sequía y la contaminación
La situación es crítica en zonas específicas como Barrio San Cayetano o Barrio Sutiaga, donde el problema tiene dos caras: o no sale ni una gota, o lo que sale es un riesgo sanitario. En San Cayetano, los vecinos han denunciado estar meses dependiendo de camiones cisterna, una solución parche que no alcanza para la higiene básica de las familias en pleno verano tucumano.
Por otro lado, en barrios como Sutiaga o Ciudadela, el drama son los desbordes cloacales que ingresan a los domicilios o inundan las veredas, exponiendo a niños y adultos a focos infecciosos peligrosos. La bronca vecinal se siente fuerte: el aumento se percibe como un castigo a usuarios que, en muchos casos, no reciben la contraprestación básica del servicio. Mientras la SAT pide paciencia y fondos para obras, los tucumanos piden, sencillamente, poder abrir la canilla y tener agua limpia.
