El Mercado del Norte tiene una fachada renovada, escaleras mecánicas, locales modernos, un enorme bazar y promesas de convertirse en uno de los principales atractivos comerciales de San Miguel de Tucumán. Lo que todavía no tiene es una fecha definitiva de inauguración. Y no precisamente porque falten anuncios, sino porque los alquileres que pretende cobrar la empresa concesionaria parecen estar bastante lejos de las posibilidades de una buena parte del comercio tucumano.
Según información difundida este viernes 23 de octubre, los valores exigidos oscilan entre los $3 millones y los $6 millones mensuales. Esto significa que un comerciante debería comprometer entre $36 millones y $72 millones anuales solamente para pagar el alquiler, sin contar salarios, mercadería, impuestos, servicios, equipamiento y demás gastos necesarios para mantener funcionando su negocio.
Los números ayudan a explicar por qué el ambicioso emprendimiento sigue esperando inquilinos. Entre el 20% y el 22% de los aproximadamente 90 espacios comerciales proyectados permanecen sin ocupar, una situación que ya había sido advertida en septiembre y que continúa condicionando la inauguración del sector interno del edificio.
La empresa concesionaria recurrió incluso a la Federación Económica de Tucumán (FET) para conseguir interesados. Su presidente, Héctor Viñuales, fue contactado para acercar empresarios de distintos rubros, pero las gestiones no consiguieron los resultados esperados. Según la información periodística, los comerciantes consultados rechazaron las condiciones económicas.
Un mercado que dejó de ser mercado y ahora no encuentra comerciantes
El problema va más allá de los precios. La transformación del histórico Mercado del Norte plantea una pregunta que durante años quedó opacada por los anuncios sobre inversiones, modernización y recuperación urbana: ¿qué clase de espacio comercial se decidió construir y para quiénes está pensado?
Durante más de ocho décadas, el edificio inaugurado en 1939 formó parte de la identidad comercial de San Miguel de Tucumán. Carnicerías, verdulerías, pequeños comerciantes y puestos de distintos rubros dieron vida a un lugar asociado con las compras cotidianas y la actividad económica del centro.
Luego del cierre de marzo de 2021 por problemas estructurales, la Municipalidad impulsó un proyecto de recuperación mediante una concesión privada. La iniciativa comenzó durante la gestión del exintendente Germán Alfaro, en 2022, y continuó bajo la administración de Rossana Chahla.
Pero lo que originalmente se presentó como la recuperación de un mercado terminó convertido en algo sustancialmente diferente.
La propia Chahla lo reconoció en mayo de este año, cuando recorrió las instalaciones y explicó que el nuevo establecimiento ya no tendría la lógica de un mercado tradicional, sino que funcionaría como un shopping.
La distinción es fundamental. Un mercado histórico y un centro comercial moderno pueden ocupar el mismo edificio, pero responden a modelos económicos diferentes, con estructuras de costos, públicos y posibilidades de acceso que no necesariamente coinciden.
La concesionaria realizó una inversión millonaria, incorporó infraestructura moderna y proyectó un establecimiento con gastronomía, entretenimiento, espacios culturales y locales de distintas marcas. Es una transformación que puede representar un avance edilicio y generar puestos de trabajo. Sin embargo, también implica exigencias económicas que parecen resultar difíciles de afrontar para numerosos pequeños y medianos comerciantes locales.
En 2022, cuando comenzaron las obras, desde la gestión municipal de entonces se aseguró que los antiguos puesteros podrían regresar y que nadie quedaría excluido, aunque deberían pagar por ocupar los espacios.
Cuatro años después, la discusión adquiere otra dimensión. Formalmente puede no existir una prohibición para instalarse, pero si los alquileres llegan a los $6 millones mensuales, la barrera de ingreso deja de ser administrativa y pasa a ser económica.
El caso más representativo de la nueva configuración comercial es el de la nave principal del edificio, cuya superficie de aproximadamente 3.500 metros cuadrados será ocupada por un gran bazar de capitales chinos, según la información difundida. La instalación podría generar empleo y atraer público, pero también evidencia el perfil de los operadores que cuentan con capacidad para asumir espacios de gran escala.
Mientras tanto, distintos empresarios tucumanos consultados consideran que instalarse allí supone un riesgo difícil de justificar frente al escenario actual del consumo.
Promesas de inauguración, alquileres millonarios y una concesión que también generó controversias
La reapertura del Mercado del Norte se convirtió en una sucesión de fechas anunciadas y expectativas postergadas. Durante 2026 se habló de junio, luego de agosto, más tarde de septiembre y finalmente de octubre. Sin embargo, el complejo continúa sin su habilitación interna completa.
En septiembre, cuando las obras habían alcanzado aproximadamente un 98% de avance, ya se reconocía que unos 20 locales seguían disponibles. Desde la empresa concesionaria explicaron entonces que habían decidido mantener los valores de los alquileres sin aumentos para acompañar la difícil situación del comercio.
Ahora se conoce que esos valores, aun sin nuevos incrementos, se ubican entre los $3 millones y los $6 millones mensuales para los espacios ofrecidos a los empresarios consultados.
La explicación de la crisis económica resulta atendible. De hecho, la propia intendenta reconoció el 8 de octubre que la caída del consumo complica el sostenimiento de los negocios. Pero ese diagnóstico debería llevar también a revisar si el modelo comercial elegido resulta compatible con la realidad económica de la provincia.
Existe, además, otro antecedente que merece atención.
En mayo de 2026, la Municipalidad intimó a la concesionaria Paseo del Norte S.A. por una deuda de $51.230.719,98 correspondiente al canon de concesión reclamado por el período comprendido entre abril de 2024 y octubre de 2025. La medida fue formalizada mediante el Decreto N.º 0175/SOP/2026, que rechazó un recurso administrativo de la empresa y advirtió sobre la posibilidad de caducidad de la concesión.
Posteriormente, el Ejecutivo y la firma renegociaron las condiciones económicas del contrato. En julio, mediante el Decreto N.º 252/SIM/2026, se aprobó una adenda que modificó el mecanismo de actualización del canon y estableció que las partes se consideraban satisfechas respecto de las obligaciones derivadas del esquema anterior, sin reclamos pendientes por ese concepto.
Es importante distinguir ambas cuestiones: el canon que paga la concesionaria a la Municipalidad no es lo mismo que los alquileres que la empresa cobra a los comerciantes. Y la documentación conocida sobre la renegociación no permite afirmar que la deuda inicialmente reclamada continúe impaga.
Sin embargo, los antecedentes justifican una discusión sobre la transparencia económica de la operación. ¿Cuánto recibe actualmente el Municipio por la explotación del inmueble? ¿Cómo se resolvieron las diferencias sobre los cánones anteriores? ¿Qué mecanismos de control existen y qué obligaciones comerciales asumió la empresa?
La Municipalidad sostiene que no participa directamente en la fijación ni en la comercialización de los alquileres, decisiones que corresponden al concesionario privado. Pero esa separación de funciones no elimina su responsabilidad de supervisar el cumplimiento del contrato y evaluar los resultados de la concesión sobre un inmueble municipal.
La modernización no alcanza si el proyecto no puede abrir sus puertas
El Mercado del Norte fue presentado como una pieza fundamental para revitalizar el microcentro, atraer consumidores, incrementar la actividad económica y generar aproximadamente 500 puestos de trabajo. Desde la concesionaria también se difundieron proyecciones de hasta 40.000 visitantes diarios.
Son objetivos importantes, pero hasta ahora constituyen expectativas del emprendimiento, no resultados comprobados de su funcionamiento pleno.
Mientras el interior permanece sin inauguración completa, los locales exteriores sobre Mendoza y Maipú ya funcionan y la empresa continúa buscando ocupantes para los espacios disponibles.
El inconveniente no es que un inversor privado pretenda obtener rentabilidad. Después de una inversión de semejante magnitud, es lógico que busque recuperar el capital comprometido y desarrollar un negocio sostenible. El problema aparece cuando las condiciones comerciales terminan impidiendo completar la ocupación de un edificio cuya recuperación fue presentada como un proyecto de interés para toda la ciudad.
La lógica empresarial y el interés público no tienen por qué ser incompatibles. Pero tampoco son automáticamente equivalentes.
Si la rentabilidad esperada exige alquileres que numerosos comerciantes locales consideran inalcanzables, corresponde preguntarse si el proyecto fue dimensionado de manera adecuada, si se estudió suficientemente el mercado y si existen alternativas para hacerlo viable.
También debería explicarse por qué es necesario esperar a que prácticamente todos los locales estén alquilados antes de habilitar completamente el paseo, y si una apertura por etapas podría ayudar a generar circulación de clientes e incentivar nuevas contrataciones.
La gestión de Chahla heredó una concesión iniciada durante el gobierno de Alfaro, pero durante los últimos años acompañó institucionalmente el desarrollo del emprendimiento, negoció modificaciones contractuales y lo incorporó a sus anuncios de recuperación urbana.
Por eso, aunque las tarifas comerciales sean responsabilidad de la empresa privada, el resultado del proyecto también merece una evaluación desde la política municipal.
Después de más de cinco años desde su cierre, Tucumán está cerca de recuperar un edificio emblemático, pero todavía no consigue que su nueva propuesta comercial funcione plenamente.
La contradicción resulta evidente: se invirtieron millones para construir un espacio destinado a atraer comerciantes y consumidores, pero ahora uno de los principales obstáculos para abrirlo es que una parte de esos mismos comerciantes no puede pagar lo que se les exige.
La recuperación arquitectónica puede ser un éxito. La inversión privada también puede resultar valiosa. Lo que todavía está por demostrarse es que el modelo elegido sea comercialmente sostenible y contribuya al desarrollo del centro tucumano en la magnitud prometida.
Porque modernizar un mercado histórico no debería consistir solamente en cambiar sus pisos, instalar escaleras mecánicas y multiplicar sus locales. También debería servir para que haya comerciantes capaces de trabajar en ellos.
De lo contrario, San Miguel de Tucumán corre el riesgo de tener uno de los centros comerciales más modernos de su historia, pero con una dificultad bastante menos sofisticada: conseguir quién pueda pagar para abrir un negocio adentro.
