La causa penal por el cabezazo que recibió el diputado nacional Federico Pelli, de La Libertad Avanza, en La Madrid podría cerrarse en los próximos días mediante un juicio abreviado. La salida propuesta contempla una pena condicional de tres años y reglas de conducta para el acusado, Marcelo “Pichón” Segura.
Sin embargo, la querella se opone al acuerdo impulsado por la defensa ante el Ministerio Público Fiscal y advierte que el expediente no debería resolverse de manera acelerada, sin antes profundizar la prueba sobre las consecuencias físicas que sufrió el legislador nacional.
En una audiencia, el abogado de Pelli, Juan Colombres Garmendia, impugnó la decisión de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, encabezada por Miguel Ángel Varela y con intervención de la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi, de rechazar una nueva pericia médica al diputado. La querella pretende que una junta de profesionales, con participación de un perito de parte, determine la magnitud del daño provocado por la agresión.
El planteo cobra relevancia porque el propio Pelli afirmó ante el juez Raúl Robín Márquez que deberá someterse a una nueva cirugía. “Voy a tener que ser operado por segunda vez el 12 de junio”, señaló durante la audiencia.
Un ataque con gravedad institucional
El hecho ocurrió el 11 de marzo, cuando Pelli llegó a La Madrid junto a una comitiva de La Libertad Avanza para entregar donaciones a personas afectadas por las inundaciones. Tras un breve intercambio de palabras, Segura le propinó un violento cabezazo en el rostro al diputado, que debió ser asistido de urgencia.
La agresión no puede leerse como un episodio menor ni como una simple riña. Se trató de un ataque físico contra un diputado nacional en ejercicio de su función pública, durante una actividad vinculada a la asistencia a damnificados por una emergencia climática. Por eso, el intento de cerrar la causa mediante un acuerdo rápido abre un debate de fondo: qué mensaje institucional deja el sistema político y judicial cuando una agresión de estas características puede quedar reducida a una salida abreviada.
Segura admitió el hecho. Primero fue aprehendido y luego trasladado con prisión preventiva a la cárcel de Benjamín Paz. Más tarde obtuvo el arresto domiciliario por razones de salud, ya que padece diabetes e hipertensión. Ahora, a través de su abogado Ernesto Baaclini, busca cerrar el proceso con una condena condicional y reglas de conducta.
Tanto el MPF como la defensa rechazaron el pedido de la querella para realizar una nueva pericia. La auxiliar fiscal Ghilardi sostuvo que sería “un acto de dilación”, mientras que Baaclini afirmó que “no tiene ningún tipo de sentido”. Desde la querella, en cambio, remarcan que si el diputado deberá ser operado nuevamente, la Justicia no puede ignorar ese dato antes de definir la salida procesal.
Críticas al MPF y sospechas de cierre exprés
Durante la audiencia, Colombres Garmendia cuestionó con dureza la actuación de la Fiscalía. Incluso habló de “mala fe” por parte del MPF, al señalar que apenas 15 minutos antes del inicio de la audiencia vía Zoom la Unidad Fiscal le remitió una versión actualizada del legajo, con 170 fojas incorporadas.
La auxiliar fiscal respondió que la mayoría de esas actuaciones correspondían a notas y planteos de la propia querella, salvo la testimonial de Pelli y una carpeta técnica. También sostuvo que ya existe una pericia médica incorporada al expediente, cuyas conclusiones indican que las lesiones revisten carácter grave, aunque no pusieron en riesgo la vida del diputado nacional.
Antes del cuarto intermedio, Pelli pidió hablar como víctima y no desde la especulación política. Dijo que no sintió que se hayan protegido sus derechos durante el proceso y cuestionó que Segura haya contado con informes médicos para solicitar el arresto domiciliario, mientras a él se le niega una nueva evaluación sobre las secuelas del ataque.
“No sentí que se haya velado por mis derechos como víctima”, expresó. También aclaró que no tiene “nada personal” contra el acusado y que sólo busca justicia. Luego se dirigió directamente a Segura y le reprochó que las disculpas hayan llegado recién en el marco de la audiencia judicial, como parte de una estrategia defensiva, y no de manera directa.
El juez dispuso un cuarto intermedio, pero la expectativa principal quedó puesta en la audiencia de la próxima semana, cuando deberá definirse si avanza o no el juicio abreviado. El caso ya excede la situación particular de Pelli: pone en discusión si una agresión contra un representante nacional puede cerrarse sin debate profundo, sin nueva pericia y sin una señal institucional clara frente a la violencia política.
