En medio de la polémica por el estado de los edificios escolares en Tucumán, el Gobierno provincial oficializó una partida de $214.295.250 para insumos del ciclo lectivo 2026. El dato, en lugar de llevar alivio, terminó reforzando las críticas: de las 1.430 escuelas alcanzadas por el programa, 1.326 recibieron apenas $146.250, es decir, el monto mínimo previsto.
La cifra impactó menos por su volumen total que por lo que representa en cada establecimiento. Para la enorme mayoría de las escuelas, ese dinero equivale a poco más de $12.000 por mes para afrontar necesidades operativas durante todo el año. En una provincia donde abundan las quejas por problemas de infraestructura, falta de mantenimiento y servicios deficientes, el número apareció más como un gesto administrativo que como una respuesta real a las urgencias del sistema educativo.
El mensaje político que dejó esa distribución fue difícil de disimular. Si el 93% de los establecimientos recibió el piso más bajo posible, lo que quedó a la vista es que la educación sigue siendo pensada con lógica de parche y no de prioridad.
El contraste con la crisis de las escuelas agravó el malestar
La decisión se conoció en un contexto especialmente sensible. Apenas días antes, más de 200 escuelas no habían podido retomar las clases por las consecuencias de las lluvias, entre ellas edificios anegados, falta de agua, problemas eléctricos, caminos intransitables y establecimientos convertidos en centros de evacuados.
Ese cuadro volvió todavía más delicada la difusión de los montos. Porque la discusión ya no pasaba solamente por útiles, papelería o insumos básicos, sino por el estado general de un sistema que viene mostrando falencias más profundas. Cuando una escuela tiene filtraciones, barro en los accesos, sanitarios colapsados o servicios interrumpidos, hablar de $146.250 para todo un año suena, para buena parte de la comunidad educativa, directamente desconectado de la realidad.
Por eso la polémica no se agotó en la cifra. Lo que se discutió, en el fondo, fue el lugar que ocupa la educación en la agenda presupuestaria del Gobierno provincial. Y la respuesta que dejaron los números fue poco alentadora.
Más que una ayuda, una señal de prioridades
El decreto mostró una administración que resolvió cumplir con una asignación formal, pero sin enviar una señal fuerte de respaldo al sistema escolar. Incluso dentro del reparto hubo una marcada concentración en los montos mínimos: sólo 20 instituciones recibieron el máximo de $292.500 y apenas 84 quedaron en una franja intermedia de $165.750. La foto completa reveló una política extendida, sí, pero con recursos demasiado limitados.
Eso explica por qué la medida fue leída como un síntoma antes que como una solución. No se trató sólo de cuánto dinero se distribuyó, sino de qué idea de educación hay detrás de esa distribución. Si el grueso de las escuelas debe arreglarse con una suma que apenas alcanza para cubrir gastos elementales, entonces el problema no es únicamente presupuestario: es también de mirada política.
En una provincia donde el discurso oficial suele presentar a la educación como un eje central, los montos terminaron diciendo otra cosa. Dijeron que, al menos en los hechos, la inversión sigue lejos de la magnitud de las necesidades. Y que cuando llega la hora de asignar recursos, la educación todavía aparece más como obligación de trámite que como verdadera prioridad.
