La Municipalidad de San Miguel de Tucumán reclama a la Nación una deuda millonaria vinculada al sistema SUBE y, en particular, al pago de los llamados Atributos Sociales, el beneficio que permite a distintos sectores de la población viajar con una tarifa reducida en el transporte urbano de pasajeros.
El planteo se da en medio de las negociaciones con los empresarios del transporte y en un contexto de fuerte presión por el aumento del boleto. Según los cálculos oficiales, desde diciembre la gestión de Rossana Chahla viene afrontando con fondos propios una suma cercana a los $400 millones mensuales, que debería ser cubierta por la Nación. Si se computan los meses impagos hasta abril, la deuda ya rondaría los $2.000 millones.
El reclamo del municipio tiene sustento: el esquema de Atributos Sociales establece que la Nación debe cubrir hasta el 55% del valor del viaje para los beneficiarios incluidos en el sistema, mientras que el usuario paga el 45% restante. En San Miguel de Tucumán, con un boleto urbano de $1.250, eso significa que el pasajero beneficiado abona alrededor de $562,50.
Un beneficio que fue promocionado como propio
La discusión, sin embargo, expone una contradicción política. Cuando San Miguel de Tucumán incorporó la tarjeta SUBE al transporte público, las autoridades municipales destacaron la llegada del sistema como un avance de la gestión local y pusieron el foco en los beneficios que traería para los usuarios.
Entre esos beneficios aparecía justamente el descuento para jubilados, pensionados, estudiantes del Progresar, trabajadoras de casas particulares, veteranos de Malvinas, beneficiarios de AUH, AUE, pensiones no contributivas, monotributistas sociales y otros sectores alcanzados por los atributos sociales.
Pero ese beneficio, presentado entonces como una mejora asociada a la decisión municipal de implementar la SUBE, dependía en gran medida de los fondos nacionales. Ahora, cuando la Nación dejó de girar los recursos con regularidad, el municipio quedó obligado a reclamar por una asistencia que había sido clave en la comunicación política del desembarco del sistema.
En otras palabras: Chahla reclama con justa razón una deuda que corresponde a la Nación, pero lo hace sobre un esquema que en su momento fue anunciado ante los vecinos como parte de los beneficios que brinda la administración municipal.
El acta con Aetat y la presión por subir el boleto
El problema se agravó a partir del acta acuerdo firmada en noviembre entre la Municipalidad y los empresarios nucleados en Aetat. En ese documento, la Intendencia se comprometió a liquidar el pago de los Atributos Sociales SUBE hasta el cuarto día hábil del mes subsiguiente al mes vencido, tomando como referencia la información disponible de los organismos nacionales.
Con esa cláusula, el municipio asumió el riesgo de adelantar con recursos propios el dinero correspondiente a los viajes subsidiados, para luego esperar el reintegro de la Nación. El inconveniente fue que, casi inmediatamente después, la Casa Rosada discontinuó la regularidad de los pagos.
La deuda se transformó así en un nuevo factor de tensión dentro de una crisis más amplia del transporte público. Los empresarios sostienen que, según su estudio de costos, el boleto debería trepar a los $2.400. En el Concejo Deliberante, en cambio, se especula con autorizar una suba con un techo cercano a los $1.700, en línea con lo que se paga en otras capitales del país.
Mientras tanto, el sector enfrenta mayores costos por el precio del gasoil y una caída persistente en la cantidad de pasajeros transportados. En ese escenario, la Municipalidad busca que la Nación regularice los fondos adeudados, aunque el conflicto también deja expuesto el costo político de haber presentado como propio un beneficio que dependía, en buena medida, de una caja ajena.
