La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, permanece sin avances significativos a casi dos meses de la denuncia. Ante la falta de respuestas, los dirigentes que impulsaron el expediente solicitaron ser admitidos como querellantes particulares para poder proponer pruebas y exigir nuevas medidas.
En el centro de la causa aparece una pregunta que todavía no fue respondida: ¿de dónde habrían salido los fondos para adquirir una propiedad valuada en alrededor de US$1,2 millones en un country de Yerba Buena?
El interrogante resulta todavía más grave por el contraste social. Graneros es la cabecera de uno de los departamentos con mayor vulnerabilidad socioeconómica de Tucumán. Mientras una parte importante de su población enfrenta problemas de vivienda, servicios básicos, educación y empleo, la Justicia debe determinar si la jefa municipal tuvo alguna relación con una operación inmobiliaria millonaria presuntamente realizada en efectivo.
Casi dos meses sin avances significativos
La denuncia fue presentada el 9 de junio por el legislador Manuel Courel, el concejal de Simoca Luis Escobar y el abogado Luis Díaz Augier. La causa quedó en manos del fiscal Diego Sebastián Hevia.
Según los denunciantes, desde aquella presentación no se produjeron avances suficientes para esclarecer el caso. Por ese motivo, esta semana solicitaron formalmente constituirse como querellantes.
La admisión les permitiría participar activamente del expediente, ofrecer elementos de prueba, pedir informes y solicitar medidas destinadas a identificar a los verdaderos titulares de la propiedad investigada.
El planteo busca impedir que el expediente quede paralizado hasta perderse entre trámites, pedidos de informes y demoras judiciales. En Tucumán, el paso del tiempo suele convertirse en uno de los principales aliados de las causas que involucran al poder político: las denuncias generan impacto durante algunos días, pero luego desaparecen de la discusión pública sin una resolución concreta.
En este caso, la Justicia ni siquiera habría logrado responder todavía el interrogante más elemental: quién compró la vivienda y quién aportó el dinero.
La pregunta pendiente: ¿de dónde salieron los fondos?
La denuncia apunta a una propiedad ubicada en los lotes 70 y 71 del sector 12 del country Las Yungas, en Yerba Buena. De acuerdo con la presentación, el inmueble tendría un valor cercano a los US$1,2 millones y habría sido pagado con dinero en efectivo.
Los denunciantes sostienen que una operación de esa magnitud no guardaría relación con los ingresos públicos conocidos de la intendenta, de 29 años, cuyo principal antecedente laboral sería su trayectoria dentro del Estado municipal.
También incorporaron al expediente publicaciones realizadas por firmas inmobiliarias que promocionaban la vivienda. El objetivo es determinar quién autorizó su comercialización, quién era su propietario anterior y quién concretó finalmente la adquisición.
Entre los elementos mencionados aparece una liquidación de expensas en la que figuraría el nombre de Raquel Graneros vinculado con los dos lotes. También se pidió información a empresas de servicios para establecer a nombre de quién se encuentran las conexiones del inmueble.
La oposición sostuvo, además, que el secretario de Hacienda del municipio habría intervenido en el traslado de parte del dinero. Esa afirmación forma parte de la denuncia y deberá ser corroborada por la investigación.
La defensa de la intendenta rechazó todas las acusaciones. Su abogada, Paula Morales Soria, aseguró que la vivienda no pertenece a Graneros, sostuvo que no existen pruebas de una compra ilícita y atribuyó la denuncia a una campaña política. También afirmó que la jefa municipal se encuentra a disposición de la Justicia y que los informes producidos hasta el momento serían favorables para su situación.
Precisamente por la existencia de versiones completamente enfrentadas, la causa necesita avanzar. No alcanza con la acusación opositora ni con la negativa de la defensa: corresponde que la Justicia identifique al comprador, reconstruya la operación y determine el origen del dinero.
Una riqueza bajo sospecha en una de las zonas más pobres
El departamento de Graneros aparece, junto con Burruyacú, en el nivel más alto de vulnerabilidad socioeconómica de Tucumán. Un relevamiento basado en datos censales le asignó un índice de 45,8 puntos sobre 100, considerando deficiencias habitacionales, acceso a servicios, escolarización y condiciones laborales.
El dato vuelve inevitable el contraste. En una de las regiones más postergadas de la provincia, se investiga si su máxima autoridad municipal pudo haber accedido a una residencia valuada en más de un millón de dólares, ubicada a más de 120 kilómetros de la ciudad que gobierna.
No se trata de condenar anticipadamente a la intendenta ni de reemplazar la investigación judicial con acusaciones políticas. Se trata de exigir una explicación respaldada por documentación: quién es el dueño de la vivienda, cómo se pagó, qué ingresos justificaron la operación y qué relación tiene —o no— Raquel Graneros con la propiedad.
La pobreza estructural de Graneros también obliga a mirar el caso desde la administración de los recursos públicos. En municipios altamente dependientes de fondos provinciales y nacionales, la transparencia patrimonial de sus autoridades no puede ser considerada un asunto privado o secundario.
Si la propiedad no pertenece a la intendenta, la Justicia debe establecerlo de manera clara y cerrar la causa con pruebas. Pero si existen elementos que vinculan a funcionarios municipales con la operación, corresponde investigar el recorrido completo del dinero.
La demora sólo beneficia a la incertidumbre. A casi dos meses de la denuncia, el riesgo es que el expediente se convierta en otra causa que comenzó con acusaciones graves y terminó sin una respuesta. En el municipio más golpeado por la vulnerabilidad, la sociedad merece saber de dónde salieron los fondos.
