El relato oficial de una provincia con las cuentas ordenadas volvió a chocar con la realidad de los trabajadores públicos. El Frente de Gremios Estatales, Comunales y Municipales solicitó una audiencia urgente con el gobernador Osvaldo Jaldo para reclamar una recomposición salarial y una serie de mejoras laborales que permanecen pendientes.
La presentación fue ingresada el 28 de julio por la Mesa de Entradas de la Gobernación. El documento lleva las firmas de Luis Enzo Alarcón, secretario general del SOEM Simoca; Alfredo Giménez, del SOEM Monteros; y Vicente Salvador Ruiz, del SOEM Aguilares.
El planteo expone una contradicción difícil de ocultar: mientras el Gobierno provincial sostiene que puso “la casa en orden”, una parte de sus empleados denuncia que sus ingresos se encuentran muy por debajo de la canasta básica y que el costo de los servicios esenciales consume más de la mitad de sus salarios.
Sueldos por debajo de las necesidades básicas
El reclamo principal es que el salario correspondiente a la categoría 18 alcance, como mínimo, el valor de la canasta básica. Los sindicatos sostienen que los ingresos actuales no permiten cubrir las necesidades esenciales de numerosas familias estatales.
Según el documento presentado ante la Gobernación, los aumentos en las tarifas de electricidad, gas, transporte y otros servicios absorben más del 50% de los haberes de muchos empleados públicos.
Los dirigentes calificaron la situación como “desesperante” y advirtieron que desde marzo no se produjo una recomposición acorde con la evolución del costo de vida. También cuestionaron que el incremento anunciado para septiembre recién vaya a percibirse con los salarios de octubre.
Para los trabajadores, ese calendario implica atravesar varios meses más de deterioro salarial. Por ese motivo, reclamaron que el Ejecutivo adelante una actualización que permita evitar una nueva pérdida de poder adquisitivo.
El pedido deja en evidencia que el equilibrio fiscal exhibido por la gestión provincial tiene una contracara concreta: empleados cuyos salarios se alejan cada vez más del costo necesario para sostener un hogar.
Reclamos acumulados y beneficios pendientes
La presentación no se limita a una suba salarial. Los gremios también pidieron el pago de la Compensación Salarial No Remunerativa y No Bonificable para el personal que se encuentra a diez años de jubilarse, un beneficio contemplado en decretos provinciales dictados entre 2013 y 2016.
Además, solicitaron un anticipo del 20% para los agentes que dejaron de percibir un adicional al alcanzar los 50 años, en el caso de las mujeres, y los 55, en el de los varones.
Otro de los puntos exige modificar el régimen de antigüedad para elevar del 2% al 3% el adicional correspondiente a la categoría de revista de los trabajadores estatales y municipales.
El frente sindical también reclamó actualizar la normativa que regula el ingreso de familiares de empleados fallecidos y pidió implementar un Seguro de Vida Obligatorio a cargo del Estado empleador. Actualmente, señalaron, ese seguro se descuenta de los propios haberes de los trabajadores.
La acumulación de planteos muestra que el conflicto no se reduce a un ajuste mensual. Los gremios describen un sistema salarial y laboral atrasado, con compensaciones incumplidas, adicionales insuficientes y obligaciones que terminan financiadas por los mismos empleados.
El orden fiscal que pagan los trabajadores
Los sindicatos también dirigieron un reclamo al Subsidio de Salud. Solicitaron elevar de $1.150.000 a $1.300.000 el tope salarial bruto establecido para acceder a determinados beneficios de la obra social provincial.
El pedido revela otro efecto de la inflación: trabajadores que pueden quedar excluidos de prestaciones por superar nominalmente un límite, aunque sus ingresos reales continúen perdiendo capacidad de compra.
Durante su gestión, Jaldo presentó el equilibrio financiero como uno de los principales logros de su administración. Incluso afirmó en reiteradas oportunidades que Tucumán había puesto “la casa en orden”.
Sin embargo, una administración no puede considerarse plenamente ordenada cuando sus propios trabajadores aseguran que el salario no alcanza para cubrir la canasta básica, deben esperar meses por una actualización y reclaman el cumplimiento de beneficios establecidos desde hace años.
El orden de las planillas fiscales no necesariamente representa el orden de la vida cotidiana. Si el superávit se sostiene postergando recomposiciones y dejando que los salarios pierdan frente al costo de vida, el ajuste no desaparece: se traslada directamente a los hogares estatales.
Ahora, los gremios esperan que el gobernador conceda la audiencia solicitada. La respuesta oficial mostrará si el Ejecutivo está dispuesto a discutir cómo se distribuye el costo de su política fiscal o si la proclamada “casa en orden” continuará apoyándose sobre trabajadores con ingresos cada vez más deteriorados.
