El Tribunal de Cuentas de Tucumán profundiza las investigaciones sobre figuras que ocuparon lugares centrales durante la anterior conducción de la Caja Popular de Ahorros y que aparecen vinculadas política o profesionalmente al diputado nacional y dirigente bancario Carlos Cisneros. En el centro de las actuaciones se encuentran el exinterventor José César Díaz y la abogada Patricia Neme, quienes afrontan distintos procedimientos destinados a determinar eventuales responsabilidades patrimoniales por fondos públicos percibidos durante su paso por la institución.
El último avance se produjo sobre Díaz. A través del Acuerdo N° 3799, del 2 de octubre, el organismo resolvió suspender momentáneamente una comprobación sumaria vinculada con licencias médicas cobradas por el exfuncionario mientras continuaba ejerciendo la profesión de abogado en forma privada.
Pero lejos de significar el cierre de la investigación, la decisión responde a que existe un expediente de mayor alcance que podría derivar en un reclamo por la totalidad de los haberes percibidos por Díaz a partir de una designación en planta permanente posteriormente declarada nula.
Díaz y una investigación que podría alcanzar todos los sueldos cobrados
El conflicto central se remonta a la incorporación de José César Díaz a la planta permanente de la Caja Popular en 2023.
El 29 de abril de este año, mediante el Acuerdo N° 1348, el Tribunal de Cuentas inició una comprobación sumaria para analizar las circunstancias de aquella designación. Poco después, la propia intervención de la Caja declaró la nulidad absoluta e insanable del nombramiento y ordenó el cese laboral del exinterventor, además de disponer un sumario interno y el cálculo del eventual perjuicio económico.
La investigación adquiere ahora una dimensión considerable: antes de determinar si corresponde formular un cargo específico por los haberes cobrados durante una licencia psiquiátrica, el Tribunal busca resolver qué ocurrió con la totalidad de las remuneraciones percibidas a partir de aquella incorporación cuestionada.
El organismo considera necesario evitar que un mismo monto sea reclamado dos veces. Por eso decidió reservar temporalmente el expediente de las licencias hasta que concluya la actuación principal.
Díaz había usufructuado una licencia por enfermedad de largo tratamiento entre el 25 de marzo y el 15 de mayo de 2026. Durante ese período, según las actuaciones citadas por el Tribunal, habría continuado interviniendo profesionalmente como abogado.
Entre esas actuaciones aparece su participación como patrocinante de las hijas de Carlos Cisneros en acciones judiciales promovidas contra publicaciones periodísticas.
Patricia Neme también quedó bajo la lupa del organismo
El escenario se extiende a otra figura vinculada a la anterior conducción de la Caja Popular.
El Tribunal de Cuentas dispuso el 1 de octubre la apertura de un Juicio de Responsabilidad contra Patricia Micaela Neme, quien estuvo a cargo de la Asesoría Letrada de la institución.
La investigación busca establecer si existió perjuicio para el Estado como consecuencia del cobro de salarios durante períodos en los que Neme se encontraba bajo licencias médicas de largo tratamiento y, simultáneamente, continuaba desarrollando actividad profesional privada.
Según las actuaciones administrativas difundidas, las licencias abarcaron períodos sucesivos entre marzo y agosto de 2026. El Colegio de Abogados informó, además, que durante ese lapso Neme no había solicitado la suspensión de su matrícula profesional.
El Tribunal deberá determinar ahora el monto del eventual perjuicio patrimonial y la responsabilidad que pudiera corresponderle.
La situación administrativa se suma al escenario judicial que afronta Neme en el fuero federal, donde se encuentra imputada en una investigación derivada del caso relacionado con la denuncia contra exjugadores de Vélez. En esa causa hizo uso de su derecho a no declarar y solicitó su sobreseimiento.
El vínculo con Cisneros, un denominador común
Las actuaciones del Tribunal de Cuentas comienzan a dibujar un escenario más amplio que excede los casos individuales de Díaz y Neme y vuelve a colocar bajo observación la estructura que condujo la Caja Popular durante los últimos años.
Díaz llegó a la intervención del organismo durante la gestión de Juan Manzur. El propio Cisneros reconoció públicamente haber recomendado su nombre para ocupar ese cargo.
Neme, por su parte, ocupó una posición relevante dentro del área jurídica de la Caja y también desarrolló tareas vinculadas a la Asociación Bancaria, espacio históricamente conducido en Tucumán por Cisneros.
Las conexiones no terminan allí. Hugo Ledesma, quien tuvo participación institucional en la Caja y actualmente es legislador provincial, es además cuñado de Cisneros y fue quien intervino en la cuestionada designación de Díaz en la planta permanente que posteriormente terminó anulada.
Así, las sucesivas decisiones del Tribunal de Cuentas comienzan a poner bajo presión a distintas figuras vinculadas con el esquema de conducción que Cisneros tuvo como referencia política en la Caja Popular.
Las investigaciones todavía deben completar sus respectivos procedimientos y determinar responsabilidades concretas. Sin embargo, la acumulación de expedientes, nulidades, comprobaciones sumariales y juicios de responsabilidad muestra que el organismo de control provincial avanzó decididamente sobre una etapa de la administración de la Caja Popular que ahora está siendo revisada en profundidad.
El punto más delicado será determinar cuánto dinero deberá eventualmente ser restituido al Estado. En el caso de Díaz, la discusión ya no se limita a determinados meses de licencia: el Tribunal analiza primero un expediente que podría comprometer la totalidad de los haberes percibidos a raíz de una designación que terminó declarada nula.
