El archivo de la causa por el retiro de casi $37.000 millones mediante la modalidad de “cheque por ventanilla” en municipios tucumanos cerró, al menos por ahora, el capítulo judicial de una investigación sensible. La resolución de la Justicia Federal descartó la existencia de delito en las extracciones realizadas entre 2023 y 2024 desde cuentas oficiales de Banda del Río Salí, Famaillá, Lules y Monteros.
Sin embargo, el cierre del expediente no logró clausurar el debate político ni disipar los interrogantes sobre el destino real de esos fondos. Por el contrario, la decisión reavivó cuestionamientos opositores en torno a la transparencia, la trazabilidad del dinero y la forma en que se administran recursos públicos millonarios en los municipios.
La discusión, en ese sentido, cambió de eje: ya no pasa solamente por si hubo o no delito, sino por si el manejo de semejantes sumas puede considerarse razonable, claro y debidamente explicado ante la sociedad.
La oposición apunta a la falta de explicaciones
Desde distintos bloques no oficialistas coincidieron en una idea central: que la causa se haya archivado no equivale a que todo haya quedado esclarecido. El bussista Ricardo Bussi fue uno de los más duros al advertir que la falta de pruebas penales no responde la pregunta de fondo: qué se hizo con los fondos retirados.
En la misma línea, Silvia Elía de Pérez cuestionó que se pretenda naturalizar este tipo de operatorias como una práctica habitual en los municipios. A su entender, si lo usual es retirar millones en efectivo, entonces el problema excede este caso puntual y deja al descubierto un sistema donde la discrecionalidad se volvió parte del funcionamiento cotidiano del Estado.
También Agustín Romano Norri y Manuel Courel pusieron el foco en las “desprolijidades administrativas” y en la ausencia de una investigación más profunda. Para ese sector, el dictamen puede haber descartado un delito, pero no alcanzó para despejar la sospecha política ni la preocupación institucional.
Entre la legalidad y la legitimidad del uso del dinero público
Del otro lado, ex intendentes defendieron la operatoria y afirmaron que se trató de mecanismos habituales para atender urgencias sociales, como asistencia con medicamentos y otras ayudas directas. Según plantearon, los fondos tuvieron trazabilidad, existieron expedientes por cada desembolso y las cuentas de inversión fueron aprobadas por los organismos de control.
Incluso hubo voces, como la de Claudio Viña, que llamaron a respetar la conclusión judicial y a no convertir cada fallo adverso en una denuncia contra la Justicia. Pero aun dentro de esas posiciones apareció otro planteo de fondo: la desigual distribución de recursos entre municipios según su cercanía política con la Casa de Gobierno.
Allí es donde el caso deja una enseñanza incómoda para la política tucumana. Puede que la causa se haya cerrado en tribunales, pero eso no significa que se haya recuperado la confianza pública. Porque cuando se trata del manejo de fondos estatales, la legalidad por sí sola no alcanza: también hacen falta transparencia, controles efectivos y explicaciones convincentes. Y en este episodio, para buena parte de la oposición, esas respuestas todavía no aparecieron.
