Cada nueva inundación en el sur tucumano vuelve a dejar la misma postal: familias evacuadas, producción dañada, infraestructura colapsada y una sensación repetida de que el desastre pudo haberse evitado. Pero detrás de esa imagen hay además una cifra que resume el problema con crudeza: reparar las consecuencias termina siendo mucho más caro que prevenirlas.
Así lo advirtió Eduardo Martel, ingeniero y ex coordinador general de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica de la Legislatura, al retomar los estudios realizados en 2017 y compararlos con la situación actual. Según recordó, en aquel momento se evaluaron los costos sociales, productivos y de infraestructura, y se estimó que las pérdidas directas provocadas por el avance del agua —los denominados “costos hundidos”— rondaban entre 25 y 32 millones de dólares, aunque incluso fueron superiores.
Para Martel, ese antecedente sirve hoy como parámetro válido. A su criterio, las características de las inundaciones registradas este año y sus efectos son comparables con lo ocurrido en 2017. La conclusión es tan simple como contundente: la provincia vuelve a pagar caro las consecuencias de problemas que ya habían sido estudiados y cuantificados.
Obras postergadas y decisiones que siguen pendientes
Uno de los puntos centrales del análisis pasa por la relación entre las pérdidas y el costo de las soluciones proyectadas. Martel explicó que la comisión ya había definido en su momento cuáles eran las obras prioritarias para reducir el impacto de las crecidas, y que esas intervenciones estaban valuadas en alrededor de 10 millones de dólares.
La comparación revela con claridad el núcleo del debate. Esa inversión representa cerca de un tercio del costo que dejó la inundación de 2017. En otras palabras, hacer las obras necesarias resultaba sensiblemente más barato que volver a enfrentar una emergencia de gran escala.
Desde esa perspectiva, el problema no es solo hídrico: también es político, técnico y de gestión. Porque si los diagnósticos ya existían, si los montos estaban calculados y si las zonas de mayor vulnerabilidad estaban identificadas, entonces cada nueva inundación expone el precio de no haber ejecutado a tiempo lo que estaba planificado.
La Madrid, entre el arraigo y la deuda histórica
En ese mapa del sur tucumano, La Madrid aparece como el caso más dramático. Martel señaló que, en una situación crítica, entre el 70 y el 80% de la ciudad debe ser evacuado, una escena que refleja el nivel de fragilidad con el que convive la localidad. Sin embargo, sostuvo que ese cuadro podría evitarse con las obras que ya estaban proyectadas.
También se analizó una alternativa extrema: trasladar la ciudad. Pero el costo de esa opción fue estimado en unos 60 millones de dólares solo en viviendas, sin incluir expropiaciones ni infraestructura pública. A eso habría que sumarle un componente imposible de medir únicamente en números: el desarraigo social y cultural de una comunidad con siglo y medio de historia.
Por eso, Martel descarta que La Madrid sea una población inviable. Al contrario, entiende que su continuidad es posible, pero exige corregir tanto las condiciones naturales de riesgo como las decisiones humanas que agravaron el problema con el paso del tiempo. Allí aparece, otra vez, la discusión de fondo: no se trata solo de cuánto cuesta una inundación, sino de cuánto termina costando no haber hecho bien las cosas cuando todavía había margen para evitarlas.
