La camioneta destruida contra un caballo suelto en la Ruta Nacional 38, cerca de La Cocha, no dejó víctimas fatales por milagro. Ocurrió el martes a la noche, en la zona de La Posta: un conductor de 63 años impactó contra un animal que apareció sobre la calzada y salvó su vida, aunque el frente de la Amarok quedó destrozado. El caso podría parecer un accidente más, pero en Tucumán ya no hay margen para hablar de hechos aislados.
Desde el viernes hasta hoy, el saldo publicado en las rutas tucumanas es demoledor. El domingo, sobre la vieja traza de la Ruta 38, en Arcadia, murieron Juan Bautista Gómez, de 7 años, y Darío Benjamín Molina, de 17, tras el choque entre una motocicleta y una camioneta. Horas después, también el domingo por la noche, otra tragedia golpeó a La Cocha: Damián José Quaino, Florencia Isabel De Carlo y su hijo Francesco, de 9 años, murieron en un choque contra un camión que transportaba caña de azúcar sobre la Ruta 38, a la altura de Palo Blanco. Una nena de 2 años sobrevivió y quedó internada.
Este miércoles, la cuenta volvió a crecer. Tamara Ferreyra, cabo primera de la Policía de Tucumán, y su padre murieron al chocar la moto en la que circulaban contra un camión en la colectora de la Circunvalación, cerca del Mercofrut. En apenas unos días, siete personas perdieron la vida en siniestros viales vinculados a rutas, accesos y corredores de alto tránsito.
Zafra, rastras y promesas que no llegan al asfalto
La zafra vuelve todos los años y todos los años Tucumán repite el mismo libreto: anuncios de controles, operativos, reuniones, promesas de coordinación y comunicados oficiales. Después llegan las muertes. Entonces los funcionarios vuelven a explicar lo que ya deberían haber garantizado.
El caso de La Cocha expone con crudeza esa falla. Tras la muerte de la familia Quaino-De Carlo, el secretario de Transporte, Vicente Nicastro, recordó que las rastras cañeras tienen vedada la circulación entre las 18 y las 7 de la mañana. La frase, lejos de tranquilizar, agrava el cuadro: si la restricción existe, si los funcionarios la conocen, si todos saben que la Ruta 38 se llena de transporte cañero durante la zafra, entonces la pregunta es inevitable: ¿quién controla?
No alcanza con trasladar toda la responsabilidad al conductor o al propietario del vehículo. Es cierto que deben responder si violan la ley. Pero también debe responder políticamente el Estado que anuncia controles y no logra evitar que el peligro siga circulando en horarios, condiciones y corredores críticos. La Secretaría de Transporte no está para emitir recordatorios después de las tragedias: está para prevenirlas antes.
La explicación de que “no se puede controlar el 100%” puede ser realista en abstracto, pero resulta inaceptable cuando la consecuencia son familias destruidas. Nadie exige un agente cada cien metros. Lo mínimo es inteligencia vial, puestos efectivos en horarios críticos, fiscalización real en los accesos a ingenios, sanciones a empresas y productores que incumplen, control de luces, enganches, documentación, acoplados, animales sueltos y velocidades. Es decir: gestión.
La falla no es sólo vial, es política
Tucumán sabe dónde están los puntos de muerte. La Ruta 38, en sus trazas vieja y nueva, el sur provincial, los accesos a Concepción, Aguilares, Alberdi, La Cocha y Famaillá no son territorios desconocidos. Allí conviven motos, autos particulares, camiones, rastras, acoplados cañeros, animales sueltos, banquinas deficientes, baja visibilidad y una infraestructura que no acompaña el volumen de tránsito.
Por eso, cada tragedia tiene una responsabilidad que excede al expediente judicial. Los fiscales deben investigar la mecánica de los choques, pero el Gobierno debe explicar por qué los controles prometidos no alcanzan. Si en 2022 se anunciaban operativos reforzados sobre rutas nacionales y provinciales; si en 2024 el propio Gobierno hablaba de intensificar controles por pedido del gobernador; y si en 2026 se vuelve a decir lo mismo después de otra familia muerta, el problema ya no es la falta de diagnóstico. Es la falta de cumplimiento.
La zafra es una actividad central para Tucumán, pero no puede funcionar como licencia para precarizar la seguridad vial. La producción no puede estar por encima de la vida. Si los ingenios trabajan las 24 horas, el Estado debe ordenar cómo entra y sale la caña sin convertir las rutas en corredores de riesgo. Si hay rastras que no pueden circular de noche, no deberían aparecer de noche. Si hay animales sueltos, debe haber responsables identificados y sancionados. Si hay rutas oscuras, sin banquinas seguras o sin señalización adecuada, no alcanza con mandar patrulleros después del choque.
Las víctimas de estos días no murieron en un vacío. Murieron en un sistema que venía avisando. La camioneta contra el caballo en La Cocha fue una advertencia sin muertos. Arcadia, La Cocha y Mercofrut fueron el costo humano de una provincia que se acostumbró a contar cadáveres en la ruta mientras los funcionarios cuentan operativos.
El Estado tucumano no puede seguir administrando tragedias con comunicados. Debe controlar, sancionar y prevenir. Porque cuando un funcionario dice que algo está prohibido y aun así ocurre, no está describiendo solo la infracción de un conductor: está confesando una falla de gestión.
