La escena resume una forma de ejercer el poder en Tucumán: diez mujeres de Graneros, afectadas por las inundaciones, terminaron imputadas por amenazas simples después de reclamar asistencia. No fueron funcionarias investigadas por obras inconclusas, ni autoridades obligadas a explicar por qué los barrios Buenos Aires y Santa Rita quedaron bajo el agua. Las que quedaron bajo sospecha penal fueron las vecinas.
La causa nació por una denuncia presentada por la intendenta Raquel Graneros y por su madre, la legisladora María Alejandra Cejas. Según esa presentación, un grupo de mujeres habría interceptado el vehículo en el que ambas se trasladaban el 28 de abril, al salir de una ceremonia religiosa, y les habría proferido amenazas contra su integridad y su vivienda. La Justicia avanzó con la imputación por amenazas simples en calidad de coautoras y dispuso medidas de coerción de menor intensidad.
Pero las acusadas negaron los hechos entre lágrimas. Una de ellas, Verónica Lorena Figueroa, sostuvo que fueron a la plaza a manifestarse pacíficamente porque se habían inundado, que querían entregar una nota y que buscaban ser escuchadas por Desarrollo Social y por la intendenta. Otra vecina contó que había intentado gestionar ayuda para reparar los daños en su casa y que nunca consiguió una audiencia con las autoridades municipales.
El dato más grave es que, según la defensa, la acusación fue formulada de manera genérica y no individualizó qué conducta concreta se le atribuye a cada mujer. Es decir: diez vecinas fueron arrastradas al sistema penal por un episodio colectivo de protesta, mientras la Justicia todavía debe precisar quién hizo qué. Aun así, se les impuso una prohibición de acercamiento y contacto con la intendenta y su madre, con un radio de 200 metros durante seis meses.
Del agua en las casas al expediente penal
El caso Graneros no aparece de la nada. Llega después de una serie de protestas por las inundaciones en el sur tucumano, donde la respuesta estatal alternó entre promesas, operativos policiales y judicialización. En marzo, el propio gobierno provincial informó que Osvaldo Jaldo recorrió la ruta 157, a la altura de La Madrid, para supervisar la asistencia a familias afectadas por el temporal. La comunicación oficial habló de presencia del Estado, coordinación y acompañamiento.
Un mes después, la foto era otra. Vecinos de La Madrid cortaron media calzada de la ruta 157 para exigir obras urgentes y denunciaron represión policial. Hubo relatos de golpes, balas de goma, personas demoradas y una bronca evidente: quienes habían perdido pertenencias y tranquilidad por el agua terminaron enfrentados con la Policía por reclamar soluciones.
Ese antecedente es clave para entender lo de Graneros. En Tucumán se repite un patrón inquietante: el vecino se inunda, espera asistencia, reclama cuando no llega la respuesta, y el sistema lo recibe con patrulleros, audiencias o expedientes. La protesta deja de ser un llamado de auxilio y pasa a ser tratada como un problema de orden público.
Por eso el caso de las diez mujeres no debería analizarse solo como una discusión penal por amenazas. El fondo político es otro: ¿qué clase de democracia local convierte un reclamo por asistencia social en una causa judicial? ¿Qué mensaje se manda al resto de los vecinos cuando quienes se animan a reclamar terminan imputados?
La protesta no habilita amenazas ni violencia. Pero tampoco puede ser convertida automáticamente en delito. Los estándares internacionales reconocen la protesta social como parte esencial de la vida democrática, y obligan al Estado a protegerla, facilitarla y responder de manera proporcional. Cuando el poder usa el Código Penal como primera respuesta ante mujeres inundadas, el problema ya no es la protesta: el problema es el poder.
El feudo Graneros-Cejas y el disciplinamiento del reclamo
La gravedad institucional aumenta por el entramado familiar que gobierna Graneros. Raquel Graneros llegó a la intendencia como heredera política directa de su madre, Alejandra Cejas, quien fue intendenta saliente y hoy ocupa una banca legislativa. La propia prensa oficialista presentó en 2023 el lanzamiento de Raquel con Cejas como candidata a legisladora y con el respaldo explícito de Jaldo. La Gaceta publicó entonces que Raquel era hija de la intendenta saliente y que venía de desempeñarse en Acción Social del municipio.
La concentración familiar no termina ahí. En febrero de este año se conoció que Roque Alejandro Graneros, hijo de Alejandra Cejas y hermano de la intendenta Raquel Graneros, fue designado en el Ministerio del Interior con rango de secretario de Estado, apenas antes del congelamiento de nuevas designaciones. También se recordó que Roque Graneros padre se desempeñó como intendente de esa localidad.
En otras palabras: madre legisladora y exintendenta, hija intendenta, hijo funcionario provincial, padre exintendente. Graneros aparece así como uno de esos municipios tucumanos donde el poder no rota: se hereda, se administra en familia y se defiende como propiedad política. En ese contexto, que diez vecinas humildes queden imputadas tras intentar reclamar ayuda no parece un episodio aislado, sino una señal de disciplinamiento.
El mensaje es brutal: en el feudo se pide permiso, no se reclama. Y quien reclama corre el riesgo de quedar marcado por la Justicia.
La misma lógica se vio, en otra escala, cuando Jaldo acudió a la Justicia contra la diputada Soledad Molinuevo por expresiones vinculadas a las inundaciones y a sus críticas al gobierno. No es el mismo caso ni el mismo fuero, pero confirma una tendencia preocupante: el poder político tucumano parece cada vez más dispuesto a judicializar el conflicto público antes que asumirlo políticamente.
En Graneros, la intendenta y su madre tenían una salida institucional mucho más sana: recibir a las vecinas, abrir una mesa de asistencia, mostrar qué ayuda se entregó, explicar qué obras faltan y rendir cuentas. Eligieron denunciar. La Justicia, lejos de poner un freno rápido a la desproporción, permitió que la investigación avanzara.
El resultado es una postal incómoda para Tucumán: las mujeres que dicen haber perdido bienes por la inundación ahora deben preocuparse también por una causa penal. Mientras tanto, el clan político local mantiene sus cargos, sus vínculos con la Provincia y su control territorial.
Ese es el verdadero escándalo. No que un grupo de vecinas haya ido a reclamar. El escándalo es que en un municipio gobernado como patrimonio familiar, la protesta social sea tratada como amenaza y el pedido de ayuda termine escrito en un expediente.
