“Hicieron todo mal, por esa razón fueron separados de la fuerza. Estamos a disposición de la Justicia Federal para aportar todos los elementos que consideren necesarios para esclarecer cuál fue su participación en el caso”, afirmó Joaquín Girvau, jefe de Policía de Tucumán, al referirse a la situación de los efectivos investigados por el secuestro de 66 kilos de cocaína en Salta.
El caso quedó bajo la órbita del fiscal federal Ricardo Toranzos, quien intenta determinar qué rol tuvieron siete policías tucumanos que prestaban servicios en el destacamento 7 de Abril. Cuatro de ellos estuvieron en la localidad salteña de El Potrero, donde fue interceptada una camioneta Renault Duster en la que se trasladaba la droga.
El episodio se registró el domingo, cuando la esteticista Delia Yolanda Tame viajaba hacia Tucumán acompañada por la médica de Gendarmería Nacional Ivana Georgina Portal. Ambas se movilizaban en una Renault Duster que llevaba la cocaína oculta en un doble fondo. Durante el trayecto, fueron perseguidas por ocupantes de dos camionetas que intentaron obligarlas a detenerse. Como no lo lograron, comenzaron a dispararles.
Las mujeres terminaron refugiándose en una vivienda de El Potrero, ubicada a unos 20 kilómetros del límite con Tucumán. Los dueños de la casa llamaron a la Policía para alertar sobre la situación. Al llegar, los uniformados constataron que las ocupantes del vehículo transportaban droga y que un grupo había intentado apoderarse del cargamento.
Una intervención fuera de jurisdicción y sin registros oficiales
Mientras se desarrollaba el procedimiento, llegaron al lugar cuatro policías tucumanos en una camioneta blanca. Según la versión que dieron, estaban realizando tareas de patrullaje por la zona y habían sido alertados por un automovilista sobre una balacera en la ruta.
Sin embargo, esa explicación quedó bajo sospecha. Los efectivos no tenían jurisdicción para intervenir en territorio salteño, no habían informado a sus superiores sobre la supuesta recorrida, no dejaron constancia de la salida en el libro de guardia del destacamento y tampoco confeccionaron un acta que justificara su presencia en El Potrero.
Además, se investiga por qué utilizaban una camioneta que, en principio, había sido secuestrada en el marco del Operativo Lapacho. Para la conducción de la Policía tucumana, esas irregularidades fueron suficientes para disponer la inmediata separación de los efectivos involucrados.
“Si bien es cierto que todo está en manos de la Justicia, no podemos pasar por alto las irregularidades que cometieron. Por esa razón fueron separados de la fuerza de inmediato. Además, pusimos a disposición de los investigadores toda la documentación y los elementos que podrían resultar de interés para la causa”, sostuvo Girvau.
Dos hipótesis bajo análisis de la Justicia Federal
La investigación federal apunta ahora a establecer si los policías tucumanos tuvieron algún tipo de participación en el intento de robo de la droga o si mantenían un vínculo previo con quienes transportaban el cargamento.
Una de las hipótesis que analiza el fiscal Toranzos es que José “Xuxa” Troichuque, oriundo de Rosario de la Frontera, junto con otras personas, habría intentado apoderarse de la cocaína que trasladaban Tame y Portal. En esa línea, se busca determinar si los efectivos tucumanos fueron convocados para colaborar en el asalto.
La segunda posibilidad es que los uniformados hubieran tenido algún acuerdo con los responsables del cargamento para facilitar el traslado y evitar controles. Según esa línea investigativa, habrían acudido a la zona al enterarse de que las mujeres estaban siendo atacadas por otro grupo.
Por ahora, ambas hipótesis continúan abiertas. Las pericias sobre teléfonos celulares, armas y documentación secuestrada serán claves para establecer cuál fue el verdadero rol de los policías tucumanos en un caso que ya salpica a distintas fuerzas de seguridad y que mantiene en alerta a la Justicia Federal.
