El transporte público volvió a quedar en el centro del malestar de los usuarios tucumanos. Desde este miércoles, el boleto urbano en San Miguel de Tucumán pasó a costar $1.700, tras la actualización tarifaria impulsada por la gestión municipal de Rossana Chahla y aprobada por el Concejo Deliberante capitalino. El incremento, del 36%, no sólo golpea a quienes se mueven dentro de la Capital, sino que también arrastra hacia arriba los valores del servicio interurbano en el Gran San Miguel de Tucumán.
Según los valores que comenzaron a circular en el sector, los tramos interurbanos seguirán el mismo porcentaje de aumento aplicado al boleto urbano. De esta manera, el Código 101 pasará de $1.348,25 a $1.833,60; el Código 102 subirá de $1.546 a $2.102,50; y el Código 103 trepará de $1.653,85 a $2.249,25.
La actualización también alcanzará a los recorridos más largos: el Código 104 pasará de $1.761,70 a $2.396; los Códigos 105 y 106 subirán de $1.959,45 a $2.665; el Código 107 llegará a $2.810; y el Código 108, el tramo más extenso del esquema metropolitano, alcanzará los $3.105.
Aunque resta la formalización de la resolución correspondiente para los tramos interurbanos, el nuevo cuadro tarifario ya marca una tendencia clara: viajar en colectivo será más caro en toda el área metropolitana.
Los usuarios pagan más, pero el servicio sigue bajo la lupa
El aumento llega en medio de una discusión que excede el precio del boleto. Para miles de usuarios, el problema no es únicamente pagar más, sino pagar más por un servicio que sigue acumulando reclamos por frecuencias, demoras, unidades llenas y recorridos que no siempre responden a las necesidades de los vecinos.
La suba fue defendida desde el oficialismo como una herramienta para sostener el sistema y evitar conflictos con las empresas. Sin embargo, para los pasajeros, la pregunta es otra: qué mejora concreta recibirán a cambio de un nuevo golpe al bolsillo.
En los barrios, el colectivo no es una opción más, sino una necesidad diaria. Lo usan trabajadores, estudiantes, jubilados y familias que dependen del transporte público para ir al trabajo, a la escuela, al hospital o al centro. Por eso, cada aumento tiene un impacto directo en la economía doméstica.
El malestar crece porque la actualización tarifaria aparece antes que las respuestas sobre la calidad del servicio. No hubo, al menos hasta ahora, un plan visible de control estricto de frecuencias, renovación de unidades, fiscalización diaria ni sanciones claras para las empresas que no cumplan.
En ese contexto, la discusión deja de ser meramente económica y se transforma en política: el boleto aumenta, pero la prestación sigue sin mostrar una mejora proporcional.
La responsabilidad política de Chahla
La intendenta Rossana Chahla queda inevitablemente en el centro de la escena. Su gestión impulsó y promulgó el aumento del boleto urbano en la Capital, y esa decisión funciona como referencia para el resto del sistema metropolitano. Por eso, el costo político de la medida también recae sobre el municipio.
Chahla planteó en distintas oportunidades que el transporte es un servicio esencial y que la prioridad era garantizar su funcionamiento. Pero esa explicación, aunque atiende una parte del problema, no alcanza para los usuarios que todos los días esperan colectivos que demoran, viajan incómodos o deben reorganizar sus horarios por la falta de previsibilidad del sistema.
La responsabilidad de la Municipalidad no termina en autorizar aumentos. También implica controlar que las empresas cumplan, exigir mejoras verificables y transparentar qué compromisos asumieron los empresarios a cambio de una tarifa más alta.
Si el municipio habilita una recomposición del boleto, debe garantizar una contraprestación. De lo contrario, la medida queda reducida a un traslado de costos hacia los pasajeros, sin una mejora real en el servicio.
El desafío para Chahla es demostrar que el aumento no será sólo una concesión a las empresas, sino parte de una política de transporte con controles, metas y resultados. Porque en la calle, donde los usuarios esperan el colectivo, la discusión es mucho más simple: si el boleto cuesta más, el servicio también tiene que mejorar.
