La denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, volvió a instalar en Tucumán una discusión sensible: cómo se controla la evolución patrimonial de quienes administran recursos públicos.
El caso tomó repercusión nacional luego de que se conociera la presentación impulsada por el legislador Manuel Courel, quien pidió que se investigue a la jefa municipal tras la compra de una vivienda valuada en una suma millonaria. En ese contexto, distintos sectores políticos comenzaron a reclamar mayor transparencia y mecanismos más eficaces para conocer el patrimonio de funcionarios, candidatos y autoridades del Estado.
La denuncia judicial no implica culpabilidad, pero sí abre un interrogante político e institucional en una provincia donde los controles sobre declaraciones juradas y bienes personales suelen quedar lejos del acceso ciudadano.
Un proyecto para transparentar los bienes de los funcionarios
En paralelo al caso Graneros, legisladores radicales presentaron en la Legislatura un proyecto de ley para establecer un régimen integral de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses en Tucumán.
La iniciativa, encabezada por Manuel Courel y acompañada por José Seleme, José Cano, Agustín Romano Norri, Silvia Elías de Pérez y Raquel Nievas, apunta a que los funcionarios públicos informen sus bienes de manera obligatoria y con carácter público.
El proyecto alcanza a autoridades de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados, Ministerio Público, Tribunal de Cuentas, Junta Electoral, Defensoría del Pueblo, Fiscalía de Estado, intendentes, concejales, comisionados comunales, autoridades policiales y candidatos a cargos electivos.
Según sus impulsores, el objetivo es permitir la trazabilidad de la evolución patrimonial de quienes ejercen funciones públicas y prevenir posibles casos de enriquecimiento ilícito. En otras palabras, que la ciudadanía pueda conocer con qué patrimonio ingresan los funcionarios al Estado, cómo evoluciona durante su gestión y con qué bienes se retiran.
El reclamo de fondo: controles reales y acceso ciudadano
La discusión excede a un nombre propio. El caso de la intendenta de Graneros expuso una demanda que viene creciendo en la opinión pública tucumana: que los controles patrimoniales no dependan sólo de expedientes internos o de decisiones políticas, sino de normas claras, obligatorias y accesibles.
Desde sectores críticos también se advierte sobre presuntos patrones de impunidad en municipios y comunas, y se reclama que los organismos de control actúen con mayor firmeza frente a posibles irregularidades. En ese marco, el debate por las declaraciones juradas públicas aparece como una herramienta concreta para reducir zonas grises en la administración estatal.
Tucumán enfrenta ahora una discusión de fondo: si la transparencia seguirá siendo una consigna de campaña o si se convertirá en una obligación efectiva para todos los que manejan fondos públicos. La denuncia contra Graneros encendió la alarma; la respuesta institucional dependerá de la Justicia, de la Legislatura y de la voluntad política para abrir al escrutinio público lo que hasta ahora muchas veces permaneció cerrado.
