Una nueva mortandad de peces volvió a poner bajo sospecha el estado de los cursos de agua en Tucumán y la eficacia de los controles ambientales sobre la actividad industrial. El episodio fue denunciado en Los Bulacio, en el sureste provincial, donde pescadores registraron con sus teléfonos una escena repetida y preocupante: bagres y mojarras muertos o agonizando en la orilla del río.
El caso se conoce apenas días después de otro procedimiento ambiental que terminó con la suspensión preventiva de actividades vinculadas al Ingenio Bella Vista, señalado por un presunto efluente industrial que habría afectado el Arroyo del Rey. La cercanía entre ambos episodios profundiza la preocupación: ya no se trata de una denuncia aislada, sino de una secuencia que vuelve a instalar una pregunta urgente sobre quién controla, cómo se controla y qué sanciones reales existen cuando se detecta daño ambiental.
Los pescadores que difundieron las imágenes remarcaron que el río tenía buen caudal y que las bajas temperaturas no permitirían explicar la mortandad por falta natural de oxígeno. Por eso apuntaron directamente a la posibilidad de contaminación y exigieron que la Provincia identifique a los responsables.
Un desastre que se repite y ya no sorprende
La mortandad de peces en ríos tucumanos no es nueva. Lo grave es que, año tras año, las denuncias parecen repetirse con una lógica casi cíclica: aparecen peces muertos, se viralizan videos, intervienen organismos oficiales, se toman muestras y luego la preocupación pública se diluye hasta el próximo episodio.
En Los Bulacio, el impacto fue mayor porque el fenómeno se produjo cerca de zonas habitadas y no en un área rural lejana. Esa cercanía transforma el problema ambiental en una posible amenaza sanitaria. No sólo se trata de peces muertos, sino de familias que viven cerca del cauce, de chicos que pueden entrar en contacto con el agua, de animales que beben allí y de comunidades que dependen del río como parte de su entorno cotidiano.
Los testimonios de pescadores también marcan un contraste doloroso: venían observando una recuperación de especies, con mejores tamaños y mayor presencia de ejemplares, después de un período favorable por las lluvias. La mortandad, entonces, no sólo destruye vida acuática en el momento, sino que corta procesos de recuperación natural que tardan años en consolidarse.
La Provincia investiga y mira a industrias de la zona
Tras la denuncia, la Provincia activó un protocolo para determinar qué ocurrió. Ese procedimiento incluye recorridas por el área afectada, toma de muestras de agua y recolección de ejemplares muertos para establecer las causas de la mortandad.
Según trascendió, quedaron bajo análisis al menos dos establecimientos industriales ubicados en Banda del Río Salí: un ingenio y una citrícola. Los resultados técnicos serán claves para saber si existió contaminación, qué sustancia pudo haber provocado el daño y desde dónde habría llegado al cauce.
El antecedente inmediato es el operativo realizado días atrás en Bella Vista. Allí, organismos ambientales detectaron un efluente industrial vinculado al ingenio y dispusieron el cese preventivo de las actividades relacionadas con esa descarga. También se ordenó la remediación ambiental, la limpieza de los cauces afectados y medidas para evitar que el daño continúe o se agrave.
Ese punto es central: si en pocos días se registran dos episodios graves, el sistema de control queda bajo examen. No alcanza con actuar después de que aparecen peces muertos. La discusión de fondo es si existen controles preventivos suficientes durante la etapa de producción industrial, especialmente en actividades que históricamente generaron conflictos ambientales en la provincia.
El costo de mirar tarde el daño ambiental
La denuncia de Los Bulacio vuelve a dejar expuesta una tensión histórica en Tucumán: la convivencia entre producción, empleo y cuidado ambiental. Nadie discute la importancia económica de las industrias, pero esa relevancia no puede funcionar como escudo frente a posibles prácticas contaminantes.
Cuando un río se contamina, el daño no queda limitado al agua. Afecta biodiversidad, salud pública, turismo, pesca deportiva, economías locales y confianza ciudadana. También erosiona la autoridad del Estado, porque cada episodio repetido instala la sensación de que las sanciones llegan tarde o no alcanzan para cambiar conductas.
Los pescadores reclamaron que se investigue hasta encontrar a los responsables y cuestionaron que muchas veces los controles recaigan con fuerza sobre quienes pescan, mientras las industrias quedan bajo una vigilancia más débil. Esa comparación, aunque expresada desde la indignación, resume una demanda legítima: que el peso de la ley sea proporcional al daño que cada actor puede causar.
La segunda mortandad de peces en una semana obliga a una respuesta más profunda que la toma de muestras. Tucumán necesita saber qué pasó, quién contaminó si la contaminación se confirma, qué sanciones se aplicarán y qué medidas se tomarán para que el río Salí deje de ser escenario de un desastre anunciado. Sin respuestas claras, cada nuevo pez muerto será también una prueba del fracaso de los controles.
