Un niño de tres años tuvo que ser internado después de caer en una boca de tormenta sin protección en el pasaje Miguel Cané, antes de llegar a la esquina con Saavedra, en San Miguel de Tucumán. El pequeño caminaba junto a su madre cuando desapareció dentro del pozo, cubierto por líquidos cloacales.
Los gritos desesperados de la mujer alertaron a los vecinos, quienes lograron rescatarlo. Debido a que había ingerido parte de esos líquidos, fue trasladado al Hospital de Niños, donde quedó en observación. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.
El accidente volvió a exponer una realidad cotidiana en distintos puntos de la capital: pozos abiertos, desagües sin protección, ausencia de señalización y reclamos que permanecen sin respuesta hasta que ocurre una tragedia.
La SAT responsabilizó al robo de tapas
Después de que el caso tomara estado público, la Sociedad Aguas del Tucumán salió a explicar que el robo de tapas de bocas de tormenta se incrementó en los últimos tiempos y que la cantidad de elementos sustraídos supera su capacidad de reposición.
El titular de la empresa, Marcelo Caponio, aseguró que durante los últimos dos años se colocaron nuevamente unas 400 tapas en diferentes lugares de la provincia. También afirmó que, mientras la SAT repone una estructura, en ocasiones son robadas otras tres.
Según las estimaciones oficiales, cada cubierta de hierro fundido cuesta alrededor de $200.000 más impuestos. A ese monto deben agregarse los trabajos necesarios para reparar o reemplazar los marcos donde son colocadas.
La empresa anunció, además, que comenzará a señalizar las bocas de tormenta sin tapa y que habilitará una línea telefónica para recibir denuncias. Las medidas, sin embargo, fueron comunicadas recién después de que un niño de tres años terminara hospitalizado.
Los vecinos desmintieron la versión del robo
La explicación de la SAT fue cuestionada por los habitantes de la zona. Según denunciaron, la tapa de la boca de tormenta no había sido robada, sino que se encontraba caída dentro del mismo pozo.
Los vecinos aseguraron que venían reclamando una solución desde hacía aproximadamente cuatro años. Durante todo ese tiempo, el desagüe habría permanecido en condiciones peligrosas, sin que se realizara una reparación definitiva ni se colocara una advertencia para peatones.
La intervención llegó después del accidente. Recién cuando el pequeño cayó, fue rescatado e internado, personal de la empresa se presentó para reparar el lugar que, de acuerdo con los testimonios vecinales, había sido denunciado reiteradamente.
La diferencia entre ambas versiones resulta central. Mientras la SAT presentó el problema como una consecuencia de la inseguridad y del mercado ilegal del hierro, los vecinos sostienen que en este caso puntual existió una demora prolongada frente a una estructura deteriorada.
Una ciudad peligrosa donde las soluciones llegan después
El episodio no puede reducirse únicamente a la discusión sobre quién retiró o dejó caer una tapa. La madre del niño declaró que el pozo no tenía protección y que tampoco había señalización que advirtiera sobre el peligro.
Durante años, cientos de personas habrían pasado diariamente junto a una trampa abierta en la vía pública. Podía caer un niño, un adulto mayor, un motociclista o cualquier peatón. Finalmente ocurrió lo que los vecinos temían y que los organismos responsables debían prevenir.
La promesa de colocar carteles y recibir denuncias vuelve a demostrar una lógica repetida: las respuestas aparecen después de los accidentes, cuando el daño ya está hecho y el reclamo llega a los medios.
Esta vez, el niño sobrevivió y se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, el caso dejó nuevamente al descubierto una ciudad atravesada por pozos, pérdidas cloacales, veredas rotas y estructuras abandonadas. Una ciudad peligrosa en la que los vecinos reclaman durante años y las autoridades, una vez más, llegan tarde.
