La Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó el Presupuesto Participativo como una herramienta de democracia directa: vecinos que proponen, votan y deciden obras para sus barrios. En los papeles, la idea es saludable. En la práctica, abre una pregunta incómoda: ¿las obras aprobadas son realmente las más urgentes para la Capital o la intendenta Rossana Chahla encontró una forma elegante de transferir la responsabilidad política a la gente?
La inversión anunciada supera los $5.700 millones y será destinada a plazas, playones deportivos, clubes barriales, centros comunitarios y espacios culturales. Nadie podría decir que esas obras no sean necesarias. Pero necesidad no es lo mismo que prioridad. Una ciudad con problemas estructurales de tránsito, drenaje, alumbrado, veredas, recolección, mantenimiento urbano, transporte y servicios básicos no puede resolver su agenda crítica sólo preguntando qué obra prefiere cada barrio dentro de un menú previamente filtrado por el municipio.
Cómo se votó: participación real, pero con opciones condicionadas
La votación se realizó de manera presencial, durante dos jornadas, en 20 sedes distribuidas por distritos. Podían participar vecinos mayores de 16 años registrados en el padrón electoral de la Capital 2025, con DNI, y también organizaciones con domicilio en cada distrito. Cada persona podía emitir un solo voto y no se permitía votar por terceros.
Ese esquema tiene un punto a favor: evita la lógica de una encuesta digital sin control y obliga a una validación mínima de identidad y domicilio. Pero también tiene límites. La elección no fue una consulta abierta sobre todas las urgencias de la ciudad, sino una votación entre proyectos que ya habían pasado por un filtro municipal de factibilidad.
Ahí aparece la primera tensión. El vecino no decidió libremente sobre el conjunto del presupuesto municipal ni sobre las grandes prioridades urbanas. Eligió entre alternativas habilitadas por el Ejecutivo. Es decir: la participación existió, pero dentro de un marco definido por la propia gestión.
Por eso el argumento oficial de que “lo eligieron los vecinos” es cierto sólo a medias. Los vecinos votaron, sí. Pero votaron sobre una selección previa. Y quien define qué entra y qué queda afuera del menú conserva una cuota decisiva de poder.
La transparencia anunciada no alcanza para auditar el proceso
El municipio sostiene que el proceso fue transparente y que los proyectos presentados, seleccionados y ganadores están disponibles en el sitio oficial. Además, la ordenanza que creó el Presupuesto Participativo exige un procedimiento democrático y transparente, con instancias informativas, asambleas, votación y posterior tratamiento institucional.
Pero transparencia no es sólo publicar una plataforma con proyectos. Para que el sistema pueda ser auditado de verdad deberían estar disponibles, de manera clara y descargable, datos básicos: cuántos votos obtuvo cada proyecto, cuántas personas votaron por distrito, cuántos votos fueron institucionales, qué proyectos quedaron afuera, quién evaluó la factibilidad, qué dictamen técnico tuvo cada propuesta, cuánto costará cada obra, qué área será responsable de ejecutarla y cuál será el cronograma.
Esa información es clave porque hay inconsistencias en la comunicación pública. Algunas publicaciones hablan de 19 proyectos; otras, de 20 obras. También varían los montos informados: primero se mencionaron $3.500 millones, luego $5.200 millones y ahora más de $5.700 millones. En un contexto inflacionario puede haber actualizaciones, pero justamente por eso el Estado debería explicar con precisión cómo se llegó a cada cifra.
El caso de Plaza Urquiza también genera ruido. Aparece vinculada a procesos de participación ciudadana y a la vez forma parte de paquetes de obras estratégicas de la gestión. Si se la incluye dentro del Presupuesto Participativo, debería quedar claro si fue una obra ganadora, una consulta pública independiente o una decisión previa del Ejecutivo maquillada con participación.
Proyectos no factibles: el punto ciego del relato oficial
Que existan proyectos no factibles no es necesariamente un problema. Al contrario: cualquier Presupuesto Participativo serio necesita filtros técnicos. Puede haber propuestas inviables por costo, por dominio del terreno, por competencia provincial o nacional, por restricciones jurídicas, por falta de encuadre presupuestario o por dificultades urbanísticas.
El problema es otro: la falta de trazabilidad pública. Si el vecino propone una obra y el municipio la declara no factible, debería poder saber exactamente por qué. No alcanza con una etiqueta. Una propuesta descartada por razones técnicas no es lo mismo que una descartada por decisión política, por conveniencia presupuestaria o porque incomoda a la planificación oficial.
La ordenanza establece que el anteproyecto debe ponderar la factibilidad económica y jurídica de las propuestas. Ese mandato obliga al municipio a explicar sus decisiones, no sólo a comunicar las obras que sí quedaron. En este punto, la transparencia debería ser más exigente con los descartes que con los ganadores, porque allí se juega la confianza del proceso.
La necesidad de los barrios es real. Muchos vecinos reclaman plazas, playones, centros comunitarios y espacios de encuentro porque durante años el Estado llegó tarde o no llegó. Pero esa necesidad no debería ser usada para desplazar la responsabilidad política. La intendenta gobierna, administra el presupuesto y fija prioridades. La gente puede participar, pero no puede cargar con el costo de una mala planificación.
El Presupuesto Participativo puede ser una herramienta valiosa si sirve para complementar la gestión. Pero se vuelve riesgoso si se usa como escudo. Porque entonces, ante una obra demorada, mal ejecutada o discutible frente a otras urgencias, el Ejecutivo siempre podrá responder: “lo eligieron los vecinos”.
Y esa frase, repetida como blindaje político, puede terminar convirtiendo una buena idea participativa en una forma de lavarse las manos.
