El Gobierno de Osvaldo Jaldo quedó alcanzado por una investigación federal sobre el uso de aviones sanitarios oficiales. El caso tucumano tiene una particularidad: la Provincia aparece entre las que más vuelos médicos informa públicamente, pero al mismo tiempo mantiene bajo reserva los datos clave sobre el resto de los movimientos de su flota aérea.
El dato central es concreto: entre abril de 2025 y abril de 2026, el avión sanitario tucumano matrícula LV-CKA registró 148 vuelos. De ese total, 59 fueron identificados como sanitarios. Pero seis vuelos, equivalentes a tres viajes de ida y vuelta, coinciden con traslados del gobernador Osvaldo Jaldo a Buenos Aires para reuniones con funcionarios nacionales.
La investigación no prueba por sí sola un uso irregular. Lo que expone es otra cosa: una coincidencia relevante, una promesa oficial incumplida o al menos puesta en duda, y un Gobierno que no respondió los pedidos de información para aclarar quién viajó, por qué motivo, con qué costo y en qué aeronave.
La promesa de Jaldo era que el avión sanitario no sería usado por funcionarios
Cuando Jaldo asumió el control pleno de la gestión, el oficialismo intentó marcar distancia con las viejas polémicas que habían atravesado a los gobiernos de José Alperovich y Juan Manzur por el uso de aeronaves provinciales.
En noviembre de 2023, el ministro del Interior, Darío Monteros, fue tajante: dijo que el avión sanitario cumpliría esa función “en un 100%” y que el gobernador y sus funcionarios tomarían vuelos comerciales. La frase buscaba mostrar un cambio de época: el avión para los pacientes, los funcionarios a las líneas comerciales.
Esa definición es la que hoy vuelve como boomerang. Porque si seis vuelos del LV-CKA coinciden con tres viajes de Jaldo a Buenos Aires, la Provincia tiene la obligación política de explicar si el mandatario viajó o no en esa aeronave. Y si lo hizo, debe aclarar bajo qué figura, con qué autorización, si hubo agenda oficial, cuánto costó y si existía una emergencia sanitaria en curso o una disponibilidad alternativa para pacientes críticos.
El silencio agrava la sospecha. No alcanza con decir que Tucumán informa más vuelos sanitarios que otras provincias. La transparencia no se mide sólo por lo que el Gobierno decide publicar, sino también por lo que acepta responder cuando le preguntan por datos incómodos.
Los números de la flota abren más preguntas que respuestas
El caso no se limita al Lear Jet LV-CKA. El relevamiento también detectó otros movimientos en aeronaves vinculadas a la Provincia.
El helicóptero matrícula LQ-HFN registró 100 movimientos en el período analizado, pero sólo 27 fueron informados como sanitarios. El avión LV-BEU tuvo 69 vuelos, de los cuales apenas 15 fueron reportados como sanitarios. Sobre esta última aeronave aparece otra zona gris: en registros de seguimiento figura como propiedad privada, aunque el Gobierno tucumano anunció en noviembre de 2024 su reincorporación como avión sanitario Cessna Citation de la Provincia.
El Ministerio de Salud informó entonces que, por decisión de Jaldo, los aviones y helicópteros estarían disponibles “100%” para urgencias y traslados de pacientes. Esa declaración vuelve a chocar con la falta de información completa sobre el uso real de la flota.
La pregunta es simple: si las aeronaves están destinadas a salud, ¿por qué no se publica el detalle completo de cada vuelo? Fecha, origen, destino, motivo, tripulación, paciente trasladado con identidad protegida, área solicitante, costo operativo y autoridad que autorizó el movimiento. Sin esos datos, la ciudadanía sólo puede ver una parte del tablero.
La gestión no puede esconderse detrás de una zona gris
Legalmente, Tucumán tiene una particularidad. La Ley 8.350 habilitó el uso de aeronaves provinciales para traslados oficiales y, de manera excepcional, para traslados particulares. Esa norma fue usada durante años para defender vuelos de funcionarios. Pero el problema político actual es otro: el propio jaldismo prometió que la flota sanitaria tendría uso sanitario.
Además, la normativa nacional sobre aeronaves públicas endureció el criterio de uso: no pueden ser utilizadas para actividades privadas y deben estar afectadas a tareas propias del servicio público. Las operaciones sanitarias, además, tienen reglas específicas y prioridad cuando responden a emergencias, evacuaciones médicas o traslados de órganos.
Por eso el caso Jaldo no se resuelve con una chicana legal. Se resuelve con información. Si los viajes a Buenos Aires fueron oficiales y no afectaron la disponibilidad sanitaria, el Gobierno debería poder demostrarlo. Si el gobernador no viajó en el LV-CKA, debería decirlo. Si sí viajó, debería explicar por qué contradijo la promesa de que los funcionarios usarían vuelos comerciales.
El fondo del asunto es el mismo que atraviesa otras discusiones en Tucumán: la provincia informa cuando le conviene, pero se cierra cuando el dato puede comprometer al poder. Y en una gestión que repite el discurso de la austeridad, el uso de una flota aérea estatal no puede quedar librado a comunicados incompletos ni a coincidencias detectadas desde afuera.
Jaldo tiene una salida sencilla: publicar el registro completo de vuelos, pasajeros, motivos, costos y autorizaciones. Mientras no lo haga, el avión sanitario seguirá cargando algo más pesado que pacientes: la sospecha de que el Gobierno usa recursos de salud con lógica política.
