Tucumán vive una explosión en la venta de motos. En apenas un año, los patentamientos prácticamente se duplicaron y la provincia pasó a ocupar un lugar cada vez más importante dentro del mercado nacional. Pero detrás de esos números hay algo más que un buen momento para las concesionarias: para miles de tucumanos, la moto se está transformando en la única alternativa posible para tener movilidad propia.
Entre enero y septiembre de 2026 se patentaron en Tucumán 45.583 motovehículos, un 101,9% más que los 22.576 registrados durante el mismo período de 2025. Sólo en septiembre fueron 5.406 unidades, un incremento interanual del 91%.
La provincia pasó, además, de representar el 4,8% al 6,8% de todos los patentamientos de motos del país.
Los números parecen mostrar prosperidad. Sin embargo, leídos junto con otros indicadores, también cuentan otra historia: la dificultad creciente para comprar y mantener un automóvil y la incapacidad del transporte público tucumano para convertirse en una alternativa confiable.
La moto como refugio ante un auto cada vez más lejano
El contraste con el mercado automotor es contundente. En mayo de este año, por ejemplo, los patentamientos de motos en Tucumán habían aumentado un 165,2% interanual, mientras los de automóviles caían un 32,2%. No es difícil encontrar una explicación económica.
Comprar un 0 km quedó fuera del alcance de una enorme cantidad de familias. A los precios de las unidades se agregan problemas de financiamiento y una fuerte carga impositiva. Y para quienes ya tienen un vehículo, mantenerlo tampoco resulta sencillo.
Combustible, seguro, patente, mantenimiento mecánico, neumáticos, estacionamiento y Verificación Técnica Vehicular constituyen gastos permanentes. Como referencia, la alícuota del impuesto Automotor en Tucumán es del 2% y un cálculo difundido este año ubicó en $463.535 anuales la carga promedio de patente para un vehículo. Desde agosto, además, realizar la VTV de un automóvil cuesta $60.000.
En ese escenario, la moto dejó de ser para muchos un segundo vehículo o una elección vinculada al gusto personal. Es una herramienta para trabajar, estudiar, realizar trámites o simplemente trasladarse todos los días.
Consume menos combustible, cuesta considerablemente menos que un automóvil y, sobre todo, permite evitar otro problema que atraviesa desde hace años al Gran San Miguel de Tucumán: el transporte público.
Un colectivo que perdió pasajeros y que los gobiernos no consiguen recuperar
Mientras miles de tucumanos compran motos, el sistema de colectivos libra una batalla exactamente inversa: intenta recuperar usuarios. La propia intendenta Rossana Chahla lo reconoció al presentar, a fines de julio, un proyecto de reorganización del transporte capitalino. El objetivo anunciado fue explícito: lograr que la gente “vuelva a tomar el colectivo”.
La frase es significativa porque admite el problema central. Los pasajeros se fueron. Las empresas vienen denunciando una fuerte caída en la cantidad de usuarios, mientras que desde distintos sectores políticos se señala que el corte de boletos se redujo drásticamente durante los últimos años.
Las razones tampoco son difíciles de identificar para cualquier tucumano que dependa diariamente del servicio: frecuencias insuficientes, largas esperas, recorridos que necesitan ser rediseñados, conflictos empresariales y gremiales y un sistema que periódicamente vuelve a quedar al borde de un paro.
A esto se agrega el precio. Desde fines de junio, el boleto urbano en San Miguel de Tucumán cuesta $1.700.
Para un trabajador que necesita cuatro viajes diarios —por combinaciones o traslados de ida y vuelta—, movilizarse puede representar $6.800 por jornada. En 22 días laborales serían casi $150.000 mensuales, sin considerar los viajes del resto de la familia.
La paradoja es evidente: se pretende desalentar el uso del vehículo particular y recuperar pasajeros para el transporte público, pero el propio sistema no logra ofrecer todavía una combinación suficientemente atractiva de precio, frecuencia, previsibilidad y calidad.
En ese contexto, comprar una moto comienza a parecer menos una decisión y más una salida.
Jaldo, Chahla y miles de millones para sostener un sistema que sigue en crisis
La responsabilidad sobre el transporte tucumano no puede analizarse sin mencionar la eliminación de los subsidios nacionales al interior del país. Esa decisión modificó de manera profunda la estructura financiera del sistema y obligó a provincias y municipios a asumir una porción mucho mayor de sus costos.
Pero la quita de fondos nacionales explica una parte del problema. No alcanza para justificar indefinidamente la falta de transformación del servicio.
Hoy son el Gobierno de Osvaldo Jaldo y la Municipalidad conducida por Rossana Chahla quienes destinan cifras millonarias para evitar el colapso.
En mayo, cuando la Legislatura prorrogó hasta 2028 la emergencia del transporte público, se informó que solamente durante el mes anterior la Provincia había aportado más de $5.000 millones a Aetat y la Municipalidad capitalina cerca de $2.000 millones.
Es decir, alrededor de $7.000 millones de recursos públicos en un mes.
En abril, el propio secretario de Movilidad Urbana de la Capital, Carlos Arnedo, había explicado que entre distintas compensaciones y programas la gestión de Chahla colocaba aproximadamente $1.600 millones mensuales para mantener funcionando el transporte.
El Gobierno provincial, por su parte, decidió sostener las compensaciones luego de la retirada de Nación y prorrogó la emergencia que habilita al Poder Ejecutivo a continuar realizando transferencias a las empresas.
El problema ya no es solamente cuánto dinero se destina, sino qué recibe el usuario a cambio.
Jaldo y Chahla suelen remarcar —con razón— el esfuerzo presupuestario que realizan Provincia y Municipio para sostener el servicio, garantizar salarios y evitar que los colectivos dejen de circular. Pero precisamente porque se trata de miles de millones de pesos provenientes del Estado, también les corresponde asumir la responsabilidad política por la calidad del sistema que esos fondos mantienen.
Subsidiar para evitar el colapso puede ser una medida de emergencia. Subsidiar año tras año sin conseguir frecuencias satisfactorias, previsibilidad, renovación suficiente y recuperación de pasajeros convierte la emergencia en parte del funcionamiento habitual.
Y mientras gobiernos, empresarios y gremios llevan años discutiendo cómo salvar el colectivo, los tucumanos parecen estar encontrando su propia solución.
Tiene dos ruedas.
Los más de 45.000 patentamientos registrados durante los primeros nueve meses del año pueden ser una buena noticia para el mercado de motovehículos. Pero también deberían funcionar como una señal de alarma para quienes administran la movilidad de Tucumán.
Porque detrás del boom de las motos puede haber algo bastante menos alentador: familias que ya no pueden llegar al auto y ciudadanos que dejaron de esperar que el colectivo sea la respuesta.
