A medida que se acercan las elecciones provinciales de 2027, los millones destinados a las comunas rurales de Tucumán vuelven a ocupar el centro de la escena política. El gobernador Osvaldo Jaldo autorizó una adecuación presupuestaria de $8.800 millones para atender las necesidades de funcionamiento y operatividad de las 93 administraciones comunales, una decisión que, aunque formalmente responde a necesidades de gestión, llega en un momento particularmente sensible: faltan apenas seis meses para que los tucumanos vuelvan a las urnas. La medida reactiva una discusión que atraviesa sucesivos gobiernos provinciales y que nunca termina de resolverse: cuánto dinero reciben las comunas, cómo se distribuye, quién decide su destino y qué controles efectivos existen sobre su utilización.
El Decreto N° 2.600/3 (SH), firmado el 23 de octubre y publicado en el Boletín Oficial del 6 de noviembre de 2026, dispone trasladar $8.800 millones desde una partida de créditos adicionales de Obligaciones a Cargo del Tesoro hacia la Secretaría de Estado de Municipios y Comunas, dependiente del Ministerio del Interior. El monto representa, como simple referencia matemática, un promedio superior a $94,6 millones por comuna, aunque la disposición no establece un reparto igualitario ni individualiza cuánto recibirá cada jurisdicción. Tampoco precisa obras, servicios o gastos concretos que se financiarán con estos recursos. Se trata de una ampliación del crédito presupuestario disponible para transferencias, no de una constancia de que todo el dinero ya haya sido efectivamente distribuido.
Millones para las comunas en plena carrera electoral
El calendario vuelve especialmente significativa la decisión. El próximo 9 de mayo de 2027, Tucumán elegirá gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y comisionados comunales. Las 93 comunas rurales representan una pieza fundamental del armado territorial de los partidos políticos, especialmente del oficialismo, que históricamente ha encontrado en esas estructuras una herramienta clave para sostener su presencia en el interior provincial.
No es la primera vez que los fondos destinados a estas administraciones generan controversia en períodos electorales. En 2025, cuando también se celebraron comicios, el Ejecutivo había autorizado un refuerzo de $6.300 millones para las comunas rurales, decisión que despertó fuertes cuestionamientos de sectores opositores, que denunciaron un presunto financiamiento electoral encubierto. La administración provincial rechazó esas acusaciones y defendió la necesidad de garantizar los servicios públicos en las localidades del interior.
Ahora, con otros $8.800 millones incorporados al presupuesto de Municipios y Comunas, regresan los mismos interrogantes. La medida no demuestra por sí sola que exista un uso electoral de los recursos, pero la cercanía de los comicios y los antecedentes de controversias sobre su distribución obligan a examinar con mayor atención los criterios utilizados. Más aún cuando el propio decreto exceptúa esta adecuación de determinadas disposiciones sobre administración de créditos presupuestarios y cuotas financieras establecidas para el ejercicio 2026.
El Tribunal de Cuentas ya advirtió sobre registros precarios y gastos cuestionados
El problema de fondo no se limita a la cantidad de dinero que reciben las comunas, sino a las dificultades para verificar cómo se administra. En septiembre de este año, el Tribunal de Cuentas de Tucumán formuló una advertencia contundente al analizar la Cuenta de Inversión 2025: las 93 comunas rurales llevan sus operaciones mediante «registros contables precarios» y carecen de un sistema que permita obtener información confiable, precisa y oportuna.
Aunque el organismo verificó que el 99,10% de los estados contables bimestrales había sido presentado, esa cifra no implica que todas las rendiciones estuvieran correctamente justificadas ni que los mecanismos de registración fueran adecuados. Precisamente, el organismo recomendó avanzar en la implementación de un sistema contable capaz de mejorar el seguimiento de los fondos públicos.
Los cuestionamientos no quedaron solamente en observaciones generales. Durante octubre de 2026, el Tribunal formuló cargos fiscales por más de $205 millones contra autoridades y exautoridades de cuatro comunas rurales, luego de concluir cinco juicios de cuentas vinculados con rendiciones que no lograron regularizarse completamente. Los expedientes involucraron a Gobernador Piedrabuena, Los Bulacios y Los Villagras, San Pablo y Villa Nougués, y El Chañar. Se trata de decisiones administrativas de responsabilidad patrimonial, no de condenas penales.
El ministro de Economía, Daniel Abad, defendió recientemente el régimen de administración comunal y aclaró que estas jurisdicciones están sujetas a controles del Tribunal de Cuentas, aun cuando sus presupuestos no se consoliden dentro del presupuesto general provincial. Según explicó, el organismo fiscalizador interviene y puede sancionar a los responsables que incumplen las normas.
Sin embargo, precisamente la existencia de esos juicios de cuentas demuestra que los problemas de justificación del gasto no son una simple sospecha opositora. Los mecanismos de fiscalización existen, pero también existen irregularidades detectadas oficialmente y dificultades estructurales que el propio Tribunal reclama solucionar.
¿Quién controla los millones que llegan al interior?
Las comunas rurales cumplen funciones esenciales en localidades donde muchas veces constituyen la principal presencia del Estado. El mantenimiento de caminos, la limpieza, la asistencia social y la prestación de servicios requieren financiamiento permanente, independientemente del calendario político. Negar esa necesidad sería desconocer la realidad de buena parte del interior tucumano.
Pero reconocer esa función no significa extender un cheque en blanco. La discusión sobre las comunas como supuestas «cajas sin fondo» se alimenta justamente de la falta de información suficientemente detallada y accesible para que cualquier ciudadano pueda conocer cuánto dinero recibió su localidad, en qué se gastó, qué obras se ejecutaron y cuáles fueron sus resultados.
El nuevo decreto vuelve a dejar preguntas abiertas. ¿Qué criterio utilizará el Ministerio del Interior para distribuir los $8.800 millones? ¿Cuánto recibirá cada comuna? ¿Se publicarán las transferencias individualizadas? ¿Qué mecanismos permitirán comprobar que el dinero se destinó efectivamente a mejorar los servicios? ¿Qué ocurrirá con aquellas administraciones que arrastran observaciones pendientes del Tribunal de Cuentas?
Ninguna de estas preguntas implica afirmar que el nuevo refuerzo será utilizado irregularmente. Pero tampoco pueden ser descartadas como una simple controversia política cuando existen antecedentes concretos de deficiencias contables y cargos fiscales contra responsables comunales.
La provincia está a pocos meses de una elección que definirá nuevamente el poder político en los 93 distritos rurales. Y mientras la maquinaria electoral comienza a ponerse en marcha, el Gobierno incrementa en miles de millones los recursos disponibles para administraciones que tienen una enorme importancia territorial y política.
El desafío para Jaldo no es solamente explicar por qué las comunas necesitan otros $8.800 millones, sino demostrar, con información pública y verificable, cómo se distribuirá cada peso y qué destino tendrá. Porque financiar los servicios del interior es una obligación del Estado; garantizar que esos fondos no se conviertan en instrumentos de discrecionalidad política también debería serlo.
