La condena que obliga a la Provincia a pagar más de $55 millones por una mala praxis en el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes reabre una discusión sensible sobre la conducción sanitaria de aquellos años. El hecho que terminó con una joven esterilizada ocurrió en febrero de 2014, período en el que Rossana Chahla estaba al frente del establecimiento.
La actual figura política del oficialismo tucumano dirigió la Maternidad entre noviembre de 2003 y 2015. Ese dato vuelve relevante el contexto institucional del caso: la Justicia no condenó a Chahla ni la señaló personalmente en el expediente, pero sí responsabilizó al Sistema Provincial de Salud por una atención deficiente dentro de un hospital que entonces estaba bajo su conducción.
La resolución judicial consideró que la paciente sufrió una cadena de fallas asistenciales luego de una cesárea, con reingresos reiterados por guardia, síntomas compatibles con una infección puerperal y una respuesta médica que, según el fallo, no fue oportuna ni completa. El desenlace fue irreversible: una histerectomía abdominal total que la dejó sin posibilidad de volver a gestar.
El episodio que derivó en una condena millonaria
El caso se remonta al 1 de febrero de 2014, cuando Daiana Elizabeth López ingresó a la Maternidad con un embarazo de término. Al día siguiente fue sometida a una cesárea y dio a luz a su primer hijo. Luego recibió el alta, pero comenzó a presentar fiebre, dolor abdominal, malestar general y otros síntomas que la llevaron a volver al hospital.
La paciente reingresó por guardia en más de una oportunidad. Según consta en la sentencia, el 5 y el 6 de febrero fue atendida y enviada nuevamente a su casa. El 7 volvió al establecimiento, quedó en observación y luego fue internada. Recién el 9 de febrero se decidió una nueva intervención quirúrgica, en la que se le practicó una histerectomía abdominal total.
Para la Justicia, ese desenlace pudo haberse evitado si el cuadro hubiese sido abordado con la urgencia que requería. El tribunal entendió que la atención no respondió a las buenas prácticas médicas, que no fue completa y que no se trató a tiempo la posible infección puerperal posterior a la cesárea.
La condena original fijó un capital de casi $19,9 millones. Con la actualización de intereses calculada por Fiscalía de Estado, el monto a pagar ascendió a $55.671.507,08. El Poder Ejecutivo autorizó el pago mediante el Decreto N° 1.299/1, con carácter definitivo y cancelatorio.
La responsabilidad del SIPROSA y el rol institucional de la conducción
El punto central del fallo es la responsabilidad estatal. La Cámara en lo Contencioso Administrativo sostuvo que el SIPROSA incurrió en una falta de servicio, es decir, en un funcionamiento irregular o defectuoso del sistema público de salud. Esa responsabilidad fue atribuida al ente autárquico, más allá de que la demanda contra los profesionales médicos involucrados no prosperó en los mismos términos.
La sentencia remarcó que la Maternidad tenía una obligación de seguridad frente a la paciente. Esa obligación no se limitaba al acto médico concreto, sino que incluía el funcionamiento general del servicio, los controles, la respuesta ante los síntomas, la prevención y la organización de la atención.
En ese marco aparece el dato político e institucional: cuando ocurrió el hecho, la directora del Instituto de Maternidad era Rossana Chahla. La propia información oficial del Ministerio de Salud Pública consigna que ocupó ese cargo desde noviembre de 2003 hasta 2015. Incluso publicaciones oficiales de 2014 la mencionaban en funciones como directora del establecimiento.
El fallo no le adjudica una responsabilidad personal a Chahla ni la incluye entre las personas demandadas. Sin embargo, el caso queda asociado a su etapa de gestión porque el daño se produjo dentro del hospital que dirigía y porque la condena apunta al funcionamiento institucional del servicio sanitario.
Un antecedente incómodo para la política sanitaria tucumana
La causa llega a su etapa de pago más de una década después de los hechos. En el medio, Chahla dejó la dirección de la Maternidad, fue ministra de Salud de la Provincia, luego diputada nacional y más tarde intendenta de San Miguel de Tucumán. Ese recorrido político potencia el impacto público de una sentencia que vuelve sobre su paso por uno de los centros asistenciales más importantes del sistema provincial.
El caso también obliga a revisar cómo se controlaban los procesos internos en la Maternidad durante aquellos años. La Justicia puso el foco en los reingresos sucesivos, en la falta de una respuesta urgente ante signos de infección y en la ausencia de un tratamiento oportuno que, de acuerdo con la sentencia, pudo haber evitado la pérdida del útero.
La reparación económica no borra el daño sufrido por la paciente. La joven tenía 22 años cuando ingresó al hospital para tener a su primer hijo y salió de ese proceso con una incapacidad permanente para volver a gestar. Para el tribunal, además del daño físico, hubo un fuerte impacto moral, psíquico y en su proyecto de vida.
La condena deja una pregunta inevitable para el sistema sanitario tucumano: cómo garantizar que la responsabilidad institucional no se diluya con el paso del tiempo. En este caso, la Provincia pagará con fondos públicos por una falla ocurrida en una etapa en la que la Maternidad era conducida por una de las principales referentes políticas de la salud en Tucumán.
