La causa por el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán sumó una nueva derivación institucional. A casi tres semanas del operativo que puso bajo la lupa a Famaillá, a la ruta 157 y a una presunta organización de narcotráfico de gran escala, el expediente volvió a sacudir los pasillos del poder provincial: una empleada de la Legislatura fue desvinculada luego de que trascendiera que mantendría un vínculo con uno de los detenidos.
La mujer, según las versiones conocidas hasta ahora, no aparece imputada ni formalmente mencionada en el expediente judicial. Sin embargo, la sola referencia a una posible relación personal con uno de los acusados habría bastado para encender las alarmas en el edificio legislativo de calle Muñecas al 900. De acuerdo con lo publicado, el vicegobernador Miguel Acevedo habría consultado a una legisladora opositora sobre la veracidad de esa información y, tras recibir una respuesta afirmativa, se habría resuelto cortar el vínculo laboral.
El episodio no modifica, por ahora, el corazón de la investigación penal. Pero sí agrega un ingrediente político a una causa que ya había tenido una primera derivación de ese tipo: Rodrigo “Icha” Chávez, uno de los seis detenidos, fue candidato a concejal de Famaillá en las últimas elecciones. Esa referencia, sumada a la desvinculación de la empleada legislativa, amplió el impacto público de un caso que comenzó como un procedimiento antidrogas y terminó convertido en una investigación federal de alta sensibilidad.
El operativo que expuso una carga millonaria
El caso se inició a comienzos de junio, cuando personal de Gendarmería Nacional interceptó una camioneta Toyota Hilux en la ruta nacional 157, a la altura de Río Seco, en el sur tucumano. El conductor, identificado en la causa como Marcos Nacif, habría dicho que se desplazaba dentro de la provincia, entre Famaillá y Atahona. Sus respuestas, según la información oficial, fueron contradictorias y despertaron sospechas en los efectivos.
Al revisar el vehículo, los gendarmes encontraron bidones con combustible y, detrás de ellos, bolsas de arpillera verdes. En su interior había 449 paquetes con clorhidrato de cocaína. El pesaje posterior confirmó una cifra impactante: 470 kilos 470 gramos de droga. Por disposición del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, la inspección se completó en el Escuadrón Aguilares de la fuerza.
La magnitud del cargamento ubicó al procedimiento entre los decomisos más importantes de cocaína registrados en la provincia. De hecho, fuentes judiciales y periodísticas lo señalaron como el segundo secuestro más relevante en la historia tucumana, sólo por detrás del operativo de 2023 en Burruyacu, cuando se incautaron cerca de 500 kilos ocultos en un camión.
Desde el inicio, los investigadores pusieron el foco en una pregunta central: ¿la droga estaba sólo de paso por Tucumán o la provincia funcionaba como punto de acopio? La hipótesis que ganó fuerza es que el cargamento habría llegado por vía aérea, posiblemente desde otra jurisdicción del NOA, y luego habría sido trasladado por tierra hacia Famaillá. Allí, según esa línea de investigación, una parte podría haber quedado para abastecer redes locales y otra habría sido derivada hacia otros destinos.
El valor estimado de la carga también explica la importancia del caso. La cocaína fue valuada en al menos U$S 2,3 millones, una cifra que refuerza la sospecha de que detrás del traslado no habría una maniobra aislada, sino una estructura con capacidad logística, contactos y recursos para mover grandes volúmenes de droga.
Seis detenidos, una Hilux y la pista de Famaillá
Con el avance de la pesquisa, la causa dejó de concentrarse únicamente en el conductor de la camioneta. La Justicia Federal y Gendarmería comenzaron a reconstruir los movimientos previos al procedimiento y la lista de detenidos se amplió hasta llegar a seis nombres.
Entre ellos aparece Rodrigo “Icha” Chávez, comerciante de Famaillá y ex candidato a concejal. Según los datos publicados, la camioneta en la que se trasladaba la droga figuraría vinculada a él. En el vehículo se habría encontrado documentación a su nombre, además de elementos relacionados con su actividad política. Su defensa, siempre de acuerdo con las versiones difundidas, habría planteado que el rodado había sido entregado como parte de pago antes del operativo.
Otro de los nombres que surgió en el expediente es el de Pablo Abraham Pérez, empresario de Famaillá que se presentó ante la Justicia luego de tomar conocimiento de que pesaba sobre él un pedido de captura. También fueron señalados Matías Díaz, vinculado a la compraventa de vehículos usados, y Enrique Cátulo Santos junto a Fernando Cátulo Chamas. En el caso de estos últimos, la investigación busca establecer qué rol habrían tenido en los movimientos previos y posteriores al traslado de la droga.
Uno de los datos más llamativos de la causa es que, antes del secuestro, la camioneta cargada con los 470 kilos de cocaína habría permanecido casi una hora estacionada en una estación de servicio de Famaillá sin custodia visible. Para los investigadores, ese episodio resulta difícil de explicar por el valor y el volumen del cargamento. La escena plantea interrogantes sobre la confianza interna de la organización, la logística usada para mover la droga y el grado de control que tenían sus responsables sobre cada tramo del recorrido.
A esto se suma otro elemento clave: la camioneta tendría instalado un GPS. La pericia sobre ese dispositivo podría permitir reconstruir la ruta exacta del vehículo, establecer dónde estuvo antes del control y verificar si la hipótesis del ingreso aéreo y posterior traslado terrestre se sostiene con datos técnicos. Para los investigadores, esa información puede ser decisiva para identificar puntos de carga, lugares de encuentro y posibles conexiones con otros actores.
Antecedentes narcos y derivaciones políticas
El secuestro de los 470 kilos no aparece como un hecho aislado en el mapa del narcotráfico tucumano. En los últimos años, la provincia fue consolidándose como un punto de interés para las investigaciones federales por el traslado, acopio y redistribución de cocaína. El antecedente más fuerte es el decomiso de casi 500 kilos registrado en noviembre de 2023 en 7 de Abril, Burruyacu, cuando la droga fue hallada oculta en una tolva transportada por un camión.
Ese caso marcó un precedente por la magnitud de la carga y por la sospecha de que las organizaciones criminales estaban utilizando rutas del norte argentino para mover grandes volúmenes. La causa actual volvió a instalar esa preocupación: Tucumán, por su ubicación geográfica, sus conexiones viales y su cercanía con provincias del NOA, puede funcionar como zona de paso, depósito o distribución.
Otro antecedente que aparece en el análisis judicial y policial es la presunta vinculación de cargamentos con marcas o sellos usados por organizaciones narco. En el caso de Río Seco, se informó que los paquetes tenían el llamado “sello del delfín”, una marca que fue asociada en distintas investigaciones a redes de narcotráfico del norte del país. Esa pista no prueba por sí sola la pertenencia de la droga a una organización determinada, pero orienta a los investigadores sobre posibles conexiones y circuitos de abastecimiento.
También se mencionó la figura de “Pelaín” Nassif, alojado en el penal de Benjamín Paz y acusado en otra causa de proveer sustancias a redes de narcomenudeo del interior tucumano y de Santiago del Estero. Su eventual rol en la trama de los 470 kilos todavía forma parte de las líneas que deben ser verificadas por la Justicia. Por eso, en el expediente conviven hipótesis de tráfico internacional, distribución regional, lavado de activos y vínculos con estructuras locales.
La derivación política, en tanto, abrió otro frente. Primero fue la aparición de Chávez, ex candidato en Famaillá. Ahora, la desvinculación de una empleada legislativa volvió a conectar el caso con el ámbito institucional. Aunque no hay una imputación contra la trabajadora, la decisión muestra el nivel de incomodidad que generó el expediente en la dirigencia tucumana.
La investigación sigue abierta y todavía resta determinar quién financió la operación, quién debía recibir la carga, qué parte de la droga estaba destinada a Tucumán y qué conexiones permitieron mover semejante volumen por rutas provinciales. Mientras esas respuestas se buscan en la Justicia Federal, el caso ya dejó una certeza política: los 470 kilos de cocaína no sólo fueron un golpe al narcotráfico, sino también un cimbronazo para el sistema institucional tucumano.
