Un reciente operativo en el Penal de Villa Urquiza volvió a poner bajo la lupa la vulnerabilidad del sistema penitenciario tucumano. El secuestro de teléfonos móviles utilizados para extorsionar a un interno vinculado a la causa de los 470 kilos de cocaína confirmó lo que muchos sospechaban: el manejo de «telefonía libre» y privilegios indebidos dentro de los pabellones. Ante este escenario, el legislador José Cano alzó la voz para exigir un corte definitivo a la conectividad de los delincuentes.
El allanamiento ordenado por la Justicia desnudó una red de extorsión que operaba con total impunidad desde el interior de las celdas. Según la investigación, los detenidos no solo contaban con dispositivos móviles, sino que gestionaban delitos complejos a través de ellos.
«Es inadmisible que las cárceles funcionen como centros de operaciones del crimen organizado», remarcó Cano. El referente opositor señaló una asimetría alarmante entre la realidad del ciudadano común y la del detenido. «Mientras los vecinos viven con miedo, los delincuentes gozan de privilegios para seguir extorsionando impunemente con la complicidad del Estado», agregó.
Inhibidores de señal y sanciones al personal
Como respuesta a esta crisis de seguridad, el legislador exigió a la Cámara el tratamiento urgente de un proyecto de ley de su autoría que propone restringir drásticamente la comunicación en penales y alcaidías. La iniciativa busca prohibir el uso de telefonía celular e internet para los internos, obligando al Ministerio de Seguridad a la instalación de inhibidores de señal en todos los perímetros carcelarios.
Además de la barrera tecnológica, el proyecto establece un protocolo estricto para el uso de telefonía fija controlada y, fundamentalmente, un régimen de sanciones severas para el personal penitenciario. «Hay que castigar a quienes faciliten estos dispositivos. La seguridad no se negocia», enfatizó Cano, al apuntar a la cadena de responsabilidades que permite el ingreso de tecnología prohibida a las unidades de detención.
