El malestar docente volvió a ocupar el centro de la escena en Tucumán. En menos de 24 horas, dos conflictos distintos dejaron expuesto un mismo clima de tensión: por un lado, ATEP reclamó al Gobierno provincial que la recomposición salarial acompañe la inflación y advirtió que podría avanzar con medidas de fuerza; por otro, los docentes de la Escuela Municipal Petrona Jiménez Campero de Adami, en Yerba Buena, iniciaron un paro por tiempo indeterminado ante la falta de respuestas salariales y administrativas.
Los reclamos tienen orígenes diferentes, pero comparten un diagnóstico común: los educadores denuncian incumplimientos, pérdida de poder adquisitivo y falta de definiciones concretas por parte de las autoridades. En el caso provincial, la discusión gira en torno al porcentaje de aumento que se liquidará con los haberes de junio. En Yerba Buena, el conflicto incluye antigüedad impaga, incentivo docente, conectividad, trámites jubilatorios demorados, trabajadores monotributistas y errores en las liquidaciones.
El escenario marca un punto de alerta para el Gobierno tucumano y para los municipios. La docencia, uno de los sectores más sensibles del Estado, empieza a mostrar señales de agotamiento frente a negociaciones que no logran cerrar la brecha entre los acuerdos firmados y el salario real.
ATEP exige que se cumpla lo pactado
La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales presentó una nota formal ante el Ministerio de Economía para reclamar precisiones sobre el aumento salarial correspondiente a junio. El pedido fue firmado por el secretario general del gremio, Hugo Brito, quien solicitó información concreta sobre el porcentaje que se aplicará, de acuerdo con lo acordado en la mesa de conciliación obligatoria de marzo.
El punto más sensible es la diferencia entre la inflación acumulada y la fórmula que aplicaría el Gobierno. Según el planteo gremial, el incremento debería ubicarse en torno al 8,3% para cubrir los meses de marzo, abril y mayo de 2026. Sin embargo, la Provincia aplicaría un esquema que combina inflación y recaudación, lo que dejaría el aumento por debajo del costo de vida.
Esa fórmula fue defendida por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, quien sostuvo que la recomposición surge de un promedio entre inflación y recursos provinciales. Desde los gremios estatales, en cambio, advierten que el porcentaje final rondaría el 4,98%, frente a una inflación acumulada superior al 8%. La diferencia de más de tres puntos encendió el reclamo docente.
ATEP fue categórica: pidió que el Gobierno se abstenga de aplicar un porcentaje menor al pactado y dejó abierta la posibilidad de avanzar con medidas de acción directa. En términos políticos, el gremio le recordó al Ejecutivo que una paritaria firmada bajo conciliación obligatoria no puede ser reinterpretada unilateralmente a la hora de liquidar los sueldos.
Yerba Buena: paro sin fecha de finalización
Mientras la discusión provincial escala, en Yerba Buena el conflicto ya pasó de la advertencia a la medida de fuerza. Los docentes de la Escuela Municipal Petrona Jiménez Campero de Adami, ubicada sobre avenida Presidente Perón al 2600, iniciaron un paro por tiempo indeterminado y realizaron una protesta frente al establecimiento.
La medida afecta el dictado normal de clases en los tres niveles educativos que funcionan en la institución. Los docentes responsabilizan tanto al municipio, encabezado por Pablo Macchiarola, como al Gobierno provincial, a través del Ministerio del Interior, por la falta de cumplimiento de compromisos asumidos meses atrás.
Entre los reclamos figuran el pago de la antigüedad, el incentivo docente y el adicional por conectividad. También cuestionan que todavía haya trabajadores bajo la modalidad de monotributo y denuncian diferencias salariales importantes por errores en la liquidación de haberes.
La delegada sindical del nivel primario, Marcela Brizuela, explicó que el conflicto lleva más de un año sin resolverse. Según planteó, los trabajadores fueron reconocidos formalmente como docentes municipales, pero aún persisten irregularidades en sus condiciones laborales. También señaló que hay docentes en condiciones de jubilarse que no pueden completar sus trámites por diferencias en los aportes reconocidos.
La protesta cuenta con el acompañamiento del Sindicato de Empleados Municipales de Yerba Buena. Los docentes aseguran, además, que tienen respaldo de las familias, que conocen de cerca la situación laboral del personal de la escuela.
Un frente educativo que se recalienta
Los dos conflictos muestran que la tensión docente en Tucumán ya no se limita a una negociación salarial aislada. En el plano provincial, ATEP advierte que no aceptará una recomposición inferior a la inflación comprometida. En Yerba Buena, los trabajadores directamente paralizaron las actividades hasta obtener respuestas concretas.
El denominador común es la pérdida de confianza. Los gremios y delegados cuestionan que los acuerdos no se traduzcan en mejoras efectivas en los recibos de sueldo. También remarcan que la demora en resolver trámites administrativos termina impactando sobre derechos básicos: salario, antigüedad, jubilación y estabilidad laboral.
Para el Gobierno provincial, el conflicto docente aparece en un momento delicado. La decisión de atar los aumentos a una combinación entre inflación y recaudación puede ordenar las cuentas públicas, pero abre un frente con los estatales si el resultado final queda por debajo del costo de vida. En el caso de los educadores, esa diferencia se convierte rápidamente en una amenaza de paro.
Yerba Buena, en tanto, exhibe otra cara del mismo problema: docentes que ya fueron reconocidos institucionalmente, pero que denuncian que ese reconocimiento no se completó en términos salariales y previsionales. La falta de respuestas concretas llevó el reclamo a la calle y dejó sin clases a una comunidad educativa completa.
La docencia tucumana vuelve así a quedar en pie de lucha. Con ATEP presionando por la paritaria provincial y con una escuela municipal paralizada por tiempo indeterminado, el sistema educativo entra en una etapa de incertidumbre. La respuesta de las autoridades será clave para evitar que el malestar se transforme en un conflicto más amplio al regreso de las aulas.
