El proyecto de Presupuesto 2027 que el gobernador Osvaldo Jaldo envió a la Legislatura tucumana contiene una disposición que podría abrir un nuevo frente de discusión entre los poderes del Estado. Se trata del artículo 29, incorporado este año, que pretende establecer límites a las modificaciones presupuestarias que realizan los organismos descentralizados, autárquicos y los poderes Legislativo y Judicial.
La iniciativa, que ingresó a la Cámara el pasado 28 de octubre con las firmas de Jaldo y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, contempla gastos por $7,35 billones y un superávit fiscal estimado en $304,5 millones. Aunque mantiene buena parte de la estructura de presupuestos anteriores, la incorporación de esta cláusula despertó interpretaciones políticas sobre un posible avance del Ejecutivo en decisiones que tradicionalmente corresponden a las autoridades de cada poder.
Un artículo que pone bajo la lupa la autonomía de los otros poderes
La controversia gira alrededor del artículo 29, que establece que las modificaciones presupuestarias dispuestas por las autoridades de los organismos descentralizados y autárquicos, así como de los poderes Legislativo y Judicial, deberán ajustarse a los lineamientos de la ley de presupuesto y sus normas concordantes.
La redacción reconoce expresamente las competencias propias de cada organismo, pero introduce una condición que algunos legisladores interpretan como una herramienta para restringir su capacidad de administrar y reorganizar los recursos asignados.
En ámbitos legislativos, la medida fue interpretada como una intención de mantener más «atados» a los otros poderes del Estado. El planteo abre un interrogante sobre el alcance real de la disposición: si simplemente reafirma la obligación de respetar las normas presupuestarias vigentes o si habilita nuevas restricciones sobre decisiones financieras que corresponden a instituciones con autonomía funcional.
La diferencia no es menor. La administración de los recursos públicos debe someterse a reglas de transparencia y control, pero esas exigencias también deben respetar las competencias y la independencia institucional de cada poder.
Por el momento, el artículo no fue objeto de cuestionamientos formales en la comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por Carlos Gallia, debido a que todavía no comenzó el tratamiento de la iniciativa. Se prevé que el debate legislativo avance hacia fines de noviembre.
Un antecedente que terminó con una corrección al Ejecutivo
El intento de establecer condiciones sobre los recursos de otros poderes no es nuevo. Durante el tratamiento del presupuesto anterior, el Ejecutivo había propuesto que las transferencias mensuales a la Legislatura, la Justicia y distintos organismos de control quedaran condicionadas a la recaudación efectiva de Rentas Generales.
Aquella disposición generó reparos durante el análisis parlamentario y terminó siendo modificada. Finalmente, la Ley 9.942 estableció que las transferencias correspondientes a los poderes Legislativo y Judicial, los ministerios Fiscal, Pupilar y de la Defensa, y los tribunales de Cuentas y Fiscal debían concretarse conforme a las disposiciones legales vigentes, sin incorporar el condicionamiento originalmente planteado.
Ese antecedente podría adquirir relevancia durante la discusión del nuevo artículo 29, ya que demuestra que la Legislatura intervino anteriormente para preservar las condiciones legales de financiamiento de los demás poderes.
A esto se suma otra disposición incorporada desde el Presupuesto 2025, que establece que los fondos no ejecutados o devengados que permanezcan en las cuentas bancarias de otros poderes y organismos autárquicos al finalizar el ejercicio sean considerados excedentes financieros y se incorporen como recursos remanentes para el período siguiente.
La aplicación de este mecanismo también generó tensiones inicialmente, aunque terminó consolidándose en los proyectos presupuestarios posteriores y vuelve a figurar en la iniciativa correspondiente a 2027.
El debate de fondo: control del gasto o concentración de poder
Más allá de la discusión técnica, el nuevo artículo vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión institucional sensible: hasta dónde puede avanzar el Poder Ejecutivo en la regulación del manejo presupuestario de los otros poderes del Estado.
Desde la perspectiva de la administración provincial, la necesidad de coordinar las políticas de gasto y garantizar el equilibrio fiscal puede justificar la incorporación de reglas generales que alcancen a todos los organismos financiados con recursos públicos. Sin embargo, una cosa es establecer criterios comunes de responsabilidad presupuestaria y otra diferente sería condicionar decisiones que corresponden legalmente a autoridades independientes.
El alcance concreto de la disposición dependerá tanto de su redacción definitiva como de su interpretación y aplicación. Por eso, durante el tratamiento legislativo será fundamental determinar qué modificaciones quedarían efectivamente limitadas, cuáles serían las facultades de control y si el nuevo esquema altera atribuciones actualmente reconocidas a los otros poderes.
El proyecto todavía debe atravesar el debate parlamentario y puede sufrir modificaciones, tal como ocurrió con disposiciones similares en ejercicios anteriores.
La discusión excede los números del Presupuesto 2027. Lo que está en juego es el equilibrio entre la responsabilidad fiscal, el control de los recursos públicos y la autonomía de las instituciones. El Gobierno busca establecer nuevas reglas, pero será la Legislatura la que deba definir si esas condiciones contribuyen a ordenar las finanzas provinciales o representan una intromisión en las facultades de los otros poderes del Estado.
