La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) consiguió una victoria judicial en medio de una interna que ya trascendió ampliamente la discusión electoral. El juez en lo Civil y Comercial Común de la XIII Nominación, Raúl Tejerizo, rechazó el amparo presentado por la camarista Malvina Seguí y dispuso levantar la medida cautelar que mantenía suspendidas las elecciones previstas originalmente para el 3 de diciembre. La sentencia, firmada el 10 de noviembre, respalda la interpretación estatutaria defendida por la conducción que encabeza Marcela Ruiz y permite que alrededor de 50 funcionarios judiciales incorporados como socios adherentes puedan participar del proceso electoral.
Sin embargo, el pronunciamiento está lejos de representar el cierre definitivo de una controversia que expuso enfrentamientos entre magistrados, recusaciones, cuestionamientos a las reglas electorales y una serie de reclamos por la administración económica de la asociación. Porque mientras la conducción celebra una resolución favorable en el terreno electoral, todavía deberá afrontar las discusiones judiciales vinculadas con sus balances y el manejo de los recursos institucionales.
Una disputa por 50 votos que terminó enfrentando a los jueces
El eje del conflicto parece una simple cuestión de fechas, pero sus consecuencias pueden resultar determinantes para el futuro de la entidad. Seguí, patrocinada por el abogado Eduardo Racedo, sostenía que los funcionarios incorporados como socios adherentes no podían votar ni integrar listas porque la modificación estatutaria recién adquirió vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, el 31 de octubre de 2025. Bajo esa interpretación, ninguno alcanzaría los cuatro años de antigüedad exigidos antes de 2029.
Tejerizo rechazó ese argumento. Consideró que la reforma aprobada en la asamblea del 5 de noviembre de 2021 estableció una regla específica que habilitaba la incorporación de los funcionarios desde aquella fecha, independientemente de la publicación posterior. Para fundamentarlo, recurrió al Código Civil y Comercial y a la propia conducta institucional de la AMT, que durante años aceptó cuotas sociales, permitió la participación de estos funcionarios y los incorporó a registros asociativos.
El magistrado también destacó que en una asamblea celebrada el 23 de abril de 2026 se reconoció el derecho a voz y voto de los adherentes que reunían cuatro años de antigüedad, sin que se formularan impugnaciones en esa oportunidad. En consecuencia, entendió que excluirlos ahora implicaría desconocer decisiones previamente adoptadas por la propia asociación y restringir injustificadamente sus derechos de participación.
La sentencia llegó después de una audiencia privada de conciliación realizada el 6 de noviembre, que terminó sin acuerdo, y de un pedido de pronto despacho presentado por Seguí. La camarista había cuestionado la falta de una resolución definitiva y sostuvo que las reglas electorales no podían ser objeto de negociaciones.
Un fallo favorable a Ruiz que todavía puede ser apelado
La decisión representa un respaldo importante para la conducción de Marcela Ruiz, pero no necesariamente la última palabra de la Justicia. Apenas doce días antes de esta sentencia, las camaristas Florencia Natalia Presti y María Soledad Monteros habían ordenado suspender los comicios mediante una resolución cautelar, al considerar que permitir la participación de funcionarios cuya habilitación estaba discutida podía ocasionar un perjuicio irreparable al cuerpo electoral.
Ahora, con la sentencia de fondo de Tejerizo, aquella suspensión quedó levantada en primera instancia. La posibilidad de una apelación abre un nuevo capítulo en una controversia que también estuvo marcada por apartamientos y recusaciones de magistrados, incluida la intervención del camarista Benjamín Moisá para evitar que la sucesión de inhibiciones comprometiera la administración de justicia.
La situación deja una imagen institucional incómoda: integrantes del propio Poder Judicial enfrentados en los tribunales por la interpretación de las reglas democráticas de su asociación. Una discusión que, más allá de sus fundamentos jurídicos, pone en evidencia la profundidad de las diferencias internas.
La resolución tampoco significa que la elección vaya a celebrarse necesariamente el 3 de diciembre. El levantamiento de la cautelar despeja el impedimento judicial vigente en primera instancia, pero la definición del calendario y las eventuales consecuencias de nuevos recursos todavía deben determinarse.
Las elecciones se destraban, pero las cuentas siguen bajo cuestionamiento
La controversia electoral constituye apenas uno de los frentes abiertos para la actual conducción. En otro expediente, impulsado por la jueza Ana María Iacono, se cuestiona judicialmente la validez de la asamblea que aprobó el balance correspondiente a 2025. Esa causa derivó en una inspección encabezada por la magistrada Inés Yamuss, durante la cual se examinaron registros contables y documentación bancaria de la entidad.
Entre las irregularidades señaladas en ese procedimiento aparecen libros bancarios sin completar desde 2017, registros contables informales y comprobantes de gastos gastronómicos por aproximadamente seis millones de pesos. Se trata de observaciones y cuestionamientos que deben ser evaluados en el correspondiente proceso judicial, sin que pueda darse por acreditada una responsabilidad administrativa o penal a partir de su sola existencia.
La propia AMT recusó a Yamuss por circunstancias vinculadas con un intercambio de mensajes de WhatsApp relacionado con una medida judicial. La magistrada rechazó el planteo, cuya resolución quedó sometida a una instancia superior.
A estos cuestionamientos se sumaron los del juez penal Gonzalo Ortega, quien reclamó explicaciones sobre el ejercicio económico 2024, incluidos gastos por 22,7 millones de pesos en cafetería y el manejo de fondos durante un período de acefalía institucional. Ortega terminó manifestando públicamente su disconformidad con la conducción y cuestionó la utilización de recursos en gastos que consideró destinados a beneficiar a unos pocos.
Marcela Ruiz, por su parte, rechazó las críticas a su gestión y atribuyó las denuncias a una disputa interna destinada a debilitar la representación de la magistratura.
La paradoja es evidente: mientras una parte de los magistrados discute quiénes tienen derecho a votar, otra reclama conocer con precisión cómo se administró el dinero de la asociación. Son conflictos jurídicamente diferentes, pero ambos inciden en la confianza institucional.
Tejerizo resolvió una controversia electoral y su sentencia favorece a la actual conducción. No obstante, ese pronunciamiento no constituye una validación de los balances cuestionados ni responde a los reclamos contables que tramitan por separado.
La AMT podrá avanzar hacia una elección si no aparecen nuevos obstáculos judiciales, pero recuperar la tranquilidad institucional exigirá algo más que definir un padrón. También requerirá dar respuestas documentadas y verificables sobre la administración de sus recursos. Porque una entidad integrada por quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia debería ser especialmente rigurosa cuando le toca rendir cuentas sobre sus propias decisiones.
